Esta actualización de la evaluación permanente que el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS realiza sobre el sistema de seguridad social uruguayo, se presenta en 6 capítulos. Recientemente , en mayo, se había presentado una actualización. Ahora, completamos datos y hechos a setiembre y octubre de este año, tanto para el régimen en general de prestaciones de pasividad y de actividad, como para las AFAPs.

Finalmente, actualizaremos algunas propuestas prioritarias, en el marco de la Reforma Alternativa vigente presentada en setiembre de 1999.

1.- EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL RÉGIMEN DE AFAPs.

1.1. Cobertura y cotizantes

Un primer dato de interés, por sus repercusiones en el monto de la prestación jubilatoria de los afiliados a este régimen, es la densidad de cotizaciones, esto es el cociente entre la cantidad de cotizaciones reales que registra el trabajador en la cuenta individual y la cantidad de cotizaciones si se diera el caso ideal de que el trabajador cotizara todos los meses durante todos los años de su vida activa (en este caso se dice que la densidad de cotización es 1 o es igual al 100%). Para que esta situación óptima se diera el trabajador no tendría que sufrir a lo largo de su vida activa ni el desempleo, ni la precariedad laboral (estar trabajando pero el empleador no registrar sus actividades en la historia laboral), ni enfermarse, ni pertenecer al sector informal donde en especial los trabajadores por cuenta propia, grupo creciente en el país, registran niveles bajísimos de cobertura en seguridad social. Como hemos demostrado en una investigación reciente ("Informalidad y Seguridad Social en el Uruguay" elaborado por nuestro Equipo), lamentablemente estos grupos son una porción creciente en la Población Económicamente Activa del país. En ese informe para 1999, se señala que 658.000 uruguayos tiene problemas de empleo y de ellos 496.000 no están dentro de la seguridad social. Hoy estamos peor: los uruguayos con problemas de empleo superan los 700 mil.

Un reciente estudio de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS analiza la sensibilidad del monto de la prestación futura ante distintas densidades de cotizaciones. Así un trabajador que ingresa a trabajar a los 20 años y que se jubila a los 64 años , suponiendo una rentabilidad del 3%, si la densidad de cotización es del 80% vería disminuir su jubilación en un 14%. Pero si su densidad de cotizaciones es del 70%, no se podrá jubilar sino hasta los 70 años y con la jubilación por edad avanzada.

En la Gráfica 1 puede observarse la evolución de los trabajadores no cotizantes en tiempo al régimen de AFAP, tomando los datos del Banco Central, que sobreestiman a los cotizantes.

Fuente: elaborado en base a datos del BCU

¿Por qué afirmamos que la información del BCU sobreestima los cotizantes? El BCU mismo lo aclara en su Boletín: "El número de afiliados con transferencia en el mes surge de sumar los cotizantes incluidos en la versión principal y en la complementaria que el BPS mensualmente remite a las AFAP. Por lo tanto, existe la posibilidad de que dicho número contenga duplicaciones" (BCU, División Control de AFAP, Nro. 18. Nota 2 del cuadro 1.1.2. Subrayado nuestro).

Se observa una tendencia creciente en la proporción de no cotizantes a las AFAP, más allá de las oscilaciones: al comienzo, 1997, los no cotizantes eran 31,5% del total de los afiliados; a setiembre 2001 (último informe BCU): 44,5%.

Lamentablemente, el BPS, no está cumpliendo con su obligación de producir información periódica actualizada, lo que impide conocer realmente la cantidad de personas afiliadas con cotización en tiempo y forma o atrasada. . La última información oficial del organismo es de noviembre 2000 y la anterior de noviembre 1999. Sólo hasta diciembre de 1998, el BPS produjo información periódica cuatrimestral. Ello fue motivo de inquietud también parlamentaria y de reafirmación oficial del BCU señalando en respuesta al Senado, que la producción de esa información es responsabilidad del BPS.

Esta información del BPS a 11/2000 confirma que en tiempo y forma sólo el 48,2% de los afiliados tiene cotización (por tanto el 51,8 % no tiene cotización cuando corresponde, 60 días después del mes trabajado). Incluso, tomando las cotizaciones 6 meses después del mes que efectivamente debieron transferirse, los cotizantes alcanzan sólo al 56,6 %. Estas cifras también marcan una tendencia creciente desde el inicio del sistema, al igual que se da en los demás países de América Latina con regímenes similares (Véase Base de Datos, elaborada por el ERT para OIT – ACTRAV).

En el reciente Seminario de Actuarios y Estadísticos de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) realizado el pasado 21 y22 de noviembre, en el documento presentado por F.Bertranou (OIT) y A. Arenas de Mesa (Min. Hacienda, Chile), titulado "Sistemas reformados de protección en pensiones: La (in)seguridad económica y los efectos fiscales de los beneficios mínimos", se afirma en pág. 5, refiriéndose a Chile, Argentina, Uruguay y otros países de la región, que las reformas "(...) se hicieron bajo el fuerte supuesto que el traslado a un sistema con contribuciones definidas en cuentas de ahorro previsional individual permitiría a través de la estrecha relación contribución - beneficio, un aumento de la cobertura de los sistemas de pensiones. Los trabajadores encontrarían, bajo este esquema, incentivos para reducir la evasión y mejorar los ahorros previsionales que se acumularían en una cuenta a su nombre. La evidencia de los últimos años indica que tal aumento en la cobertura no se ha producido y por el contrario, en algunos países, dado que el sistema ha adquirido características más estrictas en lo contributivo, la cobertura de beneficios se ha ido reduciendo".

1. 2.- Evolución de las Comisiones

En la gráfica 2 puede observarse el porcentaje de comisiones sobre los aportes que cobran las AFAP.

Fuente: elaboración propia en base a información del BCU

La Comisión Total (suma de la comisión por administración más la prima o comisión por el seguro de fallecimiento e invalidez) desciende en el año 1998 y luego crece.. La evolución observada contrasta con las visiones optimistas que pronosticaban que como consecuencia de la competencia entre las AFAP, la comisión iba a descender. También acá la experiencia internacional indica que en realidad la comisión no baja con el tiempo sino que sube. Uno de los argumentos utilizados inicialmente por los promotores del sistema, es la denominada "la industria del traspaso", la disputa para ganarse los ya afiliados al sistema. Esta disputa irracional, desde una concepción de seguridad social, resulta sumamente costosa. Según datos del BCU a diciembre del 2000 se habían producido 153.919 traspasos de una administradora a otra, lo cual significa un 27% del total de afiliados al sistema. El porcentaje real es mayor, pero también acá falta información, pues la cantidad de traspasos debería relacionarse sólo con la cantidad de afiliados habilitados a hacerlo, dato desconocido en Uruguay. A fines del 2000 las AFAP realizaron "un pacto de no agresión" y desde octubre del 2000 redujeron dramáticamente su plantilla de promotores en más de 500 personas que quedaron sin empleo. Sin embargo esto no fue "noticia", salvo para nosotros. A 9/2000 habían 761 promotores; a 9/2001, sólo 205.

Sin embargo, este ahorro de costos de las AFAP por la reducción de su personal no se trasladó en una mejora a los afiliados rebajando la comisión. En todo caso el objetivo sería lograr una mayor ganancia (o menor pérdida) para las AFAPs.

Recientemente además, algunas AFAPs comienzan a establecer comisiones en monto fijo en pesos, además del porcentaje (concretamente, Unión $ 13.- e Integración $ 8.-). Esta comisión fija en pesos, es especialmente perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos; veamos un ejemplo:

Cuadro 1: Ejemplo del efecto de cobrar una parte de la Comisión fija en pesos.

Fuente: Elaboración propia

 

1. 3.- Los Fondos de Ahorro Previsionales

La Gráfica 3 nos brinda información sobre la composición de la cartera del conjunto de las AFAP, esto es, en que tipo de valores están invertidos los fondos de los trabajadores.

Fuente: Elaborado en base a información del BCU. División Control de AFAP.

Al 30/10/2001 el FAP alcanzó los 998 millones de dólares (este mes superó los mil millones). Dos proporciones destacan por oposición: la baja inversión en valores de empresas (solo 4,6% del total, y más de la mitad de ello en financieras) y la alta en valores del Estado (57,6% del total) . Desde esta perspectiva puede apreciarse un incremento del déficit fiscal como consecuencia de la reforma con un impacto magrísimo en la inversión productiva. Las transferencias que realiza el BPS a las AFAP, acrecientan las necesidades de financiamiento a la seguridad social por parte del Estado y por lo tanto incrementan el déficit fiscal. Este incremento del déficit implica un mayor endeudamiento por parte del Tesoro Nacional.

Por otra parte, explica también la sustancia de las rentabilidades que se publicitan. La alta rentabilidad obtenida por los fondos obedecen principalmente a la alta proporción de la inversión en títulos públicos (dentro de ellos los bonos globales), al alto costo del endeudamiento del Estado en términos reales y a la caída del salario real (la caída del salario real genera la ilusión de una alta rentabilidad: es perverso). Rentabilidades insostenibles a largo plazo, aplicables sólo a aquellos trabajadores que alcancen a tener derecho jubilatorio y que cómo también demuestra la experiencia latinoamericana, en general, comparando las rentabilidades históricas con las recientes, vienen decreciendo.

Es oportuno también hoy, manifestar nuestro desacuerdo con el proyecto de ley de inversión de fondos de AFAPs en el exterior. Por inseguridad y por necesidad para el país. Es una contradicción con la situación nacional.

1.4.- Fusiones de AFAPs.

Es noticia la fusión de las AFAPs que operan en nuestro país: Unión AFAP y Capital AFAP que pasan a ser Unión - Capital; y Santander AFAP y Comercial AFAP, que ahora se llama Afinidad . El hecho en sí era previsible. La concentración también es otra característica en A. Latina, en general se han reducido a la mitad o incluso a la tercera parte, la cantidad de administradoras, lo cual también puede verse en detalle en Base de Datos.

Las empresas que se fusionan han manifestado que lo hacen para aprovechar la llamada "economía de escala". Más allá de este incuestionable argumento desde el punto de vista empresarial, vale analizar algunos otros aspectos. La cantidad de afiliados y de fondos administrados tiene su efecto publicitario. Recordemos un aspecto sustancial que se soslaya: la cantidad efectiva de cotizantes. Pero asimismo, advertimos sobre los efectos de la concentración y transnacionalización que se produce en la región, considerando que estas AFAPs fusionadas son propiedad de bancos extranjeros: en la Declaración final del Seminario realizado en Junio/1998 en Chile, con representantes sindicales de todos los países del Mercosur, se destacó " con enorme preocupación, en función de la gran concentración de recursos existentes administrados por organizaciones con sentido de lucro ajenos a la seguridad social, y la influencia que de ello deriva en el resto de la sociedad, fundamental y prioritariamente en el político, que constituye fuera de toda duda una situación que puede atentar contra la estabilidad democrática en función de su enorme capacidad de presión (...)".

1.5.- A modo de conclusión: lo que dijo el Pte. Batlle.

El Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle en entrevista realizada en la 1ª. Edición de Telemundo 12, el pasado 19 de noviembre, más allá de alguna relativización, afirmó: "el Estado ya no es más el responsable, porque Ud. no tiene un régimen de reparto, tiene un régimen de capitalización, en donde lo que está haciendo es trabajando para su propio ahorro personal". Y más adelante agregó: "los de las AFAPs son como los Rottweilwer, te muerden y te sacan un pedazo". (Nota de redacción: subrayados nuestros; los Rottweiler son perros que habitualmente la gente teme por su ferocidad)

2.1.- Caen pasividades y monto de las mismas.

La nueva ley de seguridad social 16.713, no es solamente Afaps. También se presentan otros problemas.

En el siguiente Cuadro 3 se observa la caída en la cantidad de las distintas prestaciones comparando datos del último bienio:

Cuadro 3 – Comparativo de Pasividades

Claramente la caída en cantidad de prestaciones es muy importante, siendo el caso de los subsidios transitorios el más destacado con una caída del orden del 44%, producto entre otras cosas de los injusta medición de discapacidades a través de los Baremos no sólo en relación con las condiciones socio-económicas, laborales, educativas y geográficas, sino también en relación al conjunto del sistema.

Estas disminución de la cantidad de prestaciones se explican fundamentalmente por la caída de las altas (nuevas pasividades otorgadas). El ejemplo de las altas de jubilaciones en los últimos años es demostrativo:

Cuadro 5.- Altas de jubilaciones

También el monto promedio de las pasividades, en términos reales, viene sufriendo las consecuencias, como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.- Monto promedio ( pesos en términos reales) a Octubre de cada año

Se puede afirmar que el promedio general está estancado a valores de 1998, verificándose caída particularmente en el rubro más importante, jubilaciones.

2.2.- Perspectivas de las pasividades del BPS.-

En el reciente Seminario de Actuarios y Estadísticos de la AISS realizado el 21-22/11 en Montevideo con el BPS, se presentó un nuevo informe sobre las perspectivas a largo plazo del régimen de reparto del BPS. El Cdor. Luis Camacho, Gerente de la Asesoría Económica y Actuarial ("Efectos financieros de la contracción del primer pilar del nuevo régimen previsional mixto uruguayo"), confirma lo que adelantamos hace 6 años respecto a la caída de las jubilaciones y pensiones con el nuevo sistema: la disminución de las tasas de reemplazo o de sustitución (o sea el porcentaje de jubilación en relación al salario) y el aumento de años usados para calcular (de últimos 3 a últimos 10 o mejores 20), significan una rebaja del 15 % en el porcentaje promedio de jubilación

Por otra parte, el aumento de 30 a 35 años de trabajo para jubilarse, más el aumento de años de 55 a 60 para las mujeres, más el aumento de requisitos para jubilarse (eliminación de testigos y otras pruebas documentales, exigiéndose registro y aportación al BPS), significarán una rebaja del 18,7 % de la cantidad de jubilados que se hubieran dado por el viejo sistema.

Y concluye: "Por lo tanto el nuevo sistema de reparto contraído tendrá en el largo plazo una disminución en sus prestaciones totales del orden del 48,17 % respecto a las que se hubieran generado en el sistema anterior".

Claro, esto contribuye a disminuir el déficit... Véase en Capítulo 6 nuestras propuestas prioritarias.

2.3.- Breve sobre situación de prestaciones de actividad.-

Si bien tampoco existe información publicada posterior a diciembre del 2000, sobre el importante programa de Asignaciones Familiares en los boletines estadísticos del BPS, información disponible por Directorio permite señalar una caída en el número de beneficiarios entre esa fecha y agosto 2001, de 62.000 menores (421.448 y 358.735, respectivamente). La caída es tanto en menores de trabajadores formales (ley vieja, 15.084) como en beneficiarios de la nueva ley de extensión Nº 17.139 (48.000 y 14.000 menos, respectivamente). Más allá de las circunstancias, este dato es absolutamente contradictorio con la necesidad de políticas sociales para paliar la infantilización de la pobreza.

En el marco de la histórica desocupación, el Seguro de Paro alcanza récords históricos: en octubre, 5° mes seguido por encima de 33.000 beneficiarios. No obstante ello, este subsidio alcanza sólo al 17 % promedio del total de desocupados (230.000 para el total del país). Asimismo aparece un nuevo sector de desocupados: los desalentados o desesperanzados que son 50.000 personas que han dejado de buscar trabajo y ya no integran las estadísticas de desocupados. Los desocupados son principalmente los pobres: un reciente informe del Banco Mundial (N° 21262 – UY), señala que el 20 % más pobre sufre un 35,7 % de desempleo, contra un 6,7 % en el 20 % más rico. En el mismo documento del BM, se concluye que "En el contexto uruguayo, sin embargo, la rigidez (del mercado laboral) por lo general parece ser de poca envergadura y aparentemente no es la causa principal del desempleo" Contundente afirmación, más aún por lo insospechable de la fuente.

Mientras tanto, aumenta el promedio de semanas de demora en conseguir nuevo empleo para los desocupados, bajan las condiciones reclamadas por los solicitantes de empleo, baja la calidad del empleo, pese a su importancia es insuficiente el programa de reconversión laboral de la Junta Nacional de Empleo y las remuneraciones e ingresos de los hogares también caen. Los trabajadores mayores de 50 años, crecientemente emigran o se desocupan (en los últimos 18 meses, los desocupados en seguro de paro mayores de 50 crecieron porcentualmente el doble que los menores de 29) y hoy detectamos 21.000 sin trabajo, sin seguro de paro y sin derecho jubilatorio. Simultáneamente, se restringe administrativamente por el BPS aún más de lo previsto en el decreto, la extensión del beneficio al sector rural.

En general, los jóvenes, las mujeres y los pobres, son igualmente, los más perjudicados.

Mujeres jefas de hogar, madres adolescentes, viudas solas, jóvenes inactivos, jubilados, pensionistas y personas mayores pobres, son sectores crecientemente prioritarios también necesitados de Políticas Sociales.

3.- EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

3.1.- En el BPS.-

En un reciente documento de la Ec. Anna Caristo, de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS (11/2001), titulado "Evolución de la perspectiva de los recursos del BPS: período 1990-2000", publicado en el Boletín Estadístico Nº 182, al concluir afirma: "Además, si se recuerda que en el año 2000 ya el 44% del total de recursos del BPS proviene de tributos no recaudados directamente por el organismo, se podría plantear una interrogante acerca del grado de autonomía desde el punto de vista financiero del instituto de seguridad social. Otra pregunta que cabría formularse es cómo estos cambios significativos en la estructura del financiamiento alteran la función redistributiva del sistema de seguridad social uruguayo".

Una conclusión para muchas reflexiones necesarias para el país y la seguridad social.

Resumimos, a partir de sus datos:

Cuadro 6.- Financiamiento de la Seguridad Social

Observamos que en el financiamiento del BPS, la suma de aportes obreros y patronales caen del 81,6 al 55,7% entre 1990 y 2000, y por otra parte, en el mismo período, la suma de asistencia neta de Rentas Generales más IVA suben del 18,4 al 44,3%.

Y todo indica que en este año 2001 esta tendencia se mantendrá.

Recordando expresamente, que Rentas Generales se alimenta de impuestos a los consumidores (75% de la recaudación de la DGI es por IVA).

En relación al PBI, mientras los aportes obreros y patronales se mantienen en el entorno al 8%, los recursos provenientes de impuestos suben del 1,8 al 6,7% del PBI, casi se cuadruplican.

Por otra parte mientras los aportes personales, en montos reales, en dólares constantes, aumentan en la década analizada un 59%, los aportes patronales sólo crecen en 13,5%. Pero si se analiza la evolución de las tasas de aportación, de acuerdo al mismo informe de la AEA, los personales aumentan 15 % en los públicos y 15,7 % en los privados en la década, mientras que las tasas de aportes patronales caen un 37,6 % y aumentan 8,3 % en el sector público.

Tenemos en Uruguay uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo: acá paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más.

En un estudio publicado en el "Bulletin for International Fiscal Documentation" (Nº 11-12 de 1996-Volúmen 50), titulado "Reforma Tributaria para el Siglo 21" cuyos autores son J. Owens y E. Whitehouse, expertos en asuntos fiscales de la OCDE -organización de los principales países desarrollados del mundo-, que nos hizo llegar amablemente el Dr. Juan Andrés Ramírez, vemos lo siguiente: la carga tributaria en los países de la OCDE creció del 34 al 38,5% del PBI entre 1980 y 1994 oscilando entre el 30 y el 45% según los países. Pero en esos países el impuesto a la renta personal es el principal. En Uruguay podemos decir que no existe.

En esos países desarrollados, si bien dicho impuesto desciende en su tasa (y aumentan los impuestos al consumo), se ha ampliado el universo a quienes se aplica o se ha prohibido o reducido sus posibilidades de deducción de otras cargas o de progresividad en escala. En 24 países analizados la tasa del impuesto a la renta personal oscila entre el 25% en Suecia y el 60% en Holanda, con 16 países donde supera el 40% y con sólo 2 donde por excepción es inferior al 15%. En cambio el IVA en sólo 4 de esos países supera la tasa uruguaya del 23% (sin considerar el COFIS).

Pero dicho estudio realizado para los países desarrollados o ricos del mundo, nos enseña otras cosas. En ellos el 20% más pobre de la población carga sólo entre el 0,7 y el 10,3% de toda la carga tributaria y el 20% más rico aporta entre el 39 y el 53%.

Seguramente en Uruguay esta distribución es también al revés. En 1989 un estudio privado, quizás el único y más actual desde hace 10 años, realizado por un grupo de técnicos encabezados por el Ec. Carlos Grau (CINVE), reveló que la estructura de los tributos en Uruguay es regresiva y por tanto no contribuye a atenuar la desigualdad de los ingresos disponibles, sino más bien lo contrario. En 1989 el IVA e IMESI representaban el 60% de los ingresos del Gobierno.

Recordemos además, el crecimiento de la pobreza en el país, a partir de la segunda mitad de la década pasada, y en particular la pobreza infantil. Los recientes Seminarios sobre Políticas Sociales (23/8, 20/9 y 8/11), organizados conjuntamente por nuestro Equipo con la Presidencia de la Cámara de Representantes y otros institutos (CELADU, ISODE, ICD, FESUR), así como el informe de la Comisión de Pobreza de Diputados y otros estudios (como el del programa de UCUDAL con Kaztman y Filgueiras o los nuestros sobre "Infancia y Seguridad Social" e "Informalidad y Seguridad Social en Uruguay"), lo confirman.

Podemos adelantar que este tema tributario lo estamos investigando junto a varios institutos, personalidades y la Universidad de la República, con amplitud y de cara a una propuesta alternativa de sistema tributario progresivo, tal cual lo anunciamos en la Propuesta Alternativa de 1999. En el primer semestre del 2002 presentaremos sus conclusiones. Es una investigación de necesidad nacional. Es otra carencia de información oficial del país.

3.2.- En las otras cajas.-

Brevemente, en momentos que se considera en el Parlamento el Proyecto de ley consensuado de Caja Notarial, en que ingresó el no consensuado de Caja Profesional, mientras se discute el de Bancaria y está pendiente el de Militar y Policial, es necesario, hacer alguna reflexión.

En primer lugar, pese a que los intentos no han desaparecido, las reformas de las Cajas Paraestatales, serán sin AFAPs. Esto es un logro de la Seguridad Social, de la lucha de los más diversos sectores de la sociedad y en particular del paraestatal, pero de lo cual no nos sentimos ajenos. Y más allá de aspectos importantes que es necesario considerar, este es sustancial. Los sectores profesionales, universitarios de nuestro país, los de mayor nivel educativo, no quieren las AFAPs. El seguimiento, la permanente actitud crítica y constructiva, la razón, la solidaridad nacional, son parte de este proceso.

Las reformas deben lograr el mayor consenso posible respetando los principios de la seguridad social y su carácter de derecho humano fundamental.

Puntualmente, promovemos el desglose del artículo 87 del Proyecto de Ley de Caja Notarial, más allá de la necesidad de regular el mecanismo de traspasos de servicios entre entidades siguiendo el criterio aplicado en los Convenios Internacionales, pero la instrumentación proyectada en dicho artículo como en los respectivos del de Profesionales, es inaceptable.

Por otra parte, el llamado déficit, es creciente en los servicios de retiros militar y policial, del que poco se habla. Es necesaria una reforma para una sociedad que financia regresivamente la seguridad social a través de impuestos al consumo. La relación entre egresos e ingresos en el quinquenio 1996 - 2000 en la Caja Militar aumentó de 4,4 a 4,9. En la Caja Policial, de 3, 6 a 4.1.

En promedio para ambas cajas, por cada peso que ingresa, salen 4,6. La diferencia, se financia fundamentalmente con impuestos al consumo.

Por otra parte, la relación activo/pasivo, es respectivamente 0,85 y 1,34 (en el BPS 1, 89).

4.- INFORMALIDAD, PRECARIEDAD Y UNIPERSONALIZACION.

En el documento ya citado de "Informalidad y Seguridad Social en el Uruguay" elaborado por nuestro Equipo para OIT – Ginebra y FESUR, así como en otros trabajos del Instituto Cuesta- Duarte, el Ciedur, la OIT , etc., se destaca el crecimiento de la precariedad, el subempleo y la informalidad, en la región y en nuestro país.

Como se ha dicho, para fines de 1999, 496 mil excluídos de la seguridad social y 658 mil con problemas de empleo. Cifras alarmantes y seguramente mayores en la actualidad.

La marginalización, los asentamientos irregulares paralelos a la despoblación rural (40 % menos de población en los últimos 30 años), el crecimiento de la vulnerabilidad social de amplios sectores.

Sectores de importante captación de trabajadores como la construcción, el servicio doméstico, las compañías de seguridad, vigilancia y limpieza, presentan altos indicadores de informalidad, precariedad y evasión. Recientes datos del BPS muestran que de 159 empresas de seguridad y vigilancia existentes, inspeccionadas 66 de ellas, se encuentran irregularidades en el 74 %. Similar resultado produce la inspección en el sector construcción. Dos tercios de las trabajadoras domésticas están fuera de la seguridad social.

En los trabajadores por cuenta propia sólo el 7 % tiene cobertura de seguridad social (ERT, 1999).

En este panorama, se fomenta la unipersonalización de los trabajadores. En reciente nota periodística, el Director Ariel Ferrari señalaba su preocupación por una tendencia cada vez más creciente de cambiar la condición de obrero o empleado dependiente al de supuesta empresa unipersonal, amparado en la legislación de la reforma previsional (art. 178 de ley 16.713) que bajo determinadas condiciones permite efectuar reestructuras convenidas con los trabajadores. Señala que en diversas áreas laborales, primero se debilitan las agremiaciones de trabajadores y luego se los pasa a unipersonales bajo presión de quedarse sin empleo, con el incentivo a las empresas que otorga el marco legal para disminuir el pago de impuestos y contribuciones al BPS.

Un ejemplo: Ferrari consignaba que en reunión del Directorio se detectó una situación de traspasos masivos de empleados dependientes a empresas unipersonales en una misma empresa privada de servicio de transporte y distribución de correspondencia nacional e internacional de encomiendas y valores que ahora tienen a la casi la totalidad de los mensajeros (47) y los choferes repartidores (58) como empresas unipersonales.

A pesar de los informes de inspectores, sala de abogados del BPS y jerarquías administrativas, por mayoría, el Directorio del BPS decidió que estos empleados eran unipersonales. Siguen haciendo los mismas tareas que cuando eran dependientes de la empresa, cumplen horario, reciben órdenes de superiores, usan el uniforme de la empresa, y son controlados en cuanto a la asistencia y también reciben sanciones. Si llegan a perder un valor, no asumen el riesgo, ya que el seguro de la mercadería que transportan lo hace la empresa contratante. Además de esa ajenidad hacia los riesgos, también existe ajenidad en cuanto al resultado de las utilidades, ya que el producto de su trabajo no lo cobra el trabajador, sino que quien fija la remuneración es la contratante.

La disminución de costos laborales por todo concepto que representa la unipersonalización para cada sueldo nominal para las empresas es notorio. Siendo así analizamos el tema de recaudación del Banco de Previsión Social y nos encontramos que la pérdida de ingresos del fondo de seguridad social oscila entre 1,7 % para un salario nominal de $ 4.000.- a 83,3% para un nominal de $ 25.000.-

Por otra parte, el trabajador transformado en unipersonal, para los mismos montos salariales, pierde entre un 47 % y 90 % de su futura jubilación, considerando el actual aporte mínimo como unipersonal con cuota mutual ( $ 2.061,- mensuales)

A ello debe agregarse la pérdida de sus derechos laborales y de seguridad social. La unipersonal no tiene derecho a horario, despido, ajuste salarial, licencia, salario vacacional, aguinaldo, asignación familiar, seguro de paro, etc.

Un reciente informe del BPS confirma estas afirmaciones que nuestro Equipo viene realizando desde 1994. Entre enero del 96 y julio de este año, hay 16.465 unipersonales más, totalizando 40.324 en todo el país registradas en BPS. El crecimiento es, del orden del 70%, destacándose el crecimiento en Montevideo (120%). En dicho informe se estudiaron 4.135 casos de empresas unipersonales de los cuales 2.641 iniciaron actividades unipersonales con posterioridad al cese de los mismos trabajadores como dependientes. Antes se aportaba por 32 millones de pesos (en términos corrientes), ahora aportan por 6 millones de pesos. Esto estaría implicando una pérdida de recaudación para el BPS del orden de los 730 mil dólares mensuales, sólo por estos casos, destacando el propio informe que este es un cálculo conservador.

A partir de estos datos, los servicios del BPS destacan la baja del imponible patronal de las pluripersonales y patronales de empresas con personal y la de los dependientes, en relación al monto imponible de las unipersonales, calculando los servicios que la pérdida de recaudación del BPS estaría en el orden de los 5 millones y medio de dólares por mes, comparando enero/96 con julio/2000.

5.- LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS, SIN LEYES, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS DERECHOS LABORALES

No es la primera vez que escribimos sobre esto, ni los únicos. Ha sido y es una preocupación constante de nuestro Equipo en el BPS.

Es lo que estamos llamando la reforma administrativa, de a poquito, de la seguridad social , sin necesidad de leyes debatidas en el Parlamento, incluso a veces, sin necesidad de discusión en el Consejo de Ministros para emitir un decreto, por simple resolución de leve mayoría en el Directorio del BPS, o sin siquiera eso: por simple resolución gerencial administrativa, que luego esa misma mayoría, convalida.

Y queremos alertar a las autoridades de los distintos poderes en el país.

Veamos algunos ejemplos.

a.- Facilitamiento de crear supuestas unipersonales: desarrollado en el punto anterior, por simple resolución del Directorio en mayoría, contrariando las opiniones de inspectores, Sala de Abogados y gerencia administrativa.

b.- Pérdida de derechos de seguridad social: Acá podemos poner varios ejemplos.

b.1.-Un decreto reciente, extendió parcialmente el seguro de paro al sector rural, ampliamente difundido como un avance, incluso por nosotros mismos, pero principalmente por fuentes gubernamentales. Sin embargo una resolución inicialmente gerencial y luego avalada por la misma mayoría del Directorio del BPS, dejó a centenares de trabajadores destajistas rurales de Bella Unión sin ese seguro de paro, cuando para muchos ya estaba la orden de pago. Fue motivo central de la movilización del PIT–CNT del pasado 29.

b.2.- La ley 16.713 de seguridad social establece como requisito para otorgar jubilaciones y pensiones, el estar registrado en la Historia Laboral. Pero nada dice de que tengan que existir obligatoriamente aportes ni tampoco dice nada de que haya que estar registrado (y menos aportado) para recibir prestaciones de actividad, como el seguro de paro, la asignación familiar, el seguro por enfermedad o el subsidio por maternidad.

Sin embargo el BPS, de hecho, exige para todo, casi siempre, registro y aportes.

Incluso contrariando dictámenes de organismos de alzada como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En la construcción, el BPS sólo le paga a los trabajadores su aguinaldo, licencia y salario vacacional, según lo aportado por las empresas, contrariando la ley y un dictamen del TCA concreto.

En el sector rural, durante todo este año 2001 por decretos sucesivos, se postergó el pago de aportes al BPS. Tampoco las empresas rurales presentaron las planillas (nominadas) con sus trabajadores al BPS en inmensa mayoría. Por lo tanto muchos trabajadores no aparecen registrados. Y de ellos, muchos, han debido peregrinar y buscar registros para poder obtener un subsidio por enfermedad o el nuevo seguro de paro. Sólo se les ha respetado el derecho a asignación familiar sin registro.

b.3.- A partir de lo que el BPS exige, es necesario fijarse en registros y aportes para obtener una jubilación o un seguro de paro. Pero resulta que a veces las empresas se equivocan con la información que entregan al BPS y entonces, las empresas tienen derecho a hacer una rectificación (las rectificativas). Y entonces a los trabajadores se les tranca, o se les reclama un pago indebido, por un error de la empresa o del BPS.

b.4.- La misma Ley 16.713 obliga al BPS a entregar por lo menos una vez por año la Historia Laboral a los trabajadores: No lo está haciendo el BPS debidamente. La información disponible en Historia Laboral no está totalmente consolidada, tiene carencia, no se notifica debidamente a los trabajadores, en algunos casos se hace como un trámite más cuando un trabajador viene a hacer cualquier trámite al organismo o cuando la solicita personalmente, sin la debida campaña informativa de lo que significa esta notificación ni de los derechos y obligaciones que genera (por ejemplo, que si la información recibida de su Historia Laboral, es incorrecta, tiene 6 meses para reclamar y que si no lo hace, la información incorrecta queda como correcta y es la que determinará sus derechos). Administrativamente, otra vez, se afecta un derecho legal.

c.- El ahorro financiero por demora o pagos de prestaciones en cuotas.

c.1.- Objetivamente se está produciendo un aumento en la demora de casi todos los trámites de prestaciones en el BPS en los últimos tiempos. Algo en lo que se había mejorado. Por ejemplo, por no aparecer registros o aportes, como se ha dicho, se generan los llamados expedientes "B", a la espera de información para jubilar una persona. O se paga por el monto de un Salario Mínimo Nacional, a la espera de la información que aparecerá o no... Pero, además se acaba de resolver que los primeros haberes a cobrar, cuando por ejemplo se da una nueva jubilación o pensión o una reliquidación, ahora se paga, desde setiembre, en 4 cuotas, sin reajuste ni intereses. Había sido destacado como un logro, que estos haberes retroactivos (los llamados no mensuales) se pagaran en un solo pago, y lo era, corrigiendo un viejo método de pagar en cuotas. Ahora se ha retrocedido. Aumenta la demora de los trámites y simultáneamente a la gente se le paga en cuotas... Esto último significa un ahorro financiero para el BPS de 500 mil dólares.

c.2.- La administración (el BPS) puede cometer errores. De hecho y de derecho. Es posible y razonable. Pero lo que no puede ser es que luego de resolver en Directorio que se descontaría en cuotas de hasta un 10 % de la prestación, por resolución administrativa (o innacción para corregir) a mucha gente, se le haya descontado todo. Viene a cobrar, y no cobra nada... Sin perjuicio, de que muchas veces se cataloga como "cobro indebido" lo que en realidad es pago indebido por el BPS, que es el responsable y quien decide...

c.3.- La demora administrativa, de trámites, de certificaciones médicas para otorgar jubilaciones y pensiones por discapacidad. Meses... Los subsidios transitorios por incapacidad parcial para el trabajo habitual (esos que se otorgan hasta por 3 años con más de 50 % de discapacidad) han caído a la mitad en el último año. Aunque en este tema se vislumbran mejoras que esperamos que se concreten.

Todas estas cosas explican algunas de las prestaciones menos que el BPS está otorgando, jubilaciones o asignaciones familiares por ejemplo.

Sólo en los primeros 6 meses de este año, el BPS pagó 49 millones de dólares menos en prestaciones.

En todos estos asuntos, los representantes de trabajadores y jubilados en el Directorio del BPS, han actuado conjunta y coherentemente, en defensa de los derechos de seguridad social y laborales, de la competencia leal entre empresas y resguardo del financiamiento de la seguridad social. En ocasiones, han tenido incluso el apoyo, de algún Director político, pero la mayoría manda. Esperemos que exista una reflexión y una vuelta al cauce.

Respetamos y respetaremos todas las opiniones. Y cuando se quiera promover un cambio legal, estaremos en acuerdo o desacuerdo, discutiremos, pero respetaremos. Lo que no nos parece correcto es modificar por resoluciones administrativas lo que no corresponde. Y menos aún cuando se afecta la justicia.

6.- LAS PROPUESTAS PRIORITARIAS

La Propuesta Alternativa de reforma del sistema de seguridad social presentada en setiembre de 1999, está cada día más vigente. No obstante, y entretanto puedan instrumentarse los cambios estructurales allí propuestos, son necesarias algunas medidas que consideramos prioritarias. Proponemos a la consideración pública, como ya lo hiciéramos recientemente en el Seminario del pasado 8 de noviembre, en el marco de una propuesta de Política Social Solidaria e Integradora, las siguientes:

• Flexibilidad de acceso en general a jubilaciones establecidas por ley 16.713: rebaja a 30 años de trabajo para jubilación común, rebaja a 65 años de edad para jubilación por edad avanzada.

• Extensión de asignaciones familiares a hogares pobres con atención de salud materno infantil en BPS (mejora progresiva de ley 17.139 y reglamentaciones). Se proponen 3 alternativas con un costo estimado entre 35 y 95 millones de dólares para el amparo de 100.000 a 200.000 menores pobres.

• Estímulo a reinserción de desocupados , con flexibilidad de acceso y mejora de prestación del seguro de paro para sectores prioritarios: cincuentones, mayores de 40 con problemas de empleo, mujeres jefas de hogar, desempleados de larga duración, desocupados desesperanzados, rurales (mejora del decreto 211/001). Extensión del seguro de paro hasta por 30 meses a empresas cerradas o con reducción de personal superior al 50 % con informe preceptivo del Directorio del BPS con mayoría especial de 5 votos. Reducción a 6 meses del período intermedio de actividad para reingreso al subsidio, generación del derecho con 150 jornales en 24 meses para temporarios, zafreros, destajistas y similares.

• Correcta aplicación de los principios y normas de derecho laboral y de seguridad social, contra la política administrativa y reglamentaria de desprotección y facilidad para la evasión y afectación de la recaudación del BPS (ejemplo: actual fomento de la unipersonalización y precariedad).

• Oficinas especializadas de asesoramiento a los diversos sectores vinculados al BPS, transparencia de información, mejora de su política de fiscalización y recaudación, cumplimiento de obligaciones en Historia Laboral (registro, notificación, reconstrucción) y de plazos de trámites.

• Regularización de irregularidades en organismos públicos.

• Reforma de la leyes llamadas de "fomento" de Empleo Juvenil (16.873, 17.230 y similares) mediante incentivos no desprotectores de derechos laborales y de seguridad social de los jóvenes trabajadores y estudiantes.

• Promoción de guarderías en enseñanza secundaria para hijos de adolescentes.

• Régimen especial de retiro por cierre de empresas combinando extensión especial de seguro de paro y régimen jubilatorio: jubilación proporcional anticipada a mayores de 55 años con 35 años de actividad; autorización a reconocimiento de años sin actividad efectiva con aportes realizados por convenio colectivo, empresas, subsidio estatal o Fondo Solidario de trabajadores de altos ingresos.

• Elevar a un mínimo de 10 Unidades Reajustables ($ 2.080.-) el monto de las actuales jubilaciones de personas pobres (Aprox. $ 500.-/mes por jubilado/a) y prima por edad a los mayores de 70 años.

• Derogación del descuento del 1 % a jubilados de industria y comercio.

• Intensificación de construcción de viviendas para jubilados y pensionistas, en base a fondos existentes desde 1987.

• Reforma progresiva de los topes de prestaciones de seguridad social de actividad y de pasividad y de los topes y fictos de contribución.

• Atención integral de salud a personas de bajos ingresos: beneficiarios de cuota mutual imposibilitados de uso del sistema por altos costos de órdenes y tickets, inclusión en un sistema integral de sectores laborales afectados por informalismo y precariedad.

• Humanización de actuales Baremos de discapacidad atendiendo situación médica, socio-económico, geográfica y educativa de las personas y hogares y atención de salud por "Disse" de estos beneficiarios (reforma de decretos 381 y 382/98 y resoluciones del BPS sobre implementación y topes de ingresos familiares). Permanencia y extensión del PROCLADIS (programa de formación e inserción laboral de personas menores de 39 años con discapacidad) a nivel nacional. Correcta aplicación de normativa en actividades bonificadas.

• Proyecto de ley de refinanciación de aportes personales (además de patronales) a la seguridad social, para empresas en situación crítica, separando aportes a BPS de aportes a AFAPs. Garantizando derechos de los trabajadores, facilitando la recuperación de recaudación del BPS y la regularización de empresas en crisis. Se propone que las deudas de aportes sólo BPS se refinancien en UR, aplicando sí el total de multas y recargos sólo por las deudas de aportes personales destinados a las cuentas individuales a las AFAPs.

• Extensión con mejoras de la Ley de Monotributo (17.296) a otros sectores similares de actividad de bajos ingresos.

• Reimplantación del régimen progresivo de aportación por cantidad de hectáreas en el sector rural combinado con la productividad según el principio establecido en ley 15.852 de 1986 (mayor porcentaje de aportación a mayor cantidad de hectáreas).

• Creación de un ámbito de coordinación interinstitucional y de un sistema nacional de información estadística consolidada de todas las fuentes de información sobre políticas sociales.

(Nota: definimos pobreza: INGRESO FAMILIAR 24 UR)