INFORME NACIONAL sobre Seguridad Social
URUGUAY
SAN PABLO, BRASIL
1 AL 3 DE SETIEMBRE DE 2003
1 CONTEXTO GENERAL Y DE AMERICA LATINA *
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 LA GLOBALIZACIÓN
1.3 NEOLIBERALISMO
1.4 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN Y EN EL MERCOSUR
2 SITUACIÓN NACIONAL
2.1 MARCO GENERAL, ECONÓMICO, SOCIAL Y LABORAL.
2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
2.3 ORÍGENES DE LA REFORMA ESTRUCTURAL EN URUGUAY
2.4 INDICADORES DE LAS AFAP´s.
3 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA.
3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA.
3.2 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.
3.3 AFAPs y ASEGURADORAS.
4 REGÍMENES DE PRESTACIONES EN URUGUAY
4.1 INTRODUCCIÓN.
4.2 EL LLAMADO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN .
4.3 RÉGIMEN MIXTO, NIVEL DE SOLIDARIDAD.
4.4 MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE EXIGIBILIDAD.
4.5 MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LAS PRESTACIONES.
4.6 MODIFICACIONES EN MATERIA LABORAL.
4.7 MODIFICACIONES EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO.
4.8 CARACTERISTICAS GENERALES DEL NUEVO SISTEMA MIXTO.
4.9 CUOTA MUTUAL DE ASISTENCIA MÉDICA PARA JUBILADOS.
5 EVALUACIONES SOBRE LA LEY 16.713.
5.1 ¿CÓMO SE SANCIONÓ ESTA LEY?
5.2 COMPARACIÓN DEL NUEVO SISTEMA CON EL
5.2 ANTERIOR EN JUBILACIONES Y PENSIONES.
5.3 CANTIDAD DE PASIVIDADES SERVIDAS POR EL B.P.S.
5.4 RESPECTO A LOS MONTOS DE LAS PASIVIDADES DEL B.P.S.
5.5 FINANCIAMIENTO DEL B.P.S.
5.6 LAS TRANSFERENCIAS A LAS AFAP´s.
5.7 LA CAÍDA DE LOS COTIZANTES AL B.P.S.
5.8 LA REBAJA DE LOS APORTES PATRONALES.
5.9 EVOLUCIÓN DE LOS COTIZANTES A LAS AFAPs.
5.10 EVOLUCIÓN DE LAS COMISIONES QUE COBRAN LAS AFAPs.
5.11 CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE LAS AFAPs.
5.12 FONDO DE AHORRO PREVISIONAL (FAP)
5.13 INVERSIONES DE LAS AFAPs.
5.14 RENTABILIDAD DEL FAP
5.15 LA INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA.
5.16 EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.
5.17 CONCLUSIONES SOBRE AFAPs
6 MOVIMIENTO SINDICAL
6.1 ALGO DE HISTORIA.
6.2 TRES ETAPAS POST DICTADURA EN LAS CONCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MOVIMIENTO SINDICAL
6.3 ESTRUCTURA E INTERRELACIONAMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL
6.4 COMPROMISO Y PERSPECTIVAS.
7 PERSPECTIVAS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.
7.1 PERSPECTIVAS.
7.2 LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN HACIA LOS CAMBIOS.
7.3 PROPUESTA ALTERNATIVA.
7.4 PROPUESTAS Y PROYECTOS DE LEY DE APLICACIÓN INMEDIATA.
7.5 CONCLUSIONES
8 Anexo - MUJER Y SEGURIDAD SOCIAL
Las políticas sociales, en particular las de seguridad social, deben ser evaluadas en un contexto más general que implica atender las relaciones económicas, sociales, políticas y demográficas donde se desarrollan.
La 89°.Conferencia tripartita de OIT en su 3ª. Conclusión relativa a Seguridad Social establece: " La seguridad social administrada correctamente aumenta la productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y unas políticas de mercado laboral activas es un instrumento para el desarrollo económico sostenible. Facilita los cambios estructurales y tecnológicos que requieren una fuerza laboral adaptable y móvil. Cabe señalar que la seguridad social, aunque represente un costo para las empresas, es también una inversión en las personas o un apoyo a las mismas. Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la seguridad social es más necesaria que nunca.
La Seguridad Social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social. Forma parte indispensable de la política social de los gobiernos y es una herramienta importante para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad nacional y la distribución justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social. También es importante para la integración política, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia."
Y según informó el Director General Juan Somavía a la 91ª. Conferencia anual de OIT ante la realidad de que 3 mil millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios y mil millones con menos de 1 dólar diario, alertó que el objetivo de Naciones Unidas de reducir la pobreza a la mitad hacia el 2015, "fracasará, a menos que los gobiernos asuman responsablemente el desafío de generar nuevos y más empleos decentes", ante lo cual se torna imprescindible la participación en la "Campaña mundial por la Seguridad Social y la cobertura para todos" lanzada en dicha Conferencia.
La Globalización o Mundialización es un ciclo histórico que puede calificarse como una segunda revolución capitalista caracterizada por esta dinámica globalizadora y por la revolución de la información, inaugurada temporalmente con la caída del muro de Berlín (noviembre 1989) y la invención de la World Wide Web (www) el mismo año, por la liberalización de los movimientos de capitales en Europa desde enero de 1990, por la desaparición de la Unión Soviética (diciembre 1991). Continuado en febrero de 1993 al iniciarse la Cumbre de Davos, el Foro Económico Mundial que hizo decir a su organizador Klaus Schwab esta definición: "En Davos el pensamiento global es el dominante. No es, por ejemplo, el caso de la ONU, donde se expresan las diferentes mentalidades nacionales. Aquí se piensa en términos globales". Posteriormente en 1994 el acuerdo de la Ronda Uruguay fue firmado en Marrakech dando origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC), hito de la mundialización.
"La mundialización es más que la extensión a nivel mundial de las nuevas tecnologías, de la producción industrial y de las comunicaciones. Prácticamente todas las economías están vinculadas unas a otras, pero ello no significa que todas las economías se estén encaminando hacia una condición de integración igualitaria, definitiva y universal. De hecho la mundialización puede acentuar el desequilibrio de la evolución, por ejemplo, aumentando la dependencia de un país en desarrollo del capital procedente de ciertos países industrializados. La mundialización no conduce a la homogeneidad. Son en efecto, las diferencias entre lugares, naciones y regiones lo que atrae al capital o a la producción a un sitio u otro (...) La mundialización está asociada a empresas multinacionales desarraigadas que dan prioridad a las ganancias (valor del accionista) a expensas de los costes sociales y de la lealtad nacional."
Los efectos de las crisis de Rusia, México, Asia, Brasil, Argentina y recientemente Uruguay, son un ejemplo claro de la mundialización. Para Uruguay, la crisis Argentina no sólo tiene efectos en su dependiente comercio exterior y el turismo, sino también en una brusca caída de sus reservas internacionales en los primeros 7 meses de 2002, en la pérdida para los trabajadores de casi un 40% del fondo de capitalización individual previsional, acumulado en 6 años en los mismos 7 meses, en el récord de desocupación, el aumento de la pobreza, informalidad y precariedad laboral, en la caída del PBI y aumento de la deuda externa que casi lo equipara. Uruguay accede en 1997 a la calificación de "investment grade" y para ello, una de sus principales razones, es la reforma de la seguridad social realizada. A principios de 2002, dicha calificación es retirada, principalmente por el déficit fiscal causado sustancialmente por la misma reforma. Otro ejemplo, reciente en la región, fue la brusca caída de los fondos previsionales en Chile por las inversiones en compañías eléctricas españolas.
Hablando de la economía política de la protección social, el Secretario General de ONU, afirma categóricamente: "Los que critican la protección social aduciendo motivos económicos sostienen que tiene efectos negativos en el rendimiento económico general, sea porque es demasiado cara, sea porque obstaculiza los cambios estructurales. Sin embargo, se ha constatado que este enfoque es miope y superficial. Como lo demuestra la experiencia de los países que han tenido éxito en las esferas económica, política y social; el desarrollo económico y la protección social se refuerzan mutuamente y , en esencia, son elementos del mismo paradigma."
El mismo Informe citado del Secretario General de ONU señala que dentro de los objetivos de la protección social a corto plazo está la "mitigación de los trastornos económicos y sociales provocados por la liberalización económica". Más adelante en el mismo Informe destaca: "En muchos países en proceso de transición (y en algunos países en desarrollo de ingresos medianos) (…) la adopción precipitada de un modelo neoliberal de las funciones y responsabilidades del Estado en muchas ocasiones ha privado a grandes grupos humanos de estructuras institucionales eficaces que ofrezcan protección social y programas sociales más amplios. Independientemente de las razones económicas de tales transformaciones, es absolutamente necesario garantizar que durante el proceso de transición no desaparezca la protección social, ni siquiera temporalmente."
En sus orígenes puede hablarse de los conceptos de liberalismo político y de liberalismo económico.
El liberalismo político, no sólo hace de la tolerancia intelectual (...) una cuestión de principios, sino que puede tener y de hecho en muchos momentos y países ha tenido y tiene un componente social, al servicio del cual admite, dentro de ciertos límites, la intervención del Estado.
El liberalismo económico, a partir de los postulados de la economía clásica, hace de la libertad individual, en todos los planos, pero especialmente en el económico, una especie de dogma. Por consiguiente, se opone (...) a las políticas que, con el propósito de mejorar la situación de las personas y grupos económicamente menos favorecidos y lograr el bienestar general, se aplican a corregir los efectos socialmente indeseables del funcionamiento del mercado. Tales políticas, tuvieron especial predicamento en el siglo XIX, en Gran Bretaña con la Escuela de Manchester.
La conquista de la libertad sindical y el trabajoso surgimiento y desarrollo de la legislación laboral y social fueron posibles gracias al desmoronamiento progresivo del liberalismo económico.
Sin embargo, en tanto que concepción del mundo y de la vida (...), el liberalismo en trance de desaparecer, siempre resurge renovando su fachada. Entra a matizar su posición en la segunda mitad del siglo XIX y con Stuart Mill, llega a admitir que puede ser aceptable la intervención del Estado.
Al resumir los rasgos que caracterizan este nuevo brote del viejo tronco, llamado ahora neoliberalismo, se verá que su principal singularidad actual es que su objetivo es combatir el dirigismo y lograr la desintegración del sistema que ha dado en llamarse del Estado del bienestar.
Su origen puede ubicarse en 1938, en un coloquio celebrado en París que reúne a distinguidos economistas a partir de la obra de W. Lipmann. Entre ellos se destaca, Frederich Von Hayek, con su obra "Camino de Servidumbre" (1946). Lo esencial de Hayek coincide con Adam Smith (1776), al afirmar que en un mercado libre los empresarios, al perseguir individualmente su propio provecho, adoptarán las decisiones económicamente más convenientes para los consumidores –con lo que retoma la idea de la mano invisible-, pero además niega explícitamente la idoneidad de cualquier autoridad que pretenda sustituirlos y, denuncia el peligro que para la libertad y la dignidad humanas, entrañan el dirigismo y la planificación de la economía.
Reclaman que el Estado se limite a fijar reglas coherentes y estables que aseguren las condiciones apropiadas para la libre acción de los agentes privados; reclaman la desregulación de la economía, así como la restitución al sector privado de las empresas estatizadas y son hostiles tanto a las interferencias de la legislación como a las acciones colectivas: desregulación de las relaciones individuales, negociación individual de las condiciones de trabajo, regulación para obstaculizar la concertación y la negociación colectiva y desde luego a dificultar o impedir las huelgas. Se identifica con el movimiento neoconservador.
En la década del 90´se produce un resurgimiento de los procesos de integración como son la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe y el nacimiento de nuevos procesos como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el NAFTA. En esta situación, EE.UU. redefine su relación con América Latina, en confrontación con los restantes bloques regionales del mundo, en particular con la Unión Europea. La UE lentamente extiende su influencia y en particular, con la masiva participación de empresas europeas en las privatizaciones de América del Sur.
El Tratado de Asunción, origen del Mercosur (26/3/1991) en su art. 1°. establece que el Mercado Común del Sur implica entre otras muchas cosas "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países". Esto es, que un proceso de integración que aspira a ser un mercado común tiene como objetivo entre otros, la apertura de las fronteras para el traslado de capitales, bienes, servicios y personas.,
En lo que tiene que ver con la libre circulación de trabajadores, razones éticas y sociales imponen un trato específico de dichos aspectos. Se trata de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de los países de la región y de sus familias lo que está en juego.
Es indudable que en las actuales circunstancias y políticas imperantes, el traslado de personas, de trabajadores de un país a otro genera una situación de pérdida de la seguridad a la que hace referencia el concepto precedentemente mencionado y respecto de lo cual debe existir preocupación especial a efectos de conseguir la más adecuada protección posible.
Por otra parte al no existir en todos los países la misma concepción ni realidades en regímenes, períodos de residencia, de cotización, períodos de trabajo, exigencias probatorias, nivel de prestaciones, el problema se agrava.
El intrincado y heterogéneo panorama es necesario abordarlo con mentalidad abierta y realista, fundamentalmente por estas razones:
-por eficiencia dado que la acumulación y repetición de derechos originaría un verdadero derroche de fondos de Seguridad Social,
-porque ocasionaría pérdida de derechos sociales, negando el concepto de seguridad social
para favorecer y no obstaculizar el libre desplazamiento de las personas en general y de los trabajadores en particular.
No obstante estas apreciaciones, y para una visualización general, podemos afirmar que en el 2002 puede considerarse que se ha enlentecido la ola neoliberal. En América Latina, no se han aprobado nuevas leyes de privatizacón por capitalización individual en seguridad social y la ola de privatizaciones en otros sectores, también está enlentecida. Por ej., " en Ecuador, Paraguay y Perú, los proyectos previstos (de privatización) fueron suspendidos por completo, mientras que en otros países, las subastas despiertan cada vez menos interés de los inversionistas", dice CEPAL en Estudio 2002.
En los últimos años, en la otra región donde este modelo se implantó (Europa Central y del Este), este proceso se ha detenido, reformas aprobadas no se están implementando y algunas están rechazadas. Entre otras razones por la necesaria reducción del déficit fiscal para ingresar a la Comunidad Europea, por la sensibilización ante los fracasos de gobiernos y pueblos. A nivel mundial, en Europa Occidental y otros países desarrollados, se reafirman los sistemas públicos solidarios con reformas no estructurales, realizadas con gradualidad, progresividad y fuerte consenso. Es el caso de la reafirmación en el 2001 con el gobierno de Aznar del Pacto de Toledo en España, las reformas en Alemania, Suecia, Italia.
En Nueva Zelanda, en 1997, el 92% de la población rechazó el modelo de privatización por capitalización individual..
En diciembre de 1994, en la Cumbre de las Américas realizada en Miami, EE.UU., con el objetivo de una estrategia global económico – comercial, política, social, propone establecer un Area de Libre Comercio de las Américas, dando nacimiento al ALCA, proceso que se establece culminar en el 2005. Proceso que se inscribe en el marco de la progresiva globalización de la economía mundial y que causará seguramente, transformaciones importantes en la región; deberá ser considerado en relación a la protección social, en un proceso poco democrático y transparente de implementación, planteado como "zona de libre comercio" y no de integración, que vendrá seguramente acompañada de desregulación, reducción de costos laborales y de derechos sociales; crecimiento del endeudamiento y dependencia exterior, además del enorme poder transnacional que puede pesar sobre las instituciones e incluso también sobre las normas nacionales y regionales.
La aceleración de la apertura comercial a partir de 1990, produjo un contexto en que la dinámica de la economía uruguaya se asoció claramente a su inserción comercial en la región, lo que implicó ventajas hasta 1998 e inconvenientes desde esa fecha.
Uruguay creció mientras uno de los dos socios (Argentina – Brasil)crecía y ejercía por lo tanto como motor de la dinámica productiva uruguaya. Durante la primera mitad de los noventa, hasta 1994 se asocian la dinámica del mercado interno y la dinámica de las exportaciones hacia Argentina como motores de la expansión económica. La recesión de este país en 1995 implica también un freno para la economía uruguaya. En 1996 se recupera el crecimiento al influjo de la demanda brasileña, en la que se sienten vigorosamente los efectos reactivadores del plan real. Durante 1998 se enlentece la dinámica regional, y comienzan a aparecer los problemas que conducen a que el plan antiinflacionario brasileño cambie de orientación en 1999. Como resultado de la flotación del real Uruguay pierde competitividad además de la reducción de la demanda originada en la recesión regional.
Por lo tanto, en línea con la situación de Argentina, Uruguay ha experimentado tasas elevadas de crecimiento económico en buena parte de la década de los noventa. Luego de una década de crecimiento nulo, la llamada "década perdida" de los ochenta, la tasa de crecimiento del PBI real alcanza un promedio del 3% anual entre 1991 y 1999, con un incremento promedio de casi 4% anual en el período 1994-98. El PBI alcanzó un valor de 20.240 millones de dólares corrientes en el año 2000, lo que implica que el PBI por habitante se ubica en torno a unos US$ 6.000.
Los servicios ocupan una posición mayoritaria dentro de la estructura económica uruguaya. El sector terciario participaba con el 50% del PBI en 1990, aumentando a 56% en el año 1999. Este sector fue el más dinámico de la década, con un incremento de 4.8% anual, impulsado principalmente por los rubros de turismo y transporte. La industria manufacturera, sector tradicionalmente importante en esta economía, reduce su participación en el PBI desde 26 a 18% entre 1990-99. Este sector presenta una tasa negativa en la primera mitad de la década, entre 1995 y 1998 sus niveles de actividad aumentan considerablemente, para luego caer hasta niveles similares a los iniciales. Como resultado, el volumen de producción industrial uruguaya en el año 2000 es prácticamente equivalente al de 1988. Finalmente el sector agrícola participa con un 11% del PIB total, y esta participación no se modifica hasta 1999. El crecimiento de este sector equivale al 3% promedio anual real en todo el período.
Luego de los recurrentes desequilibrios macroeconómicos que pautaron un nulo crecimiento económico en los años ochenta, la política económica se concentró en estabilizar la economía uruguaya en los noventa. La tasa inflacionaria que había llegado a 130% anual en 1990, se redujo gradualmente hasta llegar a un valor mínimo de 4% en 1999. El déficit fiscal se controló entre 1994 y 1998, llegando a 0.9% del PBI en este último año, pero vuelve a crecer hasta cerca de un 4% en 1999 y 2000. A comienzos de la década se registraban saldos positivos en la cuenta corriente de la balanza de pagos, para luego ingresar a un período de continuados saldos deficitarios, pero sin que éstos superen el 3% del PBI. Las reservas internacionales comienzan a incrementarse en forma sostenida desde 1993, duplicándose hasta 1999, año que en alcanzan el valor de US$ 2,440 millones. Este nivel continúa aumentando en los años 2000 y 2001, con el objetivo de sostener la confianza de los mercados financieros internacionales.
La contracara del comentado incremento de las reservas, en un contexto de continuos déficits en la cuenta corriente, es el incremento de la deuda externa. El problema del país no pareció encontrarse en el acceso a los recursos, sino en cómo los mismos se canalizan hacia proyectos de inversión socialmente rentables que impulsen el desarrollo económico. La clave de la cuestión parece ser cómo se logra que alguna parte significativa de estos fondos se canalice hacia actividades productivas que generen empleos estables y bien remunerados.
El incremento del tamaño del endeudamiento no aparece como un problema serio hasta el año 2000, pero sus proyecciones son muy preocupantes. Considerando:
que se incrementa el tamaño de la deuda bruta y neta, en especial de la pública, para financiar un déficit fiscal que alcanza al 4% en 2001 por tercer año consecutivo,
que las perspectivas de recuperar el nivel de actividad en 2002 son muy poco optimistas, y que si hay mejoras no se darán rápidamente, que viene aumentando el ritmo de devaluación y que esta política se continuará aplicando en los próximos dos años,
es muy posible pensar en proyecciones de la relación deuda/PBI que implican que este ratio crezca en unos dos años a niveles insostenibles. Este incremento del peso de la deuda ha implicado un aumento importante del pago de intereses según los registros de la balanza de pagos.
La capacidad de generación de empleos es uno de los problemas clave de la economía uruguaya en la actualidad. Parece haberse generado un "núcleo duro" de desempleo en la segunda mitad de los noventa, lo que implica que aún en períodos de crecimiento económico, los incrementos de empleo no alcanzan a recuperar los puestos de trabajo perdidos durante las fases recesivas. En promedio en el año 2000 la tasa de desempleo abierto alcanzaba el 13,6%, mientras que el subempleo, el empleo precario e informal sumados al desempleo indican que la mitad de PEA tiene problemas de inserción laboral. En el segundo trimestre del año 2001 la tasa de desempleo alcanzó un valor de 16%. Adicionalmente, existe a nivel de la sociedad una preocupación muy importante por el problema de la emigración, cuyo nivel podría estar alcanzando valores similares a la tasa de crecimiento vegetativo de la población.
Cuadro 1 - Problemas de empleo y exclusión de la seguridad social. En miles
| Año | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Desempleados sin seguro * | 75.3 | 86.3 | 98.4 | 119.3 | 115.5 | 105.9 | 114.6 |
| Asalariados privados precarios ** | 136.4 | 140.1 | 144.5 | 143.2 | 150.8 | 157.1 | 151.3 |
| Servicio doméstico precarios ** | 56.2 | 57.0 | 57.7 | 57.4 | 58.9 | 64.9 | 61.5 |
| Cuenta propias s/ local *** | 55.8 | 55.8 | 58.5 | 56.6 | 59.1 | 65.4 | 68.3 |
| Cuenta propias c/ local *** | 82.3 | 88.6 | 89.2 | 89.8 | 91.6 | 94.4 | 99.9 |
| TOTAL | 406.1 | 427.7 | 448.3 | 466.3 | 475.9 | 487.6 | 495.6 |
| % sobre Pea | 37.2 | 37.7 | 38.6 | 40.3 | 41.1 | 39.8 | 40.6 |
Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH
*desempleados no beneficiarios del seguro de desempleo del BPS
**precarios solamente por no cobertura de seguridad social
***informales y subempleados sin seguridad social. Se excluye a profesionales y directivos.
Recientemente, el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (IDTSS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República , emite una Declaración donde expresa "la honda preocupación de los docentes e investigadores que la integran, a causa del descaecimiento que padecen en la práctica de las relaciones laborales, los derechos y garantías constitucionales y legales que amparan el trabajo". Seguidamente ejemplifican en 3 casos esta situación: la desnaturalización de los convenios colectivos (N. de R.: además de la notoria caída en la década de trabajadores protegidos a la quinta parte, según estudios periódicos de la Universidad Católica); así como "el fraude a la legislación laboral y de previsión social configurado por la creación de pseudo empresas unipersonales y de aparentes cooperativas de producción".
El aumento del desempleo y la caída en las remuneraciones significan un deterioro en la calidad de vida de gran parte de la población uruguaya. El índice de pobreza alcanzó a 25.2 % para el total del país en el año 2000, con un crecimiento de 10% respecto a 1999, y con perspectivas de aumento en 2001 siguiendo la caída de ingresos medios y de los hogares más pobres. La década de los noventa aparece como una segunda década perdida en el combate contra la pobreza.
Todo ello tiene efectos específicos en seguridad social y más aún en momentos de reforma estructural del sistema como se concreta a mediados de la década.
Pese a estas evoluciones recientes, los coeficientes sociales reflejan una situación estructural bastante positiva en términos de desarrollo humano, en especial en la comparación con los casos de la mayoría de los países latinoamericanos: el analfabetismo es un 2,5%, la cobertura de salud es amplia, el 90% de la población urbana tiene acceso a agua potable, como también el 90% de las rutas de país se encuentran asfaltadas. Sin embargo se percibe cada vez con mayor claridad que la sociedad uruguaya sufre un proceso de segmentación y exclusión social.
Cuadro 2 - Uruguay: Principales indicadores económicos y sociales
| 1981-89 | 1991 | 1991-99 | 1999 | 2000 | |
| Población (millones) | 3.1 | 3.3 | 3.3 | ||
| Variación Poblacional (% ) | 0.6* | 0.6* | |||
| PBI total (millones de US$) | 11,206 | 21,071 | 20,042 | ||
| Variación del PBI total (%) | 0.0* | -- | 3.2* | -2.8 | -1.3 |
| Variación del PBI Agrícola (%) | -- | 3.0* | |||
| Variación del PBI Servicios (%) | 4.8* | ||||
| PBI per capita (US$) | 3,615 | 6,400 | 6,000 | ||
| Variación PBI per cápita (%) | -0.6 * | 2.4* | |||
| Tasa de inflación (%)** | 67.2 | 85.0 | 36.0 | 4.2 | 5.0 |
| Déficit Fiscal (%/PIB) | 3.9 | 4.0 | |||
| Déficit Cta. Corriente (%/PIB) | 2.6 | ||||
| Reservas (mill. US$) diciembre | 976.2 | 2,440 | 2,613 | ||
| Desempleo (% de la PEA) | 10,7 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 13,6 |
| Precarios (% de la PEA) | 19,6 | 20,1 | 19,8 | ||
| Subempleados (% de la PEA) | 3,6 | 3,3 | 3,6 | ||
| Cuenta propias (% de la PEA) | 13,8 | 14,6 | 15,2 | ||
| Problemas de empleo (% de la PEA) | 45,8 | 48,0 | 49,9 | ||
| Pobreza (% de población) | 25.1 | 22.8 | 25.2 |
Fuentes: Banco Central del Uruguay, CEPAL, BID, BM, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ERT.
* Promedios anuales reales
**Promedio anual de las variaciones del IPC
Uruguay, dentro de la región, se caracteriza por ser el país más avanzado en el proceso denominado de transición demográfica. en efecto es un país con baja natalidad (la tasa desciende del 21,2 al 17,1 %o. entre 1955 y 95), baja mortalidad infantil, alta expectativa de vida al nacer y baja tasa de crecimiento de la población. Posiblemente, el proceso de emigración (que seguramente continuará manifestándose) explique entre otras cuestiones, el crecimiento superior de la población femenina sobre la masculina. Por otra parte, la tasa de dependencia tiene una proyección decreciente.
El cuadro que sigue resume los aspectos anotados
| Año | 2000 | 2020 | 2040 |
| Población (en miles de habitantes | 3.337 | 3.793 | 4.208 |
| PEA (en miles de habitantes) | 1.532 | 1.884 | |
| Tasa bruta de natalidad (por mil) | 16,9 | 14,6 | 13,3 |
| Tasa de mortalidad infantil (por mil) | 13,1 | 9,0 | 5,8 |
| Tasa de crecimiento total (por mil) | 7,0 | 5,9 | 3,8 |
| Esperanza de vida al nacer | 75,2 | 78,6 | 80,9 |
| Relación de dependencia | 60,5 | 55,5 | 59,5 |
| Estructura de la población: 0-14 años 15-64 años 65 y mas años |
24,8 62,3 12,9 |
21,8 64.4 13,9 |
Fuente: CEPAL. Anuario estadístico 2000, desarrollo y bienestar social
Consecuencia de los desequilibrios producidos por el importante aumento de los egresos que determinaron medidas fiscales tales como el incremento del IVA, el aumento de las cotizaciones patronales y personales, el desfinanciamiento, el envejecimiento, los problemas de gestión, fueron generando un clima tendiente a la reforma del sistema de seguridad social, concretada finalmente en 1995 con la ley 16.713, en el marco de un conjunto de leyes de ajuste estructural, y de cambios en la estructura financiera del sistema. En la década del 90, el financiamiento por aportes obrero patronales cae del 82 al 56 % , mientras la asistencia de rentas generales (incluido IVA) aumentan del 18 al 44 % (1990 – 2000).Y en el 2001, se eleva al 55 %.
La coalición de gobierno integrada principalmente por el Partido Colorado y el Nacional, define que hay razones económicas, demográficas, sociales y políticas para la reforma . Oficialmente se expresa que "la única solución es reducir el gasto (que volvía insostenible el sistema- se dice más adelante en el mismo documento), así de simple pero a la vez difícil de lograr en un gasto como el de seguridad social que es rígido. Se imponía entonces una reforma a fondo del sistema". Se afirma que "los altos costos repercutían en un deterioro de las condiciones de competitividad del país en la región y fuera de ella". "El sistema promovía la evasión en lugar de estimular el aporte". A ello se agrega el envejecimiento de la población y la relación activo pasivo, concluyéndose que "es imprescindible intentar corregir esta distorsión". Entre las razones sociales se destaca la percepción de la ciudadanía sobre el anterior sistema, evaluado por una encuesta, donde se dice que el 70 % de la población percibía que el sistema como injusto o muy injusto, aumentando los guarismos entre la población más joven. Entre las razones políticas, se destaca el acuerdo político logrado entre los Partidos Colorado, Nacional y Nuevo Espacio "para encarar el proceso de reforma más profundo de la previsión social uruguaya que jamás se hubiera intentado"..
Por otra parte, también se presentan argumentos a favor de la privatización en lo referente a la gestión de la seguridad social, por parte de impulsores de estos sistemas:
"Las restricciones que el derecho público impone para la designación de los directivos y cuerpo gerencial de las entidades gestoras públicas, las normas para el aprovisionamiento y la mayor lentitud impuesta para conformar la voluntad en la toma de decisiones estratégicas, así como los diferentes tiempos entre lo político, lo económico y lo empresarial, atenta contra la eficiencia de las entidades públicas de seguridad social.
La capacidad de instrumentar sistemas de información orientados al cliente y a resultado, versus sistemas de información para cumplir formalidades legales es una desventaja de las empresas públicas, ya que tendrían que llevar mucha más información que la necesaria para cumplir con el cliente, solamente para el control estatal"
Los organismos financieros internacionales a través de Convenios de Cooperación, préstamos y Cartas de Intención (BM, FMI, BID), definen la necesidad de esta reforma como una de las principales de ajuste estructural. Las empresas calificadoras de riesgo, luego de aprobada la reforma de la seguridad social y como consecuencia principal de ésta, incluyen a Uruguay entre los países confiables para invertir (investment grade).
Es claro que todos los sectores sociales y políticos del país reclamaban una reforma desde hacía tiempo. La discusión fue y es, sobre el contenido, la filosofía, los objetivos, de dicha reforma:
"es necesario una reforma en nuestra Seguridad Social" - Congreso del Pueblo, 1965 – Programa adoptado por la CNT
" Creemos que la Seguridad Social debe ser reformada con un sentido redistributivo y solidario (...) Un gran debate nacional se torna insoslayable". PIT – CNT ante convocatoria del Sr. Presidente de la República, 15/7/1991
"Necesidad de una reforma general del sistema; Participación de los sectores sociales en la previa discusión del proyecto de reforma con espacio y tiempo adecuados para contar con el deseable apoyo que o haga viable; Iniciación de un diálogo para buscar coincidencias y discutir las discrepancias, Apuntar a un sistema de seguridad social justo, transparente, que contribuya a eliminar la evasión, no contemple privilegios ni genere desequilibrios financieros; Pleno reconocimiento de los derechos adquiridos por los pasivos así como de los activos que se incorporen al régimen actual al momento de su retiro, considerándose esto como innegociable; La estricta cotización efectiva debe ser el criterio principal para justificar haberes jubilatorios; corresponde la flexibilización en casos suficientemente probados de aportes descontados al trabajador y no volcados a la institución previsional; contabilidad separada entre sectores de actividad; Transparencia contable en materia de exoneraciones y financiamiento adicional para éstas junto a la progresiva eliminación de aportes por fictos obreros y patronales; incluir en el Censo de población preguntas que contribuyan a la transformación y al mejor funcionamiento de la Seguridad Social e iniciar un diálogo referido a la recapacitación de mano de obra y rehabilitación en casos de accidentes laborales o enfermedad".
Cámara de Industrias del Uruguay y PIT – CNT, Declaración conjunta, 2/6/1995
La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU) también en mayo del 95 emite una declaración donde establece una serie de temas de reforma entre los cuales se encuentra la evasión (proponiendo el timbrado en los documentos de pago de retribuciones por servicios laborales y la bonificación a buenas pagadoras, proponiendo comisiones auditoras departamentales cuatripartitas), el expreso financiamiento presupuestario de las exoneraciones tributarias y de las prestaciones de pasividad y actividad no contributivas, la extensión de alcances de asistencia de salud del BPS a
jubilados y pensionistas con aporte personal del 3 %; la separación específica de fondos para viviendas de jubilados y pensionistas administrados por una comisión multipartita; la sustitución del SMN por unidades reajustables, limitar los fictos y eliminar los privilegios jubilatorios.
| La reforma vigente desde 1996, implanta un régimen mixto, y que si bien
se concentra fundamentalmente en jubilaciones y pensiones del BPS, significa un
fundamental cambio que se caracteriza por: El aumento de condiciones de exigibilidad para acceder a las prestaciones; rebaja de montos de prestaciones del régimen solidario ; normas de desregulación laboral y creación del régimen de aporte individual obligatorio administrado por sociedades anónimas de derecho privado (AFAPs) creación de un régimen denominado transitorio |
Contra el nuevo sistema se intenta un plebiscito que debería realizarse en 1999 conjuntamente con las elecciones nacionales, que finalmente no se lleva a cabo. Convergieron fuertes posturas gubernamentales y de centros de poder financiero de impedir el pronunciamiento y errores en la conducción de quienes lo impulsaban.
En nuestro país: En el año 2001 teníamos un stock de 10.000 jubilaciones menos que en 1999, confirmando la tendencia decreciente que se verificara en años anteriores. Principalmente producto del endurecimiento en las condiciones de edad y años de trabajo para poder jubilarse, en las limitaciones en materia de pensiones y en el retraso de la edad de retiro de los propios trabajadores producto del bajo monto resultante de la jubilación. Año a año el BPS concede miles de jubilaciones menos. En el año 2001 se pagaron 80 millones de dólares menos en jubilaciones y pensiones que en 1999, y se estima que el descenso continuó en el presente año. Particular destaque merece la vertical caída del poder adquisitivo de las pasividades (al igual que los salarios de los trabajadores activos) en este año. Estimaciones de la ONAJPU situaban la pérdida sumados los efectos de la inflación y del nuevo IRP en los primeros 7 meses de este año en 980 millones de pesos.
Se decía que el nuevo régimen iba a generar que más trabajadores se registraran en el BPS (cosa que en todo caso sería mérito de la Historia Laboral, anterior a este régimen y no de la Ley 16.713). Hoy hay menos trabajadores registrados en el BPS que en años anteriores y las cifras siguen cayendo. Los propios informes del BPS de hoy hablan de más de 370.000 puestos de trabajo en negro en nuestro país; y el más reciente documento del ERT ("Informalidad y Seguridad Social en el Uruguay, 2002"), permite estimar casi un millón de uruguayos con problemas de empleo y más de 600 mil sin seguridad social, total o parcialmente excluídos y crecientemente.
El desempleo registra mes tras mes nuevos récords, más del 19% para el trimestre Julio-Setiembre. Con sectores como los jóvenes, menores de 25 años donde el índice trepa al 42%. Mientras tanto en el seguro de paro en el mes de setiembre había casi 47.000 personas, y a pesar de ser un récord histórico es insuficiente si tenemos en cuenta que los desempleados son entre 285 mil y 300 mil personas (recordar que en esta cuenta no entran los uruguayos que emigraron que suman miles), considerando todo el país. Mientras tanto el Gobierno conversa con el Banco Mundial una reforma al sistema de seguro de paro que entre otras cosas señala que "los beneficios mensuales de desempleo se reducirán con el tiempo, para incentivar a los trabajadores a encontrar un nuevo empleo...esto se hará pagando un beneficio mayor que ahora al comienzo del periodo y uno menor en la segunda parte, de manera que el total no cambiará (...). El seguro de paro se sirve por 24 semanas....los últimos informes indican que el desempleo en Montevideo dura 34 semanas, en promedio, y en el Interior urbano 29 semanas. Y 6 de cada 10 desocupados, no pone ninguna condición para ingresar a un trabajo. Al mismo tiempo el ingreso de los hogares continúa en estrepitosa caída: en el Interior 3,5% respecto al trimestre anterior y 18% comparado con igual período del 2001. En Montevideo esas cifras son 4% y 19% respectivamente. La mitad de los hogares del Interior tienen ingresos inferiores a $7.000 y en Montevideo de $ 11.000. Esto también es récord, son los valores más bajos desde 1993. La suma del efecto del desempleo y la caída del salario lleva a que caiga en más de 25% la capacidad de compra en el 2002. Todo un récord histórico.
La reforma de la seguridad social aplicada provocó el aumento de sus costos (los financieros para el conjunto de la sociedad y los de las comisiones que cobran las Afaps para los afiliados) lo que llevó directamente al aumento del endeudamiento. Para 2001, un tercio del déficit fiscal está explicado en el pago de intereses de deuda motivada en la asistencia del Estado a la seguridad social para cubrir los más de 1.100 millones de dólares descontados de los sueldos de los trabajadores y que se transfirieron a las AFAPs, esto sin computar la pérdida de recaudación del BPS por las sucesivas rebajas de aportes patronales indiscriminados y sin contrapartidas a las empresas y ramas de actividad en creación de empleo, inversiones productivas, etc. Lo que se ha dado, es una clara política aprobada por el gobierno de coalición en cambiar las fuentes de financiamiento de la seguridad social, haciéndolo aún más regresivo: a partir del 2001, por primera vez en la historia, la principal fuente de financiamiento son los impuestos, y en particular el IVA. Se da la paradoja de que aportan para la seguridad social incluso quienes están especialmente excluídos de ella...
Esta política de rebaja de aportes patronales se siguió profundizando. También cabe destacar que en diversas normas se pusieron de cargo del Gobierno Central aportes de las Intendencias Municipales del Interior del País, lo que en definitiva no es otra cosa que trasladar a los consumidores dichos aportes. Junto a las otras causas señaladas provocó que por primera vez en la historia la mayor parte del presupuesto del BPS haya sido sustentado en transferencia del Gobierno Central, sumados los impuestos afectados a la seguridad social (7 puntos de IVA y Cofis) más la asistencia financiera directa.
Como se demostró en la investigación sobre la materia tributaria, los impuestos en nuestro país son claramente regresivos, y recaen en la espalda de los todos los uruguayos afectando principalmente a los sectores de ingresos fijos, como los trabajadores y jubilados y pensionistas. Los aportes patronales a la seguridad social en Uruguay son de los más bajos del mundo, en cambio los aportes de los trabajadores son de los más altos.
Todos los indicadores relativos a las AFAPs han empeorado:
Cada vez son menos los afiliados a AFAP que reciben dinero en sus cuentas en tiempo y forma. Un extremo lo constituyó el mes de setiembre donde apenas algo más de 250 mil afiliados recibieron aportes en sus cuentas, de un total de más de 610 mil afiliados.
El Fondo de Ahorro Previsional que se situaba en los 1.041 millones de dólares a fines del año pasado, a julio era 738 millones, si le agregamos los aportes vertidos por los trabajadores en esos primeros siete meses, la pérdida se sitúa en la friolera de unos 400 millones de dólares.
El peso de las comisiones no ha bajado como se prometía, sino que incluso ha aumentado levemente. Lo que han retenido las AFAPs por concepto de comisiones supera holgadamente los 200 millones de dólares, nada despreciable quita a los bolsillos de los trabajadores. Las AFAPs como empresas tienen ganancias...
En el Uruguay existen actualmente 4 AFAPs, que manejan más de 1.000 millones de dólares y tienen más de 600 mil afiliados.
De acuerdo a la información de la Asociación de Superintendencias de AFAPs (AIOS - sitio Web www.safjp.gov.ar/DOCS/aios), organización internacional que nuclea a los órganos de contralor de las administradoras de fondos de pensiones de América, las ganancias de las empresas AFAPs como sociedades anónimas (no para los trabajadores que perdieron) fue la siguiente (se resumen los países de la región solamente).
Cuadro 4 - Ganancias de las empresas AFAPs de la región en porcentajes
Ganancia sobre comisiones |
Ganancia sobre patrimonio |
||||||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||
| Argentina | 5.9 |
24.5 |
15.8 |
2.4 |
-34.3 |
6.0 |
25.2 |
14.7 |
2.6 |
-18.6 |
|
| Chile | 19.2 |
37.8 |
70.7 |
42.2 |
40.4 |
17.8 |
24.3 |
40.6 |
27.4 |
23.1 |
|
| Uruguay | -40.0 |
-7.8 |
1.0 |
37.1 |
92.9 |
-61.0 |
-12.3 |
1.3 |
30.8 |
92.0 |
|
| Promedio América Latina | 5.7 |
25.7 |
27.8 |
23.6 |
29.9 |
5.0 |
21.3 |
24.0 |
22.5 |
23.3 |
|
Fuente: AIOS-12/2002
Como se puede apreciar, en el año 2002, en Uruguay, la utilidad sobre comisiones de administración representó el 92,9%.
Cuadro 5 - Ganancia de las AFAPs en miles de dólares
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
| Transferencias | 199,892 |
218,919 |
217,293 |
199,356 |
139,700 |
| Comisión 13% | 25,986 |
28,459 |
28,248 |
25,916 |
18,161 |
| Perd/Ganan-Uruguay | -10,394 |
-2,220 |
282 |
9,615 |
16,872 |
Fuente: Elaboración propia
Hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, que las AFAPs se limitan a invertir fondos, porque todo el trabajo de recaudar y distribuir los aportes se lo hace el Estado a través del BPS, sin que estas empresas lucrativas paguen un peso por ello, a pesar de que hay normas legales que habilitan a que el BPS les cobre, cosa que no se ha logrado aprobar en el Directorio del organismo previsional. A modo de ejemplo se puede citar que en Chile son las propias AFPs las que hacen el trabajo de recaudar, directamente.
Casi seguramente no hay en el Uruguay y en el mundo sectores de actividad que tengan tan altos márgenes de ganancias. Esta idea se refuerza si consideramos también la altísima rentabilidad obtenida sobre el patrimonio neto que en el año 2002 fue del 92%.
Resulta vergonzoso -en un país que se dice quebró en 2002, año que vivió la peor crisis de su historia moderna, con las necesidades de la gente (31% de pobreza, 18% de desempleo)-, que existan empresas que ganaron nada menos que el 92% medido sobre sus ingresos o sobre su patrimonio, esos ingresos provienen de la comisión que le cobran a los trabajadores del país, de cada 100 pesos (u$s 3,70 )que se le retienen al trabajador con destino a las AFAPs, 18 pesos (u$s 0,75) se los quedan por comisiones (13 pesos de comisión de administración y 5 pesos de primas de seguros), y sólo 82 pesos ( u$s 3.) van a las cuentas individuales.
Es claro que "los excesivos costos de operación reducen la rentabilidad de los ahorros acumulados en los fondos pensionales disminuyendo los incentivos a contribuir al sistema"
¿Qué justifica el mantenimiento y aumento de las comisiones de las AFAPs?
¿Por qué no se le rebaja la alta comisión que se le cobra a los trabajadores y se vuelca un mayor porcentaje a la cuenta de cada trabajador?
En este panorama, donde las AFAPs como empresas tuvieron ganancias siderales, los trabajadores en el 2002 perdieron 266 millones de dólares de sus cuentas individuales. En efecto a 12/2001 el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) era 1.045 millones de dólares, y en 12/2002 893 millones, pero además en el 2002 el BPS transfirió a las AFAPs alrededor de 114 millones de dólares (deducidas las comisiones que retienen las AFAPs). Siendo así se puede afirmar que en el año 2002 los afiliados a las AFAPs perdieron 266 millones de dólares.
En esta situación denunciamos que se está esquilmando a los trabajadores, se trata de un verdadero saqueo a los bolsillos de la gente, afectando fundamentalmente su vejez, a la vez que reclamamos que se tomen medidas para la rebaja de las leoninas comisiones que se cobran, y que el BPS haga efectiva la legislación vigente y cobre lo que le cuesta el trabajo que hoy hace gratis para las AFAPs.
En sesión del Directorio del BPS (23/07), el Director Ariel Ferrari realizó tres planteos sobre estos temas:
Las AFAPs que existen en nuestro país son:
República - propiedad de tres organismos estatales (Banco República 50%, Banco de Previsión Social 37%, Banco de Seguros del Estado 13%).
Afinidad - actualmente propiedad del internacional Grupo Santander (antes era socio en 50% el Banco Comercial, pero Santander se quedó con el 100% de las acciones).
Unión Capital - propiedad del Banco de Boston, City Bank, y Banco de Montevideo (en este último caso en liquidación, no sabemos el destino final de esta parte de la empresa).
Integración - propiedad de COFAC.
Cuadro 6 - Dimensión de cada AFAP – 1/2003
AFAP |
Fondo de Ahorro Previsional |
Afiliados |
| República | 57% |
39% |
| Afinidad | 18% |
29% |
| Unión Capital | 17% |
19% |
| Integración | 8% |
13% |
| Total | 100% |
100% |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCU
Al igual que en el resto del continente, en nuestro país se constató avance del proceso de concentración. Este proceso además agravado por la situación del sistema financiero.
Afinidad AFAP S.A. es producto de la fusión entre las anteriores Comercial y Santander y es propiedad de ambos bancos: 50 y 50 %. Según informa el boletín del Banco Central del Uruguay (BCU) a diciembre 2001, N° 22, en el nuevo Directorio de la entonces denominada Comercial Santander AFAP S.A., figura como Director titular el Sr. Carlos Rohm, quien anteriormente era vicepresidente de Comercial AFAP S.A., propiedad del Banco Comercial, uno de los bancos que es parte de la crisis. En el N° 23, de marzo de este año en el mismo boletín del BCU, en el listado de directores de Afinidad ya no aparece el Sr. Rohm como miembro.
Unión Capital AFAP S.A. es producto de la fusión de las anteriores Unión y Capital. La propiedad pertenece por tercios al Boston, el Citibank y el Banco de Montevideo S.A. Este, es otro de los bancos en crisis. En el Directorio de Unión Capital, figura como Director el Sr. Dante Peirano Basso. Quien también era vicepresidente de Capital AFAP cuando ésta era propiedad en un 45% del Banco de Montevideo, con posterioridad a su procesamiento por la justicia uruguaya el Sr Peirano también fue retirado de la nomina de Directores de Unión Capital.
Rohm y Peirano son apellidos notorios en la crisis financiera del Uruguay.
El sistema de seguridad social en el Uruguay actualmente se integra por varios organismos del ámbito público. Estos son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco de Previsión Social (BPS), las Cajas Paraestatales y los Servicios de Retiros y Pensiones Militares y Policiales.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, órgano del Poder Ejecutivo, tiene como cometidos asignados elaborar los lineamientos generales de la política nacional en materia de seguridad social.
El Banco de Previsión Social, organismo autónomo creado por la Constitución (artículo 195), tiene por cometido básico "coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social". La Ley Orgánica 15.800 de 17.01.1986 le atribuyó -sin perjuicio de los cometidos constitucionales ya mencionados- la cobertura de los riesgos y cargas derivadas de la maternidad, infancia, familia, enfermedad, desocupación, vejez, invalidez y muerte, la determinación y recaudación de las contribuciones de seguridad social y la administración de los servicios comunes de apoyo.
La Ley 16.713 de reforma jubilatoria de 3.09.1995, a efectos de adecuar la normativa y la estructura orgánica del BPS a los nuevos requerimientos, establece en el Título VII una serie de modificaciones a su ley Orgánica y regula diversos aspectos de sus cometidos y competencias.
El BPS consta de un Directorio de 7 miembros, máxima autoridad del organismo. Subordinadamente existen distintos niveles jerárquicos: Gerencia General (de gran importancia a partir de 1995), Gerentes de Repartición y de Area, y luego diversas gerencias y jefaturas. Sus principales Reparticiones pueden clasificarse en Sustantivas y de Apoyo.
Los programas sustantivos son ATYR (desconcentrado desde 1995), Prestaciones de Pasividad y Actividad; Prestaciones de Salud y Servicios sociales.
Los programas de apoyo: Finanzas, Recursos Humanos y Materiales e Informática.
Existen también diversas áreas importantes administrativas y asesoras: Secretaría General, Asesoría Técnica Legal y de Asuntos Internacionales – Sala de Abogados - y Asesoría Económica y Actuarial (AEA), así como las de Auditoría Interna y Planificación y Control Operativo.
A ello se agregan importantes servicios contratados a diferentes empresas, entre otros, como son:
IBM para Recaudación Nominada y
Distribución a AFAP; Integris (Algar Bull y otros) para Reingeniería de Prestaciones;
Convenio con PNUD para Historia Laboral; está en proceso de adjudicación la
Reingeniería de ATYR; pagos de prestaciones y recaudación de tributos con Bancos
públicos y privados, ABITAB, Correo y otras empresas.
A partir de 1995, el BPS ha comenzado en diversos momentos planes con grandes inversiones con el objetivo de mejora de gestión, con resultados disímiles:
Plan de Implementación de la Ley de Seguridad social (ILSS), Historia Laboral, Plan de Calidad, Planeación Estratégica, Administrativa e Institucional del BPS; Plan Estratégico 2000 – 2004; Reingeniería de Prestaciones, Presupuestos quinquenales y anuales, etc. Además de proyectos específicos dentro de algunos de esos planes generales por el sistema Unico de Emisión y Pago (SUEP), Gestión de Afiliaciones (GAFI), el Sistema Económico Financiero (SEFI) , el de Expediente Electrónico , etc.
Las Cajas Paraestatales son entidades privadas con fines públicos que actúan con autonomía técnica, sin perjuicio del control que ejerce el Poder Ejecutivo y de la aplicación de las normas generales vigentes. Estas son la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Sus denominaciones denotan sus respectivos ámbitos de cobertura en las actividades respectivas y se encuentran en proceso de reforma, habiéndose aprobado recientemente la ley respectiva de la Caja Notarial con consenso de ésta y presentado a consideración parlamentaria por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de Profesionales Universitarios, sin
consenso.
El Poder Ejecutivo participa en la administración de las cajas paraestatales a través de sus delegados en los respectivos Consejos Directivos. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias cuenta con siete miembros en su Consejo Directivo, de los cuales el presidente es designado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones tiene, en su Consejo Directivo, un delegado del Poder Ejecutivo y un delegado del Poder Judicial. De los siete miembros del Consejo Directivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, dos son delegados del Poder Ejecutivo.
Finalmente, existen organismos estatales que actúan como servicios desconcentrados dependiendo de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior denominados Servicios de Retiros y Pensiones Militares y Servicios de Retiros y Pensiones Policiales.
El BPS administra
directamente la mayor parte del sistema de seguridad social del país, ya sea por la
variedad de riesgos atendidos, el número de personas asistidas, el monto de las
prestaciones servidas o los recursos que recauda de las contribuciones a la seguridad
social e impuestos afectados.
Atendiendo a las prestaciones servidas, le siguen en importancia, pero en muy menor medida la Caja Militar, la Caja Bancaria, la Caja Policial y el resto de organismos no estatales. A efectos de mostrar la incidencia que tiene cada organismo en el sistema de seguridad social se analizan seguidamente las participaciones institucionales en los recursos, erogaciones y en el déficit total.
A nivel de los recursos consolidados del Sistema, sin considerar las contribuciones del Estado, el B.P.S. es el que tiene la mayor participación, con un porcentaje que ha fluctuado entre 81.5% y 80.7% del total de lo recaudado en el período 1996 - 2000.
Cabe destacar que la menor participación del B.P.S. en los recursos a partir de 1996 en parte se explica porque a partir de abril de ese año, de acuerdo a la ley 16.713 y otras normas posteriores, una parte de los aportes personales que se recaudan no forman parte de los recursos del sistema de solidaridad administrado por éste, y se reducen sensiblemente los aportes patronales
Las paraestatales han incrementado en forma gradual su participación en el quinquenio, captando en el año 2000 el 16.1% de los recursos del Sistema.
Los organismos estatales desconcentrados han captado en conjunto porcentajes que oscilan entre 2.7% y 3.3% en el referido período.
A nivel de las erogaciones totales del sistema, también la participación del B.P.S. es mayoritaria, alcanzando entre 80.9% y 79.8% del total, en el período 1996 - 2000.
El déficit total del sistema como proporción del total de erogaciones muestra una tendencia netamente creciente pasando de 25.6% en 1996 a 30.9% en 2000. Las Cajas Paraestatales son todas superavitarias en tanto que los organismos deficitarios son el B.P.S. y las Cajas Militar y Policial. En el año 2000 el déficit de éstas dos últimas cajas fue un 33.2% del déficit generado por el B.P.S..
Si se considera la evolución del resultado en relación al total de egresos de cada institución, dicho indicador para el B.P.S. se incrementa de 25.0% en 1996 a 30.1% en el 2000. Esta evolución se explica en parte, como ya se comentó, por la pérdida de recursos propios debido a la reforma previsional y otras normas posteriores, pero también y en particular en el último año considerado, por la incidencia de la menor recaudación en general por la baja en el nivel
de actividad económica. Las Cajas Militar y Policial en conjunto presentan un déficit en proporción a sus egresos de 78.4% en el 2000.
A efectos de ilustrar la importancia relativa de la Seguridad Social en la economía uruguaya y su evolución, se presenta la participación del total de egresos por concepto de la atención de estos riesgos en el Producto Bruto Interno.
Dicha participación presenta una tendencia creciente que pasa de representar 12.3% del PBI en 1990 al 18.8% en el 2000. A su vez, el déficit total del sistema como proporción del PBI creció de 1.1% en 1990 a 5.8% en 2000.
Si bien se han hecho múltiples referencias a las AFAPs, cabe incluir una breve mención en este capítulo. A diciembre de 2000 integraban el mercado seis AFAP (como ya se vio hoy son sólo cuatro), siendo la de capital estatal (República AFAP S.A.) la que logró mayor captación de afiliados.
En lo que respecta a los montos de aportes acumulados hasta el mes de diciembre de 2001, las AFAP habían recibido transferencias del B.P.S. por 1.066 millones de dólares constantes (a valores promedio de 2000). La concentración de las administradoras es mucho más marcada en montos transferidos que en número de afiliados. La participación de la AFAP de capital estatal asciende al 55.6% del total transferido acumulado, mientras que la segunda, Santander recibió el 11.1% del total de aportes para los fondos de capitalización individual.
El monto transferido a las AFAP´s para ahorro individual representó en el año 2000 el 16.7% del total de aportes IVS (personales más patronales) del BPS. Si solo se considera el comparativo de aportes personales, los transferidos a las AFAP representaron el 37.8% de los aportes personales que se destinaron al pilar de solidaridad del BPS.
Para el funcionamiento del segundo pilar de Ahorro Individual, la ley previó la actividad de las empresas aseguradoras.
Las empresas autorizadas por el BCU para suscribir contratos de seguro colectivo eran siete a diciembre de 2000, y cuatro las autorizadas a ofrecer contratos de seguros de renta vitalicia previsional.
La aseguradora estatal, el Banco de Seguros del Estado (BSE) es la prestadora mayoritaria.
En setiembre 1995 se promulga la ley 16.713, que principalmente refiere al subsistema o régimen IVS que comprende en forma inmediata y obligatoria todas las actividades amparadas por el BPS (trabajadores privados y públicos), aunque incluye otras normas tributarias y laborales y establece un principio de universalidad para las otras actividades comprendidas en las cajas paraestatales, militar y policial.
Su vigencia principal es desde el 1°/4/1996, aunque el régimen pensionario rige desde la promulgación (9/95) y hay en relativo régimen de transición con diferentes fechas de vigencia, la principal 1°/1/97 y otras que en general culminan el 1°/1/2003.
La base sustancial de la reforma es la creación de un sistema mixto, según la tipología de modelos implantados en América Latina.
Oficialmente se define el sistema como mixto con 3 regímenes:
Solidaridad intergeneracional; Capitalización individual obligatoria. |
Consideramos que este régimen llamado "de transición" en forma oficial en realidad de transición no tenia mucho, y ya finalizó, en aquellas cosas importantes como ser el pasar de 30 a 35 años no hubo la llamada "transición" pues por un día ya se pasaba al régimen de la nueva ley.
Comprende a los afiliados al BPS sin causal jubilatoria al 31/12/96 con 40 o más años de edad al 1/4/96 y que no opten por el nuevo régimen. En general, los rigen las normas de la nueva ley, con algunas excepciones como el aumento progresivo de la edad de la mujer (de 55 a 60 años entre el 1/1/97 y el 1/1/2003), la posibilidad de prueba no documental por años de trabajo anteriores al 31/3/96; el aumento progresivo de años de edad y de trabajo para la jubilación por edad avanzada para mujeres (sólo años de trabajo para hombres), entre las mismas fechas citadas (esta jubilación es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio, excepto la de ahorro individual).
Financiado por reparto, comprende obligatoriamente a todos los afiliados activos por asignaciones computables o tramos de las mismas hasta $ 5.000.- al 5/1995 ($ 10.386 al 1/1/2001) (u$s 370,92).
Régimen mixto, nivel de
capitalización individual obligatoria:
Financiación por capitalización individual, comprende obligatoriamente a los afiliados activos menores de 40 años al 1/4/96 y con asignaciones computables superiores al monto citado y hasta $ 15.000.- (a 5/95) ( $ 34.620 al 1/1/2001) (u$s 1236,40) y los que ingresen a la actividad con posterioridad al 1/4/96 superando el monto salarial del primer nivel, y voluntariamente todos los amparados por el BPS que opten por el régimen, con o sin causal jubilatoria e independientemente de edad y salario. En el caso de voluntarios con ingresos inferiores al primer nivel, se le bonifica su aporte al régimen de solidaridad en un 50 %.
Voluntariamente pueden hacerse aportes individuales o convenidos, pero en los hechos esta posibilidad es prácticamente inexistente.
La edad jubilatoria se establece en 60 años para ambos sexos, los años de trabajo reconocidos aumentan a 35 años; se exige que para acceder a la jubilación sólo se consideren los años de servicios e importes efectivamente registrados en la Historia Laboral para los dependientes y efectivamente cotizados para los no dependientes ; se limitan las posibilidades de acceso a pensiones de sobrevivencia en función de edad y recursos de las viudas, admitiéndose en determinadas condiciones de dependencia económica y carencia de recursos la pensión del viudo; se aumentan las exigencias de actividad previa y grado de discapacidad, para el acceso a las prestaciones por discapacidad permanentes o transitorias (jubilación por incapacidad, subsidio transitorio y pensión por invalidez) y por vía reglamentaria (decretos 381 y 382 /98) se establecen los baremos de determinación; se aumentan los años de edad y de trabajo para la jubilación por edad avanzada, la que a su vez se torna incompatible con otra jubilación.
Nota: Ver Cuadro 7 del Capitulo 5.-
Las tasas de reemplazo en general se reducen y simultáneamente, se aumenta el período considerado para el cálculo de la jubilación o pensión.
Nota: Ver Cuadro 8 del Capitulo 5.-
La ley legaliza (art. 178) decretos anteriores en que se contempla la figura del arrendamiento de servicios de las denominadas empresas unipersonales, señalándose como objetivo regular la aportación a la seguridad social bajo un régimen de ingresos fictos de los trabajadores que así se califica. Se establece la posibilidad de transformar trabajadores dependientes en empresas unipersonales por acuerdo entre la empresa y los trabajadores en determinadas condiciones y se establece la obligación de registro de los contratos ante el BPS y facultándose a éste a controlar y observarlos cuando entienda que los mismos implican una relación encubierta de dependencia. En la práctica, ha significado un estímulo a la transformación en pseudo empresas unipersonales de numerosos trabajadores realmente dependientes.
Si bien sustancialmente la nueva ley mantiene la convergencia de 3 fuentes de recursos (contribuciones obreras, patronales y rentas generales), se producen modificaciones importantes en el financiamiento, en materia gravada y asignaciones computables (en éstos últimos 2 aspectos la sistematización que se introduce es importante).
El régimen de solidaridad se financia con los aportes patronales hasta $ 32.279 (u$s 1152,80), los personales correspondientes, los tributos y la asistencia financiera que se destinen. Pero se reduce inicialmente la tasa principal de aporte patronal – industria y comercio - en 2 puntos (14,5 a 12,5 % ) y se aumenta también en 2 puntos la personal (de 13 a 15 %) para todos los sectores.
El régimen de capitalización individual se financia para la jubilación común por los personales obligatorios correspondientes (está previsto, como se ha dicho, la posibilidad de aportes voluntarios o convenidos), los patronales por servicios bonificados, los montos de eventuales sanciones por infracciones y la rentabilidad que se genere. En los casos de jubilaciones y subsidios por incapacidad, así como de pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad, se financian por recursos provenientes de la contratación de aseguradora (seguro de invalidez y fallecimiento).
Para la administración del régimen de capitalización individual se conforman inicialmente 6 Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), sociedades anónimas regidas por el derecho privado. La más importante en cantidad de afiliados y fondo administrado es República AFAP, con capitales iniciales aportados por instituciones públicas: los Bancos República, de Previsión Social y de Seguros. Las otras son creadas por distintos bancos privados extranjeros (Unión, Capital, Santander y Comercial) y en un caso, por la banca cooperativa uruguaya (Integración, de Cofac principalmente). Las que pertenecen a bancos privados extranjeros son propiedad de entidades como Boston, Citibank, de Montevideo, Santander, Comercial.
A fines del 2001, se fusionan Unión y Capital creando Unión Capital y también Santander y Comercial, creando Afinidad, quedando entonces 4 AFAPs.
En la vida pasiva del afiliado las aseguradoras desempeñarán el papel que realizan en la vida activa las AFAPS. El asegurado tiene una obligación contractual a su nombre.
Las aseguradoras serán las futuras administradoras del dinero acumulado en los fondos de ahorro previsional, cuando los afiliados accedan a la etapa pasiva, y desempeñarán sin duda en el mediano y largo plazo un papel más destacado en el mercado de valores en su carácter de inversores institucionales, se ha dicho por parte de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Uruguay. Ello se refuerza sin duda, por el hecho de que en este nuevo sistema previsional no existe la figura del retiro programado, tal como sucede en Chile, por ejemplo.
El papel de las aseguradoras todavía no se visualiza claramente, por la sencilla razón, de que actuarán en el momento en que el sistema alcance su validación y madurez, aproximadamente en 20 años.
Estas instituciones típicas del seguro privado lucrativo, colectivo o individual, que a través de la historia y desarrollo de la seguridad social habían sido superadas, contradictoriamente, a fines del siglo XX se reintroducen como parte del sistema general.
Hoy están reguladas principalmente por las leyes 16426 de Seguros del 24/10/93 y 16713 del 3/9/95.
Surgen de sumar los montos resultantes de la pasividad que resulte del régimen administrado por el BPS y del régimen administrado por las AFAPs y pago por la aseguradora. Por el régimen de solidaridad administrado por BPS, se asegura por causal jubilatoria común cumpliendo las condiciones correspondientes resumidas en el cuadro supra. Adicionalmente, para los afiliados a las AFAP, se agrega, el monto que pague la aseguradora, en función del monto acumulado en la cuenta individual del trabajador, su expectativa de vida y la tasa de interés correspondiente.
B. Comisiones de administración y prima de seguro por invalidez y fallecimiento.Son libremente establecidas por las AFAPs sobre los aportes de los afiliados, sin restricción legal. Igualmente sucede con la deducción que establezca la Aseguradora contratada para el pago de la prestación , quienes están obligadas a brindar el 1,5% anual de interés al afiliado, pudiéndose quedar con el sobrante de la rentabilidad obtenida.
La rentabilidad mínima que están obligadas a otorgar las AFAPs es la rentabilidad promedio de todas las administradoras menos 2 puntos porcentuales, por lo que no tiene piso. La rentabilidad neta depende del rendimiento de los aportes de los trabajadores, deducidas las comisiones, invertidos por las AFAPs .
Las posibilidades de inversión de los fondos contemplan, en determinada proporción, valores emitidos por el Estado uruguayo y por el BHU, depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera, valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas autorizadas por el BCU, valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otras productivas y colocaciones en instituciones públicas o privadas que concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social.
Las prestaciones principales del sistema son inciertas (sistema de cotización definida y prestación indefinida), dado que por encima de la básica otorgada por el BPS, en el régimen de capitalización individual, dependen del monto acumulado en la cuenta individual, la expectativa de vida y la tasa de interés vigente al momento del cese. Las prestaciones por discapacidad definitiva o transitoria, son definidas (45 %). El monto resultante en todos los casos, será actualizado por IMS, según lo dispuesto en la Constitución (reforma de 1989, art. 67).
El monto mínimo (principalmente) y el monto máximo jubilatorio, por régimen de solidaridad es incrementado progresivamente hasta el 2003, para quienes cumplan las aumentadas condiciones exigidas y de acuerdo a las reducidas tasas de reemplazo.
Un reciente estudio de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS analiza la sensibilidad del monto de la prestación futura ante distintas densidades de cotizaciones. Así un trabajador que ingresa a trabajar a los 20 años y que se jubila a los 64 años , suponiendo una rentabilidad del 3%, si la densidad de cotización es del 80% vería disminuir su jubilación en un 14%. Pero si su densidad de cotizaciones es del 70%, no se podrá jubilar sino hasta los 70 años y con la jubilación por edad avanzada.
Esta innovación específica de la nueva ley, establece este beneficio a partir del 1/1/1997 para jubilados dependientes con ingresos inferiores a $2.700.-(u$s 96,40) en la actualidad (1/1/2001), amparando a 47.000 personas, algo menos del 7% de los pasivos totales.
Hubo un solo evento oficial de evaluación del sistema de seguridad social, realizado por la Comisión de Seguridad Social y la Presidencia de la Cámara de Representantes, el 5 y 6 de diciembre del 2000, de carácter multipartidario y multisectorial amplio.
Allí se presentaron diversas visiones evaluatorias de parte de autoridades oficiales, de los sectores sociales, AFAPs y Aseguradoras, organismos de supervisión, cajas paraestatales y partidos políticos.
Otros eventos se han realizado convocados por organismos oficiales o sociales, carentes o con escaso diálogo, entre las diferentes posiciones.
Existen diversos enfoques sobre el sistema, desde los que totalmente lo apoyan acríticamente, hasta los exclusivamente críticos.
En cuanto a la evaluación oficial, existen diversos documentos. Se mencionan algunos.
En la publicación oficial de la Presidencia de la República, divulgada obligatoriamente por todos los medios de prensa escrita (con una excepción) en mayo de 1996, se expresa que:
"El nuevo sistema ataca los principales problemas:
Desde el Ministerio de Economía, una primera opinión señalaba: "La ley no soluciona todos los problemas; será necesario complementarla con otra que profundice los recortes en las prestaciones, que en esta ley son excesivamente livianos..."
Del Comité de Evaluación y Seguimiento del Sistema Previsional integrado por los Ministros de Economía y Trabajo, Director de OPP, Presidentes del BPS y BCU y por el Coordinador del PRSS, a fines del 98, se extractan de su evaluación altamente positiva algunos ítems:
" - los afiliados que han optado voluntariamente superan el 90 % del total de afiliados, lo que de por sí es una muestra de su aceptación por parte de éstos, del nuevo sistema mixto y constituye una legitimación del mismo,...
el impacto positivo de la reforma queda también evidenciado por las inflexiones en la evolución de los ingresos y egresos del sistema de solidaridad intergeneracional administrado por el BPS ocurridas luego de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Previsional"
Se concluye que " el nuevo sistema de previsión social instaurado por la Ley 16.713 es una realidad normativa, institucional y operativa comprobable a nivel de todos los actores (...) con los impactos positivos que se reseñaron oportunamente, habilita a proseguir con las líneas de trabajo ya esbozadas por el PRSS: la adecuación del conjunto del sistema previsional a los principios del nuevo sistema (N de R. Referido a paraestatales y retiros militares y policiales) (...) y el diseño de propuestas con el objetivo de modernizar todo el sistema de prestaciones de activos".
El Cr. Juan F. Berchesi, Presidente del BPS durante el proceso intenso de implementación de la ley y uno de los principales impulsores del sistema, luego Presidente de la principal AFAP, República, hasta la actualidad, destaca:
El Premio Nobel de Economía de 1992 Gary Becker "destacó el rumbo seguido por Uruguay, país al que ubicó entre los líderes de este proceso de reforma de los sistemas de seguridad social, incluso lo comparó con su país, Estados Unidos, que, remarcó, viene retrasado en esa materia". Más adelante defendió los costos administrativos, señalando: "No midamos el costo comercial por lo que se paga, sino de acuerdo a lo que se otorga", citando a Becker (...) y agregó: "Si lo miramos en relación al servicio que se está dando, Becker entendía que no era tan caro".
Respecto a la rentabilidad del sistema, considera: "que la rentabilidad acumulada desde el inicio del sistema, creo que refleja una tendencia de largo plazo" y si se aumenta el portafolio o menú de inversiones "va a aumentar en el mediano plazo".
Respecto a las prestaciones que paga el sistema, Berchesi reiteradamente ha afirmado que "el nuevo sistema paga mejores jubilaciones que el sistema anterior" Ha manifestado en entrevistas, que incluso llega hasta el 150 % del último salario.
La Asesoría Económica y Actuarial del BPS ha producido una cantidad importante de documentos, publicados en sus boletines mensuales, exposiciones en seminarios nacionales e internacionales, elaborados por diferentes especialistas y sobre diversos tópicos. En general, apoyando sustancialmente el sistema, realizan un seguimiento que permite visualizar, algunas críticas y carencias. Por otra parte existen varios documentos presentados en eventos por el Sr. Presidente del Directorio del BPS, otros directores que apoyan el sistema y la Gerencia General del organismo.
El Dr. Rodolfo Saldaín, ex Presidente del BPS, consultor nacional e internacional y coredactor de la ley 16.713, ha realizado también diversas publicaciones y exposiciones, incluído un libro
Saldaín ha realizado recientemente algunas propuestas correctivas, las que presuponen sendas críticas al sistema previsional desde una postura de apoyo sustancial al mismo:
El Partido Nacional, integrante de la coalición de gobierno, votante e impulsor de la ley, promueve una serie de medidas de corrección recientemente:
El Frente Amplio – Encuentro Progresista, no votó la ley de seguridad social en general, aunque algunos legisladores votaron algunos artículos de la ley, e impulsó junto a las organizaciones de jubilados y de trabajadores el fracasado plebiscito contra la misma. En diversos documentos ha reclamado profundas reformas al sistema.
El Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS (ERT) realiza un seguimiento crítico periódico, ha presentado una Propuesta Alternativa en setiembre de 1999 (participando en la elaboración los trabajadores y otras instituciones, aprobada en el VII Congreso del PIT_CNT), ha publicado un libro, organiza anualmente eventos públicos de evaluación y es una referencia reconocida para la evaluación del sistema
En la última evaluación periódica pública realizada por el ERT (diciembre 2002...), a través de 8 indicadores se sintetiza su opinión:
Comenzamos con una comparación de las modificaciones que introdujo en el sistema de seguridad social la Ley 16.713 de 1995, conocida principalmente por ley de las AFAPs, pero que no sólo ese cambio introdujo. También modificó otros aspectos del sistema jubilatorio. A estos efectos repasemos brevemente comparando el sistema vigente en aquel entonces, el llamado Acto Nº 9, con la ley 16.713.
Cuadro 7 - Comparativo de regímen anterior con el vigente
Antes Acto Nº 9 |
Ahora Ley 16.713 |
|
| Jubilación común Años de trabajo Edad de retiro |
Mujer – 30 Hombre – 30 Mujer – 55 Hombre – 60 |
Ambos - 35 Ambos - 60 |
| Jubilación por Edad Avanzada Años de trabajo Edad de retiro |
Mujer – 10 Hombre – 10 Mujer – 65 Hombre – 70 |
Ambos - 15 Ambos - 70 |
| Jubilación por incapacidad absoluta y permanente sobrevenida en período de actividad sin causa del trabajo | Requisitos previos Ninguno |
Requisitos previos. 2 años servicios previos, de los cuales 6 meses deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad |
| Duración de pensión de sobrevivencia de viuda según años de la misma al momento del fallecimiento del causante. | Vitalicia en todos los casos | - menor de 30 años, cobra por 2 años - entre 30 y 39 años cobra por 5 años - mayor de 39 años, vitalicia |
| Pensión vejez por indigencia Requisito de edad |
Mujer – 65 Hombre – 65 |
Ambos - 70 |
Cuadro 8 - COMPARATIVO - TASAS DE REEMPLAZO
CONCEPTO |
ANTES |
LEY 16.713 |
| Jubilación común 35 años de trabajo y 60 años de edad 40 años de trabajo y 65 años de edad |
Mujer 75% Hombre 65% Mujer 80% Hombre 75% |
Ambos 50%
Ambos 65% |
| Jubilación por edad avanzada | Ambos 55% |
Ambos 50% |
| Jubilación por incapacidad absoluta | Ambos 70% |
Ambos 65% |
Pero atención, no queremos decir, con esta muy sintética comparación, que el Acto Nº 9 fuese perfecto, ni que lo defendamos. Por el contrario, no cabe dudas de que se debía modificar, adecuar a una realidad distinta, pero de esto, al modelo y la dirección de la reforma que se impuso, hay un enorme trecho. El régimen hoy vigente, tiene su centro en el recorte de derechos y beneficios, la rebaja y la inseguridad para la hora del retiro, como veremos en esta evaluación, y hemos mostrado en múltiples instancias anteriores. No queremos volver atrás. Prueba de ello es la Propuesta Alternativa de Seguridad Social de los Trabajadores.
Los datos confirman algunos de los efectos negativos que señalamos oportunamente. El aumento a 35 años trabajados y registrados como mínimo (exigencia casi única en el mundo) para generar causal jubilatoria común; la rebaja en las tasas de reemplazo y en la forma de cálculo lo que trae aparejado la baja del monto de las jubilaciones, como consecuencia de lo cual los trabajadores demoran su retiro jubilatorio por el magro resultado económico, cosa que también repercute directamente en la posibilidad de ingreso al mercado laboral de trabajadores jóvenes; el aumento de la edad mínima en la mujer; el aumento de las exigencias para la determinación de jubilaciones por imposibilidad física (a través de dos decretos reglamentarios de 1998, que crearon los Baremos y las Comisiones Médicas; al respecto ilustra señalar que entre 3/2001 y 2/2003 el stock de subsidios transitorios por incapacidad cayó más de 20%); son algunas de las causas que están teniendo efectos visibles.
En el gráfico se muestra como de 21.439 altas de jubilaciones que se otorgaron en el año 1994, llegando a 29.874 en 1997, se pasó a apenas 13.841 en el 2001.
El stock de pasividades, la cantidad
total de las mismas, presentan un marcado y sostenido descenso en los últimos años. En
este cuadro vemos la cantidad promedio de pasividades de cada año.
Estaba previsto en informes oficiales de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS. Lo alertamos. Y en particular, las más perjudicadas son las mujeres.
En la gráfica vemos los efectos de la
nueva normativa, relativo al monto de las jubilaciones.
Al comparar la jubilación promedio del stock total de jubilaciones del año 2000 y el monto promedio de las nuevas jubilaciones vemos que éstas últimas son casi 700 pesos menores. Esto se ha venido manteniendo en los años siguientes.
Además, a causa de la nueva Ley y de
los magros ajustes de las pasividades en general, el monto promedio de éstas ha tenido
una significativa pérdida de su valor en términos reales como vemos en el siguiente
cuadro donde se muestra la pasividad promedio (IPC Base Marzo/1997).
Incluso, para una mejor visualización
podemos mostrar cuales han sido los egresos totales del BPS por pago de Prestaciones IVS
en los últimos años. Las cifras están expresadas en miles de millones de pesos
constantes de marzo/1997. Nota: valor de cambio al 25/08/03 u$s1= $28.-
En el cuadro siguiente se aprecia la evolución de las fuentes de financiamiento del BPS a nivel del sistema consolidado (incluye el financiamiento de todas las prestaciones que brinda el organismo).
Cuadro 7 - Financiamiento del BPS. En millones de dólares constantes del año 2001
| Año | Aportes e ingresos varios |
Asistencia financiera |
Impuestos afectados |
Total |
1990 |