Primer Congreso Internacional de Seguridad Social
LA HABANA - CUBA 17 al 20 de Abril de 2001
"MODELO DE GESTION y MODELO FINANCIERO: UNA EXPERIENCIA URUGUAYA"
RESUMEN
Dr. Julio Vidal Amodeo
Presidente - CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
MONTEVIDEO - URUGUAY
Calle Uruguay Nº 1533 – C.P. 11.100 Tels. (598 2) 902 89 37 – 902 89 38 Fax (598 2) 902 89 41 int. 220
I EL CONTEXTO URUGUAYO
II LOS SISTEMAS PARAESTATALES
III LA CAJA de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
III.1 Dirección y administración
III.2 Régimen financiero
IV REFLEXIONES FINALES
I- EL CONTEXTO URUGUAYO
La República Oriental del Uruguay - al igual que CUBA y otras naciones de América Latina - fueron pioneras en materia de Seguridad Social.
Ya en los primeros años del siglo, en nuestro país, se promovieron y aprobaron iniciativas sobre la protección social del trabajador, la limitación de la jornada de trabajo, y poco después, el reconocimiento del derecho jubilatorio a algunos colectivos sociales.
HERRERA, ROXLO, QUINTANA, BATLLE Y ORDOÑEZ, EMILIO FRUGONI, CARNELLI, REGULES y muchos nombres ilustres de la política nacional se encuentran entre los adelantados en esta parte del siglo.
No es menos cierto, que hubo muchos otros - dirigentes sindicales, políticos y sociales - que estuvieron en primera línea en las reivindicaciones de tipo previsional y cuyo nombre no aparece en los textos de Historia.
Durante la primera mitad de la centuria, el Estado uruguayo, un Estado claramente garante, interventor y protagonista, fue quien desarrolló un sistema previsional, de alcance casi nacional, con singulares progresos respecto al resto de América.
Por su tolerancia democrática y, en mérito, a la paz social que tal conjunto de beneficios sociales aparejó, llevó a que nos apodaran "la Suiza de América".
El sistema que generó y cumplió coberturas de distinta índole (jubilaciones, pensiones, asistencia sanitaria, asignaciones familiares, protección a la mujer), basado en la idea de la solidaridad, fue, además, un singular instrumento de redistribución de la riqueza, generando una poderosa clase media y asegurando una calidad de vida decorosa para los sectores más modestos de la sociedad uruguaya.
De corte estatal, de administración política (en general, administradores designados por el Poder Ejecutivo), con cotizaciones patronales y obreras como mayor sustento, el sistema careció - con el tiempo - de cohesión y racionalidad.
Había sido fruto de luchas sectoriales, de iniciativas parciales y numerosas y de complejas leyes, que no se armonizaron en un verdadero sistema y que, no tuvo la planificación mínima para el mediano y largo plazo, desde que no encaró estudios técnicos (actuariales, financieros, de modernización de la gestión) y que, fundamentalmente, no invirtió los excedentes de los fondos previsionales (más bien, los dilapidó, colocándolos en títulos de deuda pública sin reajuste monetario, que fueron fagocitados por la erosión monetaria), y que, además, se desprestigió por una gestión de tipo "político-partidista".
En la segunda parte del siglo, nuestra seguridad social comenzó a mostrar sus debilidades, por la crisis económica general que afectó la región (altas tasas de inflación, desempleo, marginalidad social, deuda externa, destrucción del aparato productivo), pero también, innegablemente, por razones internas, que tienen que ver con la alta evasión (incluyendo al propio Estado empleador), la existencia de un país sociológicamente "envejecido" (tasas pasivos/activos), crecimiento del trabajo informal, el aumento de la expectativa de vida y la falta de capitalización colectiva y de rendimiento e inversión de los claros superávits del sistema de industria y comercio.
El régimen recurrió a la asistencia financiera del Estado, pero no estuvo, nunca, cerca del colapso.
No existió voluntad política de modificar la gestión y administración, pues resultaba notorio que las ineficiencias en la administración eran causa decisiva del desfinanciamiento y del desequilibrio, y las reformas institucionales que se hicieron (creación del Banco de Previsión Social, como ente estatal autónomo para la organización y coordinación de los servicios estatales de previsión social) no alcanzaron para revertir los problemas mencionados, que nada tenían que ver con el sistema de seguridad social.
Para peor, en los años de la dictadura militar se disminuyeron beneficios y prestaciones (había que ahorrar para mantener la doctrina de la seguridad nacional) y los fondos fueron desviados para otros fines, que nada tenían que ver con el seguro social de los uruguayos.
Llegaron, entonces, los tiempos de "la reforma".
Primero, los organismos internacionales de crédito (la primera carta de intención es de 1959) comenzaron a recomendarnos (¿imponernos?) los porcentajes máximos del PBI y/o del presupuesto nacional que podíamos dedicar a la seguridad social.
Una etapa que no requiere explicaciones, y que, hasta hoy, es el común denominador trasnacional de las nuevas políticas liberales, que consideraron -fundamentalismo económico mediante- a la previsión social como un gran "gasto" del presupuesto nacional y no como la inversión para tener menos carenciados y para la prevención de mayores riesgos sociales.
Pronto, llegó "el modelo recomendado".
El BANCO MUNDIAL preconizó, en contraposición al modelo de solidaridad de la O.I.T., un sistema de capitalización individual de las cotizaciones obreras (un sistema de aportes determinados y de prestaciones indefinidas). La segunda (o quizás primera) intención del nuevo régimen, era crear un gran ahorro interno obligatorio y, con ello, grandes mercados de capitales, para, según sus proyectos, dinamizar la economía de la región.
Era la receta del "primer mundo" para salvar al sistema de los países subdesarrollados, también denominados "países en vías de desarrollo", o más modernamente "economías emergentes", todos eufemismos, creados con gran imaginación, para identificar a lo largo del siglo a las economías dependientes, o más sencillo aún, a las economías de los países pobres.
Porque en realidad, dejando la semántica de lado, la Historia nos ha demostrado que tanto en las sociedades locales, como en la sociedad internacional, lo que existen - claramente individualizados - son los pobres y los ricos.
Y la brecha entre ellos - tanto en la sociedad nacional como la internacional - cada vez es más ancha y más inalcanzable.
Este tipo de reforma de la seguridad social fue inaugurada en 1981 por el gobierno de Pinochet en Chile, y pese a las tan espectaculares predicciones del Banco Mundial, logró la aquiescencia de sólo ocho países del orbe, todos del mundo infradesarrollado.
De los cuales, sólo, tres pueden considerarse sistemas con cierto grado de alcance y protección, como para ser seriamente considerados desde el punto de vista de la ciencia social.
El Uruguay adoptó - con cierto grado de identidad - un sistema mixto.
Hasta determinado tope de ingresos, un sistema de reparto o solidaridad intergeneracional a cargo del Estado, por encima del mismo, otra franja de ingresos, con un sistema de capitalización individual obligatorio, cuyos aportes son administrados por administradoras de ahorros previsionales, y por encima del último tope, un sistema voluntario de ahorro de capitalización individual.
Tales entidades (AFAPS) - sociedad anónimas de especulación financiera - por los riesgos que involucran en su actividad, tuvieron que estar respaldadas por compañías aseguradoras y fuertemente reguladas en su accionar.
Un sistema complejo, de alto costo (un 18% de los aportes de los trabajadores se pierde en comisiones y primas de seguros), con un alto costo de transición financiado (y condicionado) por el B.I.D. y sin resultados históricamente conocidos ni predeterminados.
Más allá: las rentabilidades negativas de administradoras de fondos similares en los otros países, los altos porcentajes de afiliados que no reciben aportes en tiempo y forma, las grandes pérdidas por la "caída" de varias economías locales y bolsas de valores, el manejo de los contribuciones de los trabajadores por pocas y poderosas empresas, expuestas a los riesgos del mercado internacional de valores (y sin la mínima participación de los contribuyentes en la toma de decisiones) y la cuestionada e imperceptible influencia del nuevo sistema previsional sobre el ahorro nacional y sobre el mercado de capitales, son extremos admitidos en el nuevo escenario.
Las reformas constitucionales que el país se dio en la última década, en materia previsional, si bien lograron algunas mejoras puntuales para los beneficiarios, no lograron modificar el fondo de la cuestión. Por su propio origen corporativo, no lograron crear un consenso social y político que respaldara una solución alternativa.
Recién, hoy, está en marcha el proyecto alternativo.
Tal es, el panorama del sistema de seguridad social, hoy vigente en Uruguay.
II - LOS SISTEMAS PARAESTATALES
En ese contexto y con las condicionantes económicas y sociales que se anotaron, el Uruguay desarrolló, a la par, un sistema de derecho público no estatal.
En mayo de 1925, se creó la CAJA BANCARIA, que ampara a los funcionarios de bancos públicos y privados y de todas las demás empresas de intermediación financiera; en octubre de 1941 se instaló la CAJA NOTARIAL que ampara a todos los escribanos públicos y a sus empleados, y finalmente, el 13 de agosto de 1954, nace nuestra CAJA PROFESIONAL que ampara a los profesionales universitarios en el ejercicio libre de su profesión.
Estos tres organismos de seguridad social - de carácter para estatal - cubren un colectivo total de casi 100.000 personas en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, concediendo, además, otras prestaciones legales.
Las características fundamentales de estas personas de derecho público, que no integran el aparato estatal, son las siguientes:
a)se trata de regímenes sustitutivos del estatal, ya que sus colectivos no estaban amparados anteriormente por el sistema general estatal;
b)se rigen por leyes especiales de creación (leyes orgánicas) que determinan su régimen jurídico;
c)son dirigidas por sus afiliados, mediante Directorios elegidos democráticamente, por representantes de activos y de pasivos, y también por representantes del Poder Ejecutivo.
d) el Estado no asume responsabilidad económica o financiera directa sobre ellas, aunque por imperio constitucional (art. 67 de la Carta ), la seguridad social es una responsabilidad inexcusable del Estado
e) se han identificado, desde su nacimiento, con el sistema de solidaridad y se han acercado a un sistema de capitalización colectiva, el cual en lugar de capitalizar los ahorros individuales de cada afiliado, capitalizan la totalidad del ahorro colectivo, disponiendo de reservas financieras, que se han ido acrecentando en la medida que sus obligaciones corrientes han podido ser cubiertas por la recaudación normal de aportes, e invierten las mismas para coadyuvar a enfrentar las obligaciones futuras
f) históricamente, se han caracterizado por disponer de excedentes que han invertido criteriosamente, en beneficio de sus afiliados, y en diversas actividades tanto financieras como productivas (forestación, ganadería, construcción de inmuebles) adecuándose a los planes de desarrollo del país.
g) actúan coordinadamente en el ámbito de la seguridad social del Uruguay, e intentan modernizar y actualizar sus respectivas leyes orgánicas, incluyendo variables del sistema, para ajustarse a las nuevas realidades sociales, económicas y laborales de los colectivos amparados.
Para poner un ejemplo ilustrativo de su peso y prestigio en la sociedad civil, baste mencionar que en el curso de 1998 y ante la perspectiva de que el poder político pudiera adecuarlas al sistema general "de la reforma", recibieron el apoyo unánime y pluripartidario de las 19 legislaturas departamentales del país.
Los tres organismos públicos no estatales a cuya experiencia nos referimos, a pesar de las grandes líneas comunes explicitadas, tienen a su vez, particularidades muy específicas.
Así por ejemplo, mientras la CAJA BANCARIA ampara actividad subordinada (dependiente) y se nutre de contribuciones patronales (Bancos, entidades financieras) y de contribuciones personales (gravamen sobre el sueldo de los empleados), las otras dos - la CAJA NOTARIAL y nuestra CAJA PROFESIONAL - cubren la actividad libre (no dependiente) de los profesionales universitarios, no existiendo, por ende, aportes patronales (si, un aporte indirecto como sustitutivo, a cargo de los usuarios de los servicios profesionales) y el aporte directo de los afiliados activos.
Por consiguiente, y a efectos de poder describir el modelo de gestión y el modelo financiero, nos
vamos a referir en forma exclusiva, a partir de este momento, al instituto de seguridad social que representamos, es decir a la CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, denominada habitualmente como "CAJA PROFESIONAL".
III - LA CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
Se trata, pues de un colectivo muy especial: profesionales universitarios (salvo Escribanos Públicos), en ejercicio libre (no dependiente), y que, acceden promedialmente al mercado laboral entre los 25 y los 30 años de edad.
El análisis o la explicación de este modelo no tiene otro objetivo que el de intercambiar, hacer conocer, a fines de siglo, experiencias sociales (en este caso, un modelo de un colectivo determinado) para analizar, sacar conclusiones, enseñanzas, críticas y quizás nuevas propuestas.
Somos conscientes que extrapolar soluciones o modelos de una nación a otra, de una economía a otra, de un mercado laboral a otro, es una tarea inconveniente por propia definición.
De todas maneras, quienes buscamos soluciones o modelos alternativos para cubrir las necesidades del Hombre y para el cumplimiento cabal de sus derechos fundamentales - individuales y sociales - siempre nos parece fermental el poder escuchar, cotejar, aprender y adaptar.
Por otra parte, no es fácil determinar, si se analiza, primero, el sistema de gestión y administración, y luego, el régimen financiero, o viceversa.
Ambos están indisolublemente unidos, o mejor expresado, el primero (gestión) es consecuencia del sistema o régimen de fondo.
Pero, también es cierto que, a través de la gestión histórica y de las modificaciones del mercado laboral y de las variables económicas, el régimen financiero, si bien puede conservar su orientación filosófica esencial, se va modificando o adecuando a las nuevas realidades.
Veremos, pues, por su orden, el régimen institucional de dirección y administración, y luego, el actual régimen de financiación de las prestaciones legales a cargo de la Caja.
III. 1 - DIRECCION Y ADMINISTRACION
Desde su nacimiento, la gestión (gobierno y dirección técnico-administrativa) del organismo de seguridad social fue confiada a un DIRECTORIO, de siete miembros y con un mandato de cuatro años, con la siguiente integración:
- cuatro directores son elegidos por sufragio, democrático y secreto, entre los afiliados activos (profesionales universitarios con ejercicio libre de su actividad y que se encuentren al día con sus cotizaciones)
- un representante de los afiliados pasivos (beneficiarios del sistema) también electo en la misma forma
- dos representantes del Poder Ejecutivo, designados por éste
Este gobierno y dirección comprende todos los actos de administración y dominio, y demás gestiones relativas al cumplimiento de sus fines.
Tal accionar es controlado y asesorado por una COMISION ASESORA y de CONTRALOR (de carácter honoraria), elegida también por voto secreto e integrada por dos representantes de cada una de las profesiones universitarias amparadas por la Caja.
Por debajo de estos órganos de dirección, administración y control, existe una estructura jerárquica administrativa, con una Gerencia General como eje central y diversas Divisiones o Departamentos fundamentales: AFILIADOS, RECAUDACION Y FISCALIZACION, ADMINISTRACION, ADMINISTRACION DE INVERSIONES, INFORMATICA, ASESORIA TECNICA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION y JURIDICA, que brindan el soporte técnico de la actividad.
Toda la gestión y administración ha sido modernamente informatizada, lo que asegura celeridad y eficacia, y tanto los ascensos como los ingresos de personal, se efectúan por riguroso concurso.
Se trata claramente - al igual que en los otros organismos públicos no estatales de seguridad social - de un modelo de autogestión, en el que los directamente involucrados (afiliados activos y pasivos), en coordinación con la autoridad gubernamental (Poder Ejecutivo), llevan adelante un régimen previsional moderno y eficaz.
Como ya hemos expresado, son experiencias de gestión social que se desarrollan en el país, desde 1925, y que han merecido el reconocimiento general de la población, por la seguridad y transparencia de su accionar, que les ha dotado de un gran prestigio en el ámbito de la seguridad social.
Son conocidas y muy exitosas las inversiones, a mediano y largo plazo, que estos Institutos han hecho con los rendimientos de los excedentes técnicos financieros, lo que les permite - al margen de consolidar su situación económica-financiera - colaborar con los planes de desarrollo y la reactivación económica del país, generar mano de obra y contribuir al aumento de la riqueza nacional.
En ese aspecto, los fondos invertidos - bajo la sagrada regla de seguridad primero, rentabilidad después - se han orientado a valores públicos con garantía del Estado, préstamos hipotecarios para la construcción de viviendas, operaciones inmobiliarias, forestación, ganadería, agroturismo, etc..
Entre la administración estatal (que puede generar corruptela e ineficiencia) y la administración privada (con costos descomunales y alta vulnerabilidad), en el Uruguay, tenemos estos modelos de gestión con amplia participación, en el que gobiernan y toman las grandes decisiones, los propios aportadores de los fondos y quienes reciben las prestaciones, lo que genera confianza, credibilidad y seguridad a todos.
III. 2 - REGIMEN FINANCIERO
En la seguridad social, el elemento fundamental a considerar es la denominada "ecuación de equivalencia", que busca igualar la suma de los recursos disponibles y el valor actual de las contribuciones futuras probables con el valor actual de los egresos futuros probables.
Tal concepto está dirigido al mantenimiento del equilibrio financiero y actuarial de cualquier sistema de seguridad social, que se debe dar entre los ingresos (aportes obreros y patronales, rendimiento de las inversiones, asistencia financiera, etc.) y los egresos (prestaciones económicas o en especie) en el corto, mediano y largo plazo.
Como primera afirmación, emergente de la tosuda realidad de los hechos, debe señalarse que no existen regímenes absolutamente puros.
Entre el llamado sistema de reparto o sistema público de retiros (con prestaciones definidas y con retención fiscal en la fuente) y los modernos sistemas de capitalización individual que impulsó el Banco Mundial (sistema de gestión privada con prestaciones indefinidas), hay una gama indefinida de matices y regímenes eclécticos.
Nuestro Instituto tiene tres grandes fuentes de recursos:
a) el aporte directo del profesional en actividad libre, que es el montepío o tasa de cotización que el afiliado vierte en forma mensual, y que representa un 60% de sus entradas
b) el llamado aporte indirecto (timbres o gravámenes a cargo de los usuarios de todos los servicios profesionales), con un reparto amplio de la carga tributaria entre la gran cantidad de usuarios, de lo que resulta una módica contribución por el amplio espectro de los sujetos pasivos y por la diversidad de hechos generadores, y que representa el 30% de sus ingresos
c) el producido de las inversiones autorizadas legalmente y los intereses de los fondos acumulados, que oscilan en el 10% de la totalidad de los recursos
En cuanto al régimen de aportación por parte del afiliado, se basa en un porcentaje o prima sobra una escala de sueldos fictos que corresponden a diez categorías distintas, de valor creciente. Ello se derivó del carácter incierto (y de imposible fiscalización), que tienen para el organismo, los ingresos reales de un profesional con ejercicio libre.
El montepío es actualmente el 16.5% del sueldo ficto de cada categoría, existiendo bonificaciones para la primera categoría (egresados recientes).
La carrera normal del afiliado (mínimo 30 años de servicios para acceder a la jubilación) se divide en diez categorías, con una permanencia mínima de tres años en cada categoría.
El cambio de categoría es automático cada tres años, aunque existen excepciones y posibilidad de permanecer en la misma categoría.
En cuanto a los beneficios se otorgan los siguientes: jubilación, pensión, subsidio por inacapacidad temporal y subsidio por expensas funerarias, seguros de salud, préstamos sociales, complementos de fin de año, etc.
La causal común de jubilación se configura con 60 años de edad en el hombre y 55 en la mujer (en el proyecto se eleva a 60), y 30 años de servicios.
El sueldo básico y la asignación de jubilación es el promedio actualizado de las asignaciones computables de los tres últimos años de actividad (conforme con la categorías y sueldos fictos al momento del cese).
La tasa de reemplazo, común y mínima, es de 65% para las mujeres y de 60% para los hombres, para la causal jubilatoria común, con aumentos a mayor edad y servicios.
La asignación de pensión oscila entre el 50% y el 75% del sueldo básico correspondiente.
A fines de 2000, la relación activo pasivo era de 3,64, con una edad promedio general de jubilados y pensionistas de 70 años, y una edad promedio de retiro de la actividad de 64 años.
El porcentaje de gastos de administración sobre ingresos es cercano al 5% y el porcentaje de empleados por cada mil afiliados es de 2,27.
(todos los demás datos de este sistema pueden verse en la publicación "La Seguridad Social de los Profesionales Universitarios en el Uruguay")
Nuestro régimen financiero comparte características del sistema de solidaridad intergeneracional (de reparto y capitalización colectiva) con el de capitalización plena individual (reservas que se invierten, cuentas individuales y cierta relación entre el monto de las contribuciones y las prestaciones sociales).
Para decirlo en términos doctrinarios, es una solución intermedia entre el régimen de reparto simple y el de prima media general, y se le denomina "Capitalización por primas escalonadas".
Su característica fundamental es que la tasa de aportación no presenta variaciones durante un cierto número de años (período de equilibrio), y luego, aumenta en el período subsiguiente (a medida que las obligaciones crecen) y permite, junto con el rendimiento de las reservas, el equlibrio financiero del sistema.
Y que, se mantiene como idea central, la solidaridad intergeneracional, es decir, la aportación de la plana activa cubre y financia los beneficios de los retirados y pensionistas.
Nos parece necesario en la actualidad, mejorar el sistema, conforme con las nuevas realidades económicas y laborales, lo que nos ha llevado a propiciar fondos complementarios de seguridad social, administrados y controlados por el propio Instituto.
Hemos tratado de describir en forma suscinta - lo que no es tarea fácil - el sistema de seguridad social que se aplica en Uruguay a un colectivo determinado (el de los profesionales universitarios con actividad libre), que no es - a pesar de los intentos gubernamentales en contrario - el régimen general emergente de la reforma de la seguridad social, preconizada por el Banco Mundial y cuyos ejemplos más notorios son el de Chile, Argentina y Uruguay.
Nuestro régimen financiero paraestatal, y en especial, el de la CAJA PROFESIONAL, goza de buena salud, y en la medida que, el Parlamento contribuya a modernizar y actualizar nuestra ley orgánica - sin avasallar su autonomía financiera y de gestión - tenemos tranquilidad asegurada en el mediano y largo plazo.
IV - REFLEXIONES FINALES
Es notorio que en las últimas décadas la seguridad social ha estado en el centro de la discusión.
Ha estado, muchas veces, sentada en el banquillo de los acusados.
Se le reprocha que atenta contra el empleo, que refleja filosofías sociales perimidas, que afecta la competitividad internacional de las economías y de la colocación de los productos nacionales, y que ese "gasto" o porción del presupuesto nacional, debe ser reducido, para poder dinamizar la economía.
Afirmaciones, doctrinas y leyendas que pueden sorprender a ciudadanos bien intencionados y que han circulado por las élites de gobierno y de poder, en especial, en nuestra América Latina.
El tema ha sido considerado como una consecuencia casi inexorable de la "globalización", ese fenómeno que, tomando como instrumento la expansión de la ciencia y de la tecnología, ha permitido imponer un sistema económico mundializado, producto de la liberización de las fuerzas del mercado, con un fuerte predominio del capital supranacional y particularmente del capital financiero.
No se enfatiza, pero no es menos cierto, que se ha globalizado también la pobreza y la exclusión social: las Naciones Unidas ha destacado que desde 1990 "la economía mundial se ha distinguido por una creciente desigualdad....Las disparidades de renta entre el Norte y el Sur han seguido ensanchándose.....En más de la mitad de los países en desarrollo, el 20% más rico de la población tiene hoy más del 50% de la renta nacional"
Acude en nuestro apoyo, GEORGE SOROS, cuando nos ilustra sobre el fundamentalismo de mercado: "Los mercados financieros son intrínsecamente inestables y existen necesidades sociales que no pueden satisfacerse dando carta blanca a las fuerzas del mercado.....El fundamentalismo del mercado ha entregado las riendas al capital financiero....Entre las funciones que no pueden ni deben ser gobernadas puramente por las fuerzas del mercado se cuentan muchas de las cosas más importantes de la vida humana, desde los valores morales hasta las relaciones familiares y los logros estéticos e intelectuales........Las incursiones de la ideología del mercado en campos muy distantes de los negocios y la economía tienen efectos sociales destructivos y desmoralizadores."
La respuesta del Banco Mundial y de algunos gobiernos, al debate sobre el alto costo de las políticas previsionales fue categórica: suba de la edad de jubilación, recorte de las prestaciones, traspaso de la administración al sector privado, que implica pasar de los regímenes públicos a los de capitalización anticipada y administración privada; ellos son para el B.M. los remedios para provocar la aceleración del crecimiento económico, a través, del ahorro forzoso y la creación de poderosos mercados de capitales.
América Latina fue el campo de cultivo de la nueva experiencia privatizadora de la seguridad social, y desde 1981, comenzaron a surgir los entidades privadas admnistradoras de fondos previsionales, con la intención
de administrar el ahorro obligatorio de los trabajadores y de crear fuertes mercados de capitales.
Quiero expresar y subrayar, con el mayor énfasis, en estas reflexiones finales, que a nuestro juicio, cada día están más vigentes y más sólidos, los principios que inspiraron y dieron nacimiento a la Seguridad Social: la experiencia y la historia han demostrado que se trata de una herramienta fundamental e insustituíble para atenuar los efectos sociales del ajuste o reconversión de las economías, imprescindible para compensar los efectos negativos de las políticas económicas de mercado, precisamente con políticas sociales emanadas de la seguridad social, indispensables para mantener la justicia, la cohesión y la paz sociales.
Y que la SOLIDARIDAD, como valor medular del sistema, es algo que está fuera de la polémica, por ser justamente eso, un valor , un valor supremo, un derecho humano fundamental, ínsito en el concepto de democracia social y política, de responsabilidad del Estado, de consagración constitucional y de consagración internacional (art. 22 de la Declaración de 1948).
Para finalizar, me permito citar - a vía de ejemplo - y en apoyo de estos irrenunciables principios a cuatro ilustradísimas opiniones.
"La parte dedicada a las pruebas empíricas - afirma THEOPISTE BUTARE - mostró, en particular, que el argumento de que el gasto social y el ocasionado por las pensiones públicas representan un obstáculo para el crecimiento económico no tiene sustentación empírica. También demostró que, desde hace varios años, la parte del PBI que toca al Estado se ha mantenido muy estable, y esto conduce a la conclusión de que en muchos países las autoridades decisorias advierten que la mejor manera de enfrentar las actuales dificultades no reside en minimizar el papel del Estado, sino en redefinir las prioridades tomando en cuenta al mismo tiempo diversos cambios en marcha....."
"En cuanto se refiere al papel del Estado, no parece pertinente apoyar la idea de que tiene que tomar parte activa en la producción de bienes ordinarios, tales como los automóviles y los aparatos domésticos. En ese terreno, el Estado debiera fijarse la meta de proveer incentivos y un marco competitivo. No existe contradicción en el hecho de tener simultáneamente, un Estado muy activo en esferas tales como la salud, protección social o educación, y un sector privado dinámico. Hasta debería haber un nexo fuerte y positivo entre ambos. Sería muy lamentable si la actual fascinación que suscita la idea de hacer retroceder al Estado condujera al abandono de sus responsabilidades en esos campos"
JAIME RUIZ TAGLE, por su parte, y en su artículo "La Seguridad Social y los nuevos excluídos", nos enseña:
"La primera consideración, tal vez evidente, es que se debe examinar con atención la experiencia internacional. Los países de Europa occidental, que han sido pioneros en el desarrollo de los sistemas de pensiones, han conservado los sistemas de reparto y se han interesado en impulsar la capitalización individual solamente como un elemento complementario......La segunda consideración es que el problema grave en la actualidad, en todo el mundo y en particular en América Latina, es el de los excluídos. Los sistemas de capitalización individual no han logrado superar el problema de la baja cobertura. En Chile, por ejemplo, mientras los afiliados representan a la casi totalidad de la fuerza de trabajo, los que realmente cotizan llegan solamente a un 55%, el 45 restante queda al margen........"
"...es necesario velar para que los recursos de la seguridad social, en la medida en que se logran acumular fondos, contribuyan eficazmente al desarrollo económico y social de la nación, y en particular de los más desprotegidos, Este no es el objetivo central de los sistemas de pensiones, pero no puede dejarse de lado, como lo ha dicho la OIT reiteradamente. Por último, hay que tener presente que el manejo de los recursos de la seguridad social, en cualquier sistema, pero sobre todo en el de capitalización individual, implica un gran poder económico y político. Las organizaciones de trabajadores, que son los dueños de estos recursos, no deben quedar marginadas ni excluídas. Por eso, es necesario buscar las reformas más adecuadas de representación, que velen a la vez por las pensiones de las distintas categorías de trabajadores, y por los intereses de la clase trabajadora en su conjunto"
En los sumarios preparados para el proyecto de Iniciativa de Estocolmo, LAWRENCE THOMPSON nos ofrece esta conclusión:
"Las pensiones públicas tienen decisiva importancia para una significativa parte de la población de muchos países del mundo. Están destinadas a cobrar una significación aún mayor, a medida que se sientan plenamente los efectos de los cambios demográficos, del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida. Es importante examinar las dimensiones sociales, políticas y culturales de la reforma de las pensiones, así como los aspectos económicos y financieros. Si se toman cuidadosamente en consideración todas esas dimensiones, el debate sobre cómo deben estructurarse estas instituciones conducirá a un nuevo consenso respecto del papel y de la conformación de los regímenes públicos de pensiones. La aparición de un nuevo consenso ayudará a asegurar que los cambios en nombre de la reforma fortalezcan a estos regímenes y los mejoren para los muchos millones de personas que dependen de ellos en todo el mundo."
Por último, CHANTAL EUZEBY señala que "en todo el mundo, los sistemas de seguridad social chocan con problemas financieros día en día más agudos, y suscitan críticas cada vez más numerosas y fuertes. Se les reprocha en particular que atentan contra el empleo y, por lo tanto, que contribuyen a agravar la desocupación. Se los acusa asimismo de amenguar el dinamismo de la economía por los efectos disuasivos que ejercen sobre el trabajo y el ahorro, y de dar lugar a abusos, comportamientos irresponsables y a una mentalidad de dependencia. Pero tales reproches, tienden a pasar por alto un hecho a menudo mal comprendido, voluntariamente o no, y que merece ser recordado: la seguridad social no está constituída por organismos "devoradores de riquezas". Se presenta más bien como un conjunto de mecanismos de redistribución de los ingresos, de los sanos a los enfermos, de los activos a los jubilados, etc.. En consecuencia, contrariamente a muchas afirmaciones, no "acapara", no "absorbe" tal o cual porcentaje del producto bruto interno (PBI). En efecto, las sumas deducidas en carácter de impuestos o cotizaciones, vuelven a ponerse en circulación dentro del circuito económico en la forma de prestaciones sociales y, accesoriamente, de gasto para el funcionamiento de los organismos gestores. El único problema real es que no existe una correspondencia inmediata o directa entre lo que cada persona paga y lo que recibe. Pero esto tiene que ver precisamente con la misión de la seguridad social, que es la de poner en marcha mecanismos de SOLIDARIDAD. Por otro lado, en ciertos períodos de su vida, la mayoría de los afiliados paga más que lo que recibe, pero en otros recibe más que lo que paga, sobre todo si se encuentra en situación de retiro o de desempleo, o de enfermedad prolongada y grave. El hecho de que la seguridad social evolucione en un contexto económico que la hace cada vez más necesaria y simultáneamente cada vez más difícil de financiar, constituye el principal origen de las dificultades con que tropieza......."
"Estas propuestas constituyen un testimonio de la necesidad de lograr un equilibrio entre solidaridad profesional y solidaridad nacional, en beneficio de esta última, Tienden a reforzar el carácter solidario de la cobertura social y a favorecer la aparición de nuevas reglas sociales adaptadas a las nuevas tecnologías y al contexto socioeconómico contemporáneo. Es hora de inspirarse en el principio de diferencia de JOHN RAWLS, según el cual las desigualdades sociales sólo se justifican si sirven para elevar el nivel de vida de las personas en situación de mayor desventaja. El bienestar colectivo no puede limitarse a la mera acumulación de riqueza material, ni nutrirse de una creciente exclusión social"
No hay duda, entonces, en el mundo de hoy, en el nuevo siglo, la Seguridad Social basada en el irrenunciable principio de la SOLIDARIDAD y bajo la responsabilidad de todos, es decir, bajo la responsabilidad del ESTADO, es la base de la paz y la justicia sociales, requisitos de la LIBERTAD y de la DEMOCRACIA.
OBRAS CONSULTADAS
- "Los regímenes financieros de la Seguridad Social - Aspectos técnicos y políticos" - Cra. NELIDA GAMBOGI (Gerente de División de la Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión", CJP)
- "La seguridad social y los nuevos excluídos" - JAIME RUIZ TAGLE (O.I.T.)
- "Necesidades sociales y papel de los gobiernos y mercados: el caso de las pensiones de jubilación" - THEOPISTE BUTARE (Asociación Internacional de Seguridad Social)
- "El debate sobre la reforma de la seguridad social: En busca de un nuevo consenso" - LAWRENCE THOMPSON (Senior Fellow del Urban Institute, Wáshington D.C., Estados Unidos de América)
- "La seguridad social del Siglo XXI" - CHANTAL EUZEBY (Universidad Pierre Mendes France, Grenoble, Francia)
"El futuro del Estado de Bienestar" - HARVEY LAZAR Y PETER STOYKO (Universidad de Queen y de Carleton, Canadá).
- "La crisis del capitalismo global" - GEORGE SOROS