Una perspectiva viable

Introducción

La construcción de un sistema de prestaciones sociales de carácter público ha sido uno de los grandes avances logrados por la sociedad de los países europeos en el anterior siglo. La cobertura de necesidades básicas de la población con prestaciones económicas o, servicios, ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos europeos y, ha devenido en una seña de identidad del modelo social y económico de la Unión Europea.

España, aunque más tarde y todavía con menor intensidad de la media comunitaria, también ha accedido al modelo social europeo. En los últimos veinticinco años se han desarrollado un amplio número de prestaciones públicas de acceso individual pero con carácter colectivo: sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo y enfermedad común y profesional, y servicios sociales.

Siendo importantes todas las prestaciones sociales, las pensiones absorben el principal protagonismo por volumen de recursos. Este es uno de los motivos por el que desde hace algún tiempo, la viabilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en un tema de controversia cíclica en los medios de comunicación. Así, en el periodo 1993-1996 se publicaron varios informes con conclusiones muy pesimistas para el año 2030, anunciando ya un déficit para el año 2000. Afortunadamente, la realidad no ha seguido ese rumbo y la situación financiera de la Seguridad Social española en general y el sistema de pensiones en particular es bastante solvente en la actualidad.

Hoy en día hay acuerdo casi generalizado sobre la viabilidad del sistema hasta el año 2025–2030, pero han aparecido algunas voces anunciando para el 2050 un horizonte bastante sombrío, cuando no insostenible. Peor conclusión, si cabe, se obtiene de los mensajes en los medios de comunicación de las entidades financieras y aseguradoras, en los que se transmite al espectador la casi obligada adscripción a un plan de pensiones adicional si se quiere disponer de una renta digna en el momento de la jubilación, ya que en su opinión, el actual sistema público no la podrá garantizar.

Las pensiones son uno de los temas de mayor interés e inquietud para la población por sus intensas repercusiones sociales y económicas. En este momento más de ocho millones de personas obtienen su renta principal, mayoritariamente la única, del sistema de pensiones público de reparto y dieciocho millones de personas activas en el mercado laboral esperan acceder a este derecho en un futuro más o menos próximo. Por otra parte, la conversión del actual sistema de reparto en uno de capitalización generaría a las entidades financieras y aseguradoras comisiones de gestión por un valor superior a 1.800 millones de €uros cada año.

Por estas causas, conocer la situación actual del sistema de pensiones y disponer de proyecciones fiables sobre su futuro ayuda a obtener conclusiones sobre el modelo a seguir: público de reparto, privado de capitalización o uno mixto con distintas posibilidades de combinación de ambos componentes.

Desde la teoría económica, los sistemas de pensiones deben cumplir con dos objetivos básicos: colaborar a la eficiencia económica y social en la asignación de recursos y, a reducir la incertidumbre de la población limitando los riesgos en la toma de decisiones durante toda la vida.

Los defensores de los sistemas privados de capitalización suelen utilizar como argumento casi único la falta de viabilidad financiera del sistema público de reparto. Partiendo de su presumible quiebra, enarbolan las ventajas de su modelo: fomento del ahorro global de la economía frente a los efectos perniciosos de los sistemas de reparto sobre la actividad económica, y superior rentabilidad para los beneficiarios.

A diferencia de los sistemas de reparto, vigentes en Europa durante más de un siglo, los sistemas de capitalización constituyen una opción relativamente nueva, por lo que en la práctica todavía no se conocen todas sus virtudes y defectos. Así, la experiencia en Latinoamérica está desmintiendo los teóricos resultados positivos sobre el ahorro global, anunciados antes de su aplicación con carácter mayoritario en un buen número de países. Después de un prometedor inicio, su aportación al ahorro agregado de la economía se ha desinflado, incluso antes de soportar el impacto negativo de alcanzar el punto de maduración en el que empiezan a percibir las prestaciones un gran número de beneficiarios. Por el contrario, este corto periodo de tiempo ha sido suficiente para comprobar la expulsión del aseguramiento privado de un número importante de trabajadores al no poder mantener sus aportaciones, fundamentalmente por estar en desempleo.

Este tipo de sistemas previsión tiene también una sensible debilidad ante la inflación, incluso aunque ésta sea reducida. Habitualmente, las prestaciones percibidas no son revalorizables, por lo que son erosionadas de forma permanente por la evolución de los precios durante todo el periodo de vigencia de las mismas (dieciocho años en España = 36% con un IPC del 2%). Una debilidad ante los precios a la que sumar su incapacidad para garantizar una renta vitalicia.

Los sistemas de capitalización tampoco son inmunes al fenómeno del envejecimiento de la población, pudiendo incurrir en graves pérdidas si no se han utilizado las previsiones adecuadas que pueden afectar a los beneficiarios de la prestación y a los trabajadores en activo participes de los planes.

Estos sistemas no están exentos tampoco de riesgos en la gestión, pudiendo no alcanzar la rentabilidad esperada o, incluso incurrir en quiebra. De hecho la teoría económica marca el límite de rentabilidad de un activo a largo plazo en la capacidad de crecimiento de la economía del país lugar de la inversión. En estas condiciones sus ventajas se igualan a las que tienen los sistemas de reparto. Así, la búsqueda de lugares con mayores tasas potenciales de crecimiento en países menos desarrollados, suele llevar aparejada una prima de riesgo en muchas ocasiones excesivamente alta (riesgo – país), creando una situación contradictoria con el necesario principio de seguridad de la inversión.

Mc Morrow y Roeger apoyan la ventaja de los sistemas de capitalización sobre los de reparto en atribuir a los primeros una mayor tasa de rendimiento en el futuro respecto a los primeros. Para demostrarlo utilizan la tasa media de rentabilidad del periodo 1965-1995 (+5 ¼ %), a pesar de considerar muy difícil predecir a priori el efecto del envejecimiento de la población sobre la tasa real de interés. En términos homogéneos, la previsión futura de los recursos financieros disponibles por un sistema de reparto deberían hacerse utilizando también el crecimiento del PIB de las últimas tres décadas, muy superior al +1,6% utilizado en los documentos del ECOFIN (En España el +5,5% anual acumulativo real). Sin embargo, los autores optan por el escenario más pesimista aunque manejan la posibilidad recogida en los modelos ortodoxos de que a consecuencia de la menor disponibilidad de mano de obra se intensifiquen las inversiones en capital y, por tanto, se potencie la capacidad de alcanzar superiores crecimientos económicos.

 



Los sistemas de capitalización no garantizan una superior creación de riqueza a medio y largo plazo. Su incidencia positiva sobre la tasa de ahorro se limita al periodo previo a la maduración del sistema de pensiones (rescate de aportaciones igual o superior a los nuevos ingresos).

Cualquier sistema de pensiones se basa en la transferencia de renta desde la población activa hacia la población pasiva. En el sistema de reparto la transferencia es transparente, los trabajadores en activo pagan una parte de su salario, las cotizaciones sociales, para afrontar el gasto de pagar las pensiones. En los sistemas de capitalización, la transferencia es menos clara pero idéntica: los trabajadores en activo deben comprar los activos que necesitan vender las personas laboralmente pasivas para poder percibir su pensión. Las pensiones en cualquiera de los dos sistemas dependen de la generación de renta suficiente, de la tasa de crecimiento económico. Los problemas de financiación de los sistemas de pensiones afectarían tanto a los de sistema de reparto (pay as you go) como a los de capitalización (found system). En los primeros habría menos dinero para repartir pero los segundos tendrían graves problemas para generar una rentabilidad adecuada al ser mas difícil vender los activos financieros necesarios para pagar a los nuevos pensionistas.

Por último, los costes de gestión de los fondos de pensiones respecto a la cantidad gestionada son demasiado altos (2,5%), por lo menos respecto al sostenido por el sistema de reparto español (0,80%).

El principio básico del sistema de reparto es el crecimiento de la riqueza creada por una sociedad. Desde este criterio, siendo conscientes de su sensibilidad a problemas asociados con el número de cotizantes (empleo) y el envejecimiento de la población, en contraposición a la críticas no demostradas en la realidad, el sistema público de reparto influye positivamente en una óptima asignación de recursos a nivel macroeconómico, incluso en términos de ahorro agregado. El sistema de reparto dota a la demanda interna de estabilidad en el largo plazo al limitar el riesgo de los ciudadanos a la hora de adoptar múltiples decisiones. Su aportación para reducir la incertidumbre durante toda la vida del ciudadano permite potenciar el crecimiento económico al adoptar decisiones sin presiones añadidas. A la vez, este tipo de sistemas limitan los costes sociales generados por una desequilibrada distribución de renta.

El sistema público de reparto tiene la capacidad de redistribuir la renta entre generaciones. En las sociedades desarrolladas, las pensiones generadas por las personas que finalizaron su vida laboral son pagadas por los trabajadores en activo, disponiendo para asumir las obligaciones de un nivel de riqueza superior al del momento en el que trabajaban los actuales perceptores. Pero además, este tipo de sistema redistribuye la renta entre distintos colectivos y sectores de actividad, ya sea por el establecimiento de topes mínimos y máximos en las aportaciones y prestaciones, como por la pérdida de capacidad de algunas actividades económicas para mantener el empleo. A la vez, su funcionamiento bajo el principio de caja única introduce un factor básico de redistribución de renta a nivel territorial, de especial importancia en el estado español.

Situación pensiones en España

En España, al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, el principal sistema de pensiones es público y de reparto. Este sistema es mayoritario y suele ser la única fuente de renta de la población jubilada, aunque desde 1986, con carácter complementario, está acompañado por sistemas privados construidos bajo el principio de capitalización en sus distintas versiones individuales o de empleo. Estos sistemas no acumulan hasta la fecha un volumen importante de recursos, pero dentro de su escasa presencia, el desarrollo ha sido superior en su componente individual que en el relacionado con la negociación colectiva.

Con sus carencias y problemas, el sistema público de pensiones español ha mejorado sustancialmente en las tres últimas décadas, tanto en el acceso a prestaciones como en la cuantía media de las mismas. Una mejora general conjugada con medidas para controlar la pendiente de la curva de crecimiento del gasto. Sin embargo, todavía necesita mejorar en distintos aspectos para converger con los vigentes en los países más avanzados de la Unión Europea.

 



El conjunto del sistema público de pensiones español ha pagado en el año 2001 por todos los tipos de prestaciones una cantidad equivalente al 10% de su PIB, uno de los porcentajes más bajos en la Unión Europea (13% del PIB de media). Nadie puede considerar peligrosa la situación actual. Muy al contrario, la preocupación debe concentrarse en la insuficiente cuantía de las prestaciones para un número elevado de beneficiarios.



El sistema de pensiones contributivo en España está compuesto por tres pilares. Uno principal, colectivo de reparto (pay as you go) y gestión pública, en el que están incluidos de forma obligatoria todos los trabajadores en activo. Uno segundo, complementario de carácter también colectivo creado en la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios que funciona bajo el criterio de capitalización (funded) y gestión privada. El tercero, de acceso totalmente individual y también de capitalización y gestión privada.

Pensiones Públicas España
Tipo de pensión	En % del PIB
Pensiones contributivas Seguridad Social	8,4%
Pensiones contributivas empleados públicos	0,7%
Pensiones no contributivas Seguridad Social	0,3%
Otras prestaciones asimiladas a pensiones	0,5%

La financiación de los tres segmentos es diferente. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social, el mayor de los mismos, se financia con las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores (en 2001 ha tenido un excedente de 2.260 millones de €uros à 4,2% del gasto total).

Las pensiones de los empleados públicos y las no contributivas (asistenciales) de la Seguridad Social se financian en su mayoría con impuestos.

Del total del gasto español en pensiones públicas, el dirigido a pensiones contributivas se limita al 9,28% del PIB. El porcentaje se reduce hasta el 8,43% de la riqueza global del país si se concentra la observación en el sistema de Seguridad Social, excluyendo las pensiones correspondientes a clases pasivas de funcionarios. Dado que éstas últimas se financian con un sistema especial y el número de beneficiarios parece estancado, incluso descendente a medio plazo, el presente texto se concentrará en las pensiones contributivas de la Seguridad Social, intentando demostrar la viabilidad del actual sistema para los próximos cincuenta años cumpliendo unas determinadas condiciones.



 

 



 

 



 

Los recursos utilizados el año 2001 en este segmento (54.767 millones de €uros à 9,112 billones de pesetas) son el resultado de afrontar el pago mensual de 7,675 millones de pensiones con una cuantía media de 502,02 €uros al mes percibidas en catorce pagas (83.529 ptas). El número de pensiones es 1,13 veces la población mayor de 65 años y la cuantía media de la pensión 1,16 veces el Salario Mínimo Interprofesional, aunque el 67% de las pensiones (5,1 millones) son inferiores a 75.000 pesetas al mes.

Uno de los elementos característicos del actual sistema es la disparidad en la cuantías percibidas dependiendo del régimen de cotización de origen y el tipo de prestación. Como ejemplo, la media de pensión asciende a 520 €uros al mes (86.520 ptas) excluyendo las provenientes del SOVI. La pensión media del régimen general es de 593,20 €uros/mes (98.700 ptas) y la de los trabajadores autónomos de 363,61 €uros/mes (60.500 ptas). La pensión media de jubilación es de 563,75 €uros (93.800 ptas) y la de viudedad de 348 €uros al mes (57.900 ptas), y ésta última es todavía superior a los 204 €uros (34.000 ptas) percibidas en concepto de orfandad.

En todo caso, ninguna de las cantidades es desmesurada, como tampoco lo es la media de las pensiones dadas de altas durante el año 2001 procedentes del régimen general en concepto de jubilación: 862,53 €uros al mes (143.513 ptas).

El contexto actual está marcado por algunas prestaciones con cuantías excesivamente bajas y una evolución bastante controlada del crecimiento del gasto originado por las nuevas pensiones. El principal inconveniente procede de la inflación (2,7 en 2001) y aunque afecta al conjunto de la economía española suponer un pago extra para el sistema de 1.200 millones €uros (200.000 millones de pesetas), de los cuales la mitad se consolida para el futuro.

La situación financiera de la Seguridad Social ha mejorado sustancialmente hasta alcanzar su segmento contributivo un superávit de 3.580 millones de €uros en 2001 (595.000 millones de pesetas). Los ingresos obtenidos por medio de la cuota por contingencia comunes y accidentes de trabajo son suficientes para pagar todas las pensiones contributivas y las prestaciones económicas por incapacidad temporal, y generan un excedente de 7.600 millones de €uros (1,2 billones de pesetas), si se excluyen los pagos en concepto de complementos a mínimos.

La mejora financiera del sistema ha sido consecuencia de la buena situación económica disfrutada desde 1995, pero también de las medidas adoptadas desde 1985. El Pacto de Toledo firmado por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario supuso un espaldarazo al sistema español de Seguridad Social. Más tarde (1996), el acuerdo sellado entre el Gobierno, CC.OO. y la UGT, concretó buena parte de las propuestas incluidas en el Pacto de Toledo. El reciente acuerdo firmado en abril del presente año por CC.OO., CEOE y Gobierno refuerza los cimientos para el futuro.

 

 

 

 

1. Previsiones para el futuro

Con independencia de los argumentos conceptuales, en muchos casos más cercanos al dogma que a la realidad, es preciso conocer en lo posible la viabilidad futura de cualquier opción, con objeto de preparar con el tiempo suficiente las decisiones necesarias. Un modelo puede ser muy deseable pero imposible de sostener en la práctica, o incorporar costes adicionales que le convierten en una alternativa rechazable.

La variable más inquietante para el futuro es el envejecimiento de la población, un fenómeno a escala europea al que no escapa la sociedad española. La otra causa que incide en el gasto es la cuantía de las prestaciones. La suma de ambos fenómenos dará como resultado el total de gasto en el que se incurrirá para asumir esas obligaciones futuras. No obstante, para poder evaluar su importancia es preciso compararlo con alguna variable significativa, como por ejemplo el nivel de riqueza disponible por la sociedad. El ratio gasto en pensiones / PIB muestra el esfuerzo de la sociedad para sostener el sistema de pensiones.

La proyección de gasto en un sistema de reparto para un periodo amplio tiene serias dificultades, mayores según se amplía el horizonte de tiempo. Anticipar el número de beneficiarios es más factible que la cuantía de las pensiones, al ser ésta última resultante de las vidas laborales: una variable en la que influyen la posibilidad de cotizar (estar ocupado) y los salarios percibidos (base de cotización). Adicionalmente, la pensión percibida también puede modificarse a través de alteraciones en la legislación.

Como punto de partida, se puede utilizar el estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicado en 1995 con un horizonte hasta el año 2030. Este trabajo era el único disponible realizado con las verdaderas carreras profesionales de los trabajadores censados en ese momento.

Después de actualizar las cifras de gasto en términos corrientes hasta el año 2000, la proyección realizada a partir del citado estudio hasta el año 2030 muestra un crecimiento anual en media acumulativa del número de beneficiarios del +1,12% y de la pensión media del +1,68%, ésta medida en términos constantes. Con estos parámetros el número de pensiones a pagar en 2030 pasaría de las 7,664 millones actuales a 10,693 millones, un crecimiento acumulado del +39%. La cuantía media de la pensión aumentaría desde las 483, 71 € mensuales en 2000 (80.483 ptas) hasta las 796,97 € (132.604 ptas) en 2030, ambas cantidades en pesetas constantes del año 2000, un crecimiento real del +64%.

Desde la fecha de publicación del informe se han incorporado modificaciones en la legislación que pueden afectar al nivel de gasto, aunque su influencia tiende a compensarse. La subida de las pensiones mínimas aprobada en 2000 aumenta el gasto del sistema. En el mismo sentido actúa la mejora en el acceso de las personas con contrato a tiempo parcial (1999). Sin embargo, las modificaciones adoptadas en el cálculo de la pensión utilizando criterios más contributivos incidirá a medio plazo en una desaceleración en el ritmo de crecimiento del gasto.

Con estas premisas, se puede realizar una segunda proyección hasta el año 2030, atribuyendo mayor incidencia a los efectos a favor del gasto procedentes de las medidas mencionadas. Con la misma proyección del número de pensiones, el crecimiento anual acumulativo de la tasa de sustitución medida en términos reales se elevaría hasta el +1,9%, provocando una evolución de la cuantía media desde los 483,71 € actuales (80.483 ptas/mes) a los 850,77 € (141.556 ptas) constantes de 2000. Un crecimiento acumulado real del +75% en el periodo 2000-2030.

Con las premisas mencionadas para ambas proyecciones, el gasto resultante en 2030 es de 117.798 y 126.813 millones de €uros constantes del 2000 (19,6 y 21,1 billones de ptas). Esta cantidad tomada de forma aislada no dice demasiadas cosas, y es preciso relacionarla con la riqueza disponible en ese momento.

En los últimos treinta años el PIB español ha crecido el +3,3% anual acumulativo en términos reales (+3% en los últimos veinticinco años). Utilizando un criterio más prudente de futuro crecimiento de la riqueza del +2,5% anual, el gasto en pensiones en 2030 con la primera proyección sería equivalente al 9,49 % del PIB, un esfuerzo adicional de ocho décimas del PIB sobre la actual situación. El gasto con la segunda previsión alcanzaría el 10,12%, +1,47 puntos del PIB superior al gasto actual de 2000. Una situación en ambos casos muy asequible para la sociedad española como muestra que la actual recaudación a través de la cuota por contingencias comunes sea el 10% del PIB.

De ser ciertas estas previsiones, la viabilidad del sistema de reparto con estas características sería cierta hasta el año 2030, una tesis compartida ya por casi todos en este momento, aunque conviene recordar que no lo era hace tan solo cinco años. La buena situación económica disfrutada en el último quinquenio ha ayudado de manera decisiva (?PIB = 4% en el periodo 1997-2000), demostrando la importancia clave que juega la creación de riqueza en el análisis de los sistemas de protección social, en especial en el de pensiones.

Sin embargo, el panorama parece ensombrecerse para un futuro más amplio, sobre todo, por la mayor incorporación de personas a la jubilación debido al envejecimiento progresivo de la población. Así, la previsión de personas mayores de sesenta y cinco años para el año 2050 pasa de los 6,7 millones actuales a 11 millones. Y lo que sería peor de no solucionarlo, su participación en la población española alcanzaría el 32,5% del total. El problema sería doble, mayores obligaciones y menos población activa para asumirlas.

Realizar proyecciones de gasto para un futuro superior a los treinta años contiene dificultades añadidas, al aumentar la dificultad para prever cual será la evolución de las dos variables básicas de influencia. Las complicaciones son mayores para la cuantía media que para el número de pensiones, dado que los posibles beneficiarios de las prestaciones al final de este periodo ni siquiera se han incorporado al mercado de trabajo. Es muy difícil anticipar cual será la estabilidad de la ocupación con su consiguiente influencia en los años cotizados, así como los salarios percibidos y, por tanto, las bases cotizadas.

Una posible vía de aproximación a la cuantía media es la evolución de la productividad aparente del factor trabajo. Esta magnitud parece simple al ser el resultado de relacionar la evolución de la riqueza creada (PIB) y el total del empleo, pero su composición final está influida por múltiples variables (empleo, salarios, organización del trabajo, intensidad del factor capital, situación comparada de los productos nacionales frente a terceros, ...). De esta forma, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, realizar proyecciones certeras sobre la evolución de esta variable para los próximos cincuenta años. Así, un crecimiento idéntico de la productividad puede ser obtenido con distintas composiciones de salario y empleo o, con diferente crecimiento de la riqueza. Sin embargo, este último dato es fundamental para conocer el esfuerzo relativo que hace una sociedad para asumir una determinada cuantía nominal de una prestación.

Por otra parte, la relación entre evolución de la productividad del factor trabajo y cuantía de la pensión no es siempre directa y tiene efecto inmediato. Las cuantías de la prestaciones por pensión no dependen sólo de la productividad sino también de la distribución de la riqueza creada entre el factor trabajo (remuneración de asalariados) y del capital. Además, de en última instancia poder modular el crecimiento mediante la normativa de cálculo.

Por este motivo, cabe hablar más de una simulación del gasto en pensiones hasta el año 2050 que de una previsión más o menos cierta. Podría incluso hablarse de un escenario futuro con posibilidad de ser objeto de consenso social para ese año, apoyado en las siguientes premisas:

1. Un número de beneficiarios calculado a partir de una previsión pesimista de la población mayor de sesenta y cinco años, manteniendo la actual proporción de pensiones (1,13). El número total de pensiones en 2050 sería de 13.881.000 (+80% sobre las actuales) después de un crecimiento anual acumulativo del +1,2%.
2. Una pensión media en el año 2050 de 1.200,00 €uros mensuales constantes de 2000 (200.000 ptas mensuales). Una cuantía más que digna, sobre todo considerando la actual de 483,71 € (80.483 ptas). Para alcanzarla, el crecimiento anual acumulativo de la tasa de sustitución debe ser en media del +1,9%, muy superior a la prevista para el año 1995-2030 por el MTSS.
3. Un crecimiento del PIB del +2,5% anual, objetivo imprescindible para que España no sólo intente la convergencia real con los países de la Unión Europea, sino imprescindible para mantenerse entre los países más desarrollados.

El gasto en 2050 con estos parámetros parece inicialmente como apabullante (234.000 millones de €uros à 38,9 billones de pesetas constantes del 2000). Sin embargo, realizando la proyección del crecimiento de la riqueza, su participación respecto al PIB sería del 11,05%, menos de tres puntos superior a la situación actual. Un esfuerzo sin duda importante, pero sin olvidar que la relación gasto en pensiones / PIB propuesta para dentro de cincuenta años con esta simulación es inferior a la media actual de la Unión Europea.

Dado que la simulación se ha realizado manejando una tasa de envejecimiento de la población difícilmente modificable, toda proyección de gasto para este ejercicio cuyo resultado sea un porcentaje superior del PIB implica alguna de estas circunstancias, o ambas a la vez:

• Un crecimiento de la economía española inferior al 2,5%.

• Una pensión media superior consecuencia de un fuerte crecimiento de la productividad trasladada íntegramente a salario real y, con carácter inmediato a pensión.

En el último año han aparecido algunos informes con resultados del gasto en pensiones en 2050 que oscilan entre el 15% y el 18% del PIB. Una proporción, de ser cierta sin duda insostenible.

El Comité de Política Económica del Consejo de la Unión Europea ha presentado un informe sobre la evolución de los sistemas de pensiones europeos hasta 2050, lo que causa una cierta sorpresa al ser un tema responsabilidad de la Dirección General de Política Social. Los resultados alcanzados para España causan alarma social, no sólo por el porcentaje de gasto previsto (17,7% del PIB) sino por ser sorprendentemente el país con una tendencia superior de crecimiento del gasto en el periodo, hasta el punto de llegar a ser el de mayor gasto sobre el PIB al final de la etapa estudiada.

Constatando la dificultad añadida de realizar un informe que permita obtener conclusiones generales para un espacio tan poco homogéneo en esta materia como es la Unión Europea, un análisis más detallado del documento muestra el uso del algunos supuestos de forma excesivamente radical, cuando no errónea. Así, la fiabilidad de las proyecciones no es demasiado solvente como reconocen los propios autores en el contenido de la nota a pie de página incluida en la primera pagina del informe:

Es importante hacer notar que las simulaciones a largo plazo de este tipo de intentos contienen un considerable grado de incertidumbre (vaguedad). Por un lado, las proyecciones del ratio de dependencia de las personas mayores son bastante robustas. Pero por otro lado, las otras variables demográficas y económicas tienen un alto grado de incertidumbre. Las simulaciones están basadas en una combinación de factores para los que habitualmente no se realizan previsiones a tan largo plazo aunque se ofrecen una panoplia de posibles resultados. Pero, las limitaciones de los modelos demográficos y económicos necesariamente restringen el alcance del análisis. Estas calificaciones deben ser tenidas en cuenta cuando se dibujen conclusiones desde este informe.

Para alcanzar el año 2050 el porcentaje de gasto sobre el PIB concluido en este informe, con un crecimiento medio de la riqueza del 2,5% anual, la pensión media debe crecer el +292% acumulado en términos reales (casi tres veces), pasando de 80.483 pesetas el año 2000 (483 €uros) hasta las 314.996 pesetas en términos constantes del mismo año (1.893 €uros).

La cuantía media de la pensión se dispara aún más si se utiliza la previsión de crecimiento del PIB del Escenario Lisboa cifrada en el +3% de media para el periodo, alcanzando las 358.639 pesetas constantes del año 2000 (2.155 € al mes). Esta cuantía incorpora un crecimiento real de la pensión media del +345% en los próximos cincuenta años, pero lo que es más importante para alcanzarla sería necesario elevar de forma significativa el actual tope máximo de la prestación situado en 300.000 pesetas (1.803 € catorce veces al año).

A partir de considerar algunas variables inamovibles, la previsión de crecimiento de la riqueza en España se limita al +1,78% de media en el periodo 2000-2050. Un porcentaje inferior a la media comunitaria aunque no en demasía, ya que otra de las cuestiones que causa sorpresa del informe, es la pesimista expectativa de crecimiento para el conjunto de la Unión Europea (1,6 %), en contraposición a otros informes comunitarios que fijan como crecimiento natural del PIB a largo plazo alrededor del +3% anual de media.

Como ejemplo de esta afirmación, cada décima de crecimiento adicional del PIB superior al +1,78% anual acumulativo previsto por el ECOFIN disminuye -0,66 décimas el gasto en pensiones con relación al PIB en 2050. De esta forma, la preocupante cifra de gasto en pensiones del 17,7% manejada por el ECOFIN para 2050 se reduce a menos del 16% con un crecimiento del PIB del +2% y, se limita al 12,44% si la riqueza crece en España al +2,5% anual acumulativo en el próximo medio siglo.

La situación financiera provocada en el caso de cumplimiento de la previsión del ECOFIN sería inasumible, sin embargo la creada con idéntico volumen real de gasto pero con un crecimiento del +2,5% del PIB sería perfectamente viable para la economía española.

Han aparecido otros informes durante el año 2000 con una construcción argumental similar y, por tanto con conclusiones idénticas (Banco de España, Herce y Meseguer, Jimeno). Todos ellos comparten un resultado alarmante en cuanto al futuro del sistema en 2050, momento en el cual fijan su quiebra .

Algunos por el excesivo gasto en pensiones en relación al PIB (Banco de España, JIMENO) y otros por prever una insuficiente capacidad para obtener recursos financieros al disminuir la recaudación por cuotas desde el 10% actual hasta el 7,3% del PIB (HERCE y MESSEGUER). No obstante, en esencia los trabajos citados obtienen sus conclusiones al considerar inamovibles una cadena de acontecimientos iniciada en la baja natalidad y finalizada en un escaso crecimiento económico (PIB).

Ante estos análisis, cabe anteponer en primer lugar una afirmación: si la media de crecimiento de los próximos cincuenta años es del +1,78%, los problemas de la sociedad española serán múltiples y el pago de las pensiones no será precisamente el principal.

La posibilidad de no contar con el suficiente número de personas en edad de trabajar puede ser un problema futuro, no en la actualidad en donde todavía se mantiene una elevada tasa de desempleo. No obstante, la solución a este problema que puede incidir en un menor crecimiento de la riqueza no se centra en modificar el actual sistema de pensiones sino en buscar y aplicar medidas que puedan resolver la causa central: la pérdida de población.

Dado que se dispone de un margen de tiempo amplio, el problema no aparecerá hasta el año 2030, se puede recomponer una tasa de natalidad más elevada, en paralelo a la definición de una política de emigración adecuada. En todo caso, no parece justificado, crear alarma social en materia de pensiones a partir de análisis realizados bajo criterios muy inflexibles, cuando hay tiempo suficiente para articular propuestas que subsanen la situación a largo plazo.

En el medio plazo, España mantiene diferenciales todavía muy amplios con el resto de los países de la Unión Europea en la tasa de actividad (incorporación de la mujer al mercado laboral) y de ocupación (desempleo). Cerrar estas diferencias ayudará en el medio plazo a crear riqueza y mantener, incluso aumentar, el número de cotizantes aunque también el de beneficiarios futuros.

A más largo plazo, se deben anticipar las posibles dificultades derivadas de una tasa de natalidad baja y, en términos secuenciales una futura falta de mano de obra. Este problema, siendo cierto ahora, no es inevitable y tiene solución a medio plazo. La conciliación de la vida laboral y familiar tiene que dejar se ser un eufemismo para llenar el concepto de contenido. Es necesario mejorar las políticas dirigidas a potenciar la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, se deben integrar otras para facilitar el cuidado de los hijos y de mejora de las prestaciones familiares en general. En la misma línea, hay que desarrollar un contrato a tiempo parcial que cumpla con la condición de voluntariedad para que los usuarios realmente lo utilicen como una renta complementaria a los ingresos familiares y no como un mal menor con remuneración insuficiente por no poder encontrar un empleo a tiempo completo.

De igual forma, el desarrollo de una política activa sobre la vivienda reduciendo su elevado precio ayudará sin duda a los jóvenes anticipar la constitución de nuevas unidades familiares. En el mismo sentido ayudaría el desarrollo de servicios de atención a las personas dependientes, mayores y minusválidos. Estos servicios además de mejorar la calidad de vida de los afectados, libera de una tarea habitualmente realizada sin remunerar por las mujeres y, abre posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo.

Todas estas políticas están muy poco desarrolladas en España y, su ampliación modificaría sin duda las decisiones sobre la dimensión de las unidades familiares. Una política de estas características ayudaría al aumento de la tasa de natalidad en menos de una década. Este objetivo es prioritario para la sociedad española frente a rebajas del IRPF, de dudoso interés para la mayoría, o lograr el equilibrio presupuestario a cualquier precio en un escenario de presión fiscal inferior en siete puntos del PIB a la media de la Unión Europea.

Estas decisiones deben estar acompañadas de una política en materia de inmigración adecuada en cantidad y flexible en su aplicación buscando la integración en una sociedad con un equilibrio multicultural en el futuro próximo. La suma de acciones en ambas materias ayudarán a evitar una caída de la población total, en especial del grupo en edad de trabajar, limitando parcialmente el envejecimiento de la sociedad española y, limitando, cuando no evitando, buena parte de los problemas futuros del sistema público de pensiones.

La opción a rechazar es la de una sociedad que después de identificar unos problemas (posibilidad de un insuficiente crecimiento debido a la falta de mano de obra) se mantiene paralizada sin adoptar medidas sobre las causas principales, limitándose a combatir los efectos periféricos (constituir un sistema privado de pensiones).

La clave de la viabilidad de un sistema de pensiones de reparto es disponer de mayor riqueza nacional, distribuyéndola bajo el principio de primar la contributividad pero sin olvidar la equidad. Una combinación de factores que fortalece a su vez la clave de bóveda del mismo: disponer de un volumen mayor de riqueza global para repartir.

Este planteamiento más colectivo que la simple rentabilidad de las aportaciones individuales no implica una simplificación excesiva de la materia, olvidando los problemas asociados al envejecimiento de la población, la baja natalidad, la inferior tasa de actividad y de ocupación. Todos estos son problemas importantes, que de forma permanente necesitan dedicación y soluciones. Pero conocida la interconexión de las variables mencionadas, tampoco parece lógico alcanzar conclusiones catastróficas sobre el futuro del sistema apoyándose en proyecciones para los próximos cincuenta años a partir de situaciones inamovibles de la población ocupada o de la productividad del trabajo.

Se puede lograr un fuerte crecimiento de la riqueza con menos personas trabajando gracias a un elevado crecimiento de la productividad o, con la combinación contraria de factores. El resultado es totalmente distinto en derechos generados y en aportaciones a la financiación. Como ejemplo, si se mantiene el nivel actual de precariedad en el mercado de trabajo, el problema futuro no será un aumento del gasto sino un problema social derivado de la imposibilidad de acceder a las prestaciones.

1. Los objetivos del Acuerdo de 2001

La Seguridad Social en general y, las pensiones en particular, tienen que estar en permanente observación, garantizando siempre la viabilidad del sistema. Pero el permanente análisis y control no es sólo una cuestión técnica, tiene también que cumplir con el objetivo político de cubrir con sus prestaciones las necesidades de los ciudadanos.

El seguimiento del sistema deberá acomodar las prestaciones según distintos parámetros con el crecimiento del gasto en relación al PIB. Este camino permite garantizar la viabilidad, mejorando de forma continua las prestaciones reales de los beneficiarios de una forma controlada. La acción política se debe combinar con las posibilidades económicas.

Para conseguirlo será necesario ir adecuando progresivamente los sistemas de acceso y cálculo a medida que crecen las cuantías reales, de forma que se pueda controlar la pendiente de la curva de crecimiento del gasto en pensiones. El proceso de mejora de las cuantías estará acompañado de un reforzamiento de la contributividad obtenido mediante la adecuación de los sistemas de cálculo de las prestaciones y una convergencia de los distintos regímenes. A medida que los salarios sean superiores se puede mantener un crecimiento controlado de las pensiones reales, con una tasa de reposición inferior a la actual.

No obstante a corto plazo, siendo satisfactoria la situación financiera del sistema de Seguridad Social en general y de las pensiones en general, esta afirmación no es aplicable a una parte de sus prestaciones como tampoco lo es el actual horizonte de una parte de sus cotizantes. Así, sin perder de vista la viabilidad futura y teniendo en cuenta las recientes modificaciones introducidas en el sistema de cálculo de las pensiones, algunas de ellas como es la ampliación de 8 a 15 años del periodo utilizado para el cálculo de la prestación no se pondrá en practica en su totalidad hasta 2003, las modificaciones a corto plazo eran las siguientes:

• Garantizar en todo momento los recursos financieros necesarios para afrontar unas obligaciones ligeramente crecientes, incluidos los momentos bajos del ciclo económico. Con la estructura de financiación actual, la mayor parte del gasto previsto en el sistema de pensiones correría a cargo de las cotizaciones sociales, mientras los complementos a mínimos deben ser imputados a impuestos. La situación de partida en materia de ingresos es óptima. Esta conclusión no se obtiene de conocer el excedente actual del sistema de Seguridad Social ya que las decisiones en materia de pensiones no se pueden adoptar a la vista de una coyuntura, sino por observar que los costes laborales en España (salario y cotizaciones sociales) son aproximadamente equivalentes al 70% de la media de la Unión Europea y la presión tributaria es inferior en seis puntos del PIB a la media del resto de los países comunitarios. Márgenes que permiten sostener a medio plazo una aportación por cotizaciones en relación al PIB similar a la actual y elevar las aportaciones vía impuestos para hacer frente a las necesidades de la sociedad, entre otras cuestiones, del envejecimiento de la población. La estructura fiscal comparada con el resto de los países europeos muestran la necesidad de solicitar una mayor aportación a los ciudadanos de su renta, especialmente a los más favorecidos. Estos parámetros se concretan en:

• Finalizar la separación de las fuentes de financiación en un periodo máximo de doce años permitiendo analizar claramente la situación de cada uno de los segmentos del sistema (contributivo y no contributivo).

• Establecer un reglamento normativo al Fondo de Reserva y dotarle de recursos financieros equivalentes a una mensualidad de las pensiones contributivas, después de periodificar el gasto anual en doce pagos (un mínimo de 5.000 millones de euros, como destino preferente de los excedentes del sistema). Aunque aparentemente pueda parecer mejor un Fondo de Reserva con más dinero, ésta opción llevaría hacia el punto no deseado de considerar este fondo como única garantía del mismo ante cualquier tipo de circunstancias adversas. Este hecho implicaría considerar este segmento de la Seguridad Social como exclusivamente contributivo, un diseño no compartido, al considerar el Fondo de Reserva como un mecanismo para afrontar desfases de tesorería en momentos menos benignos del ciclo económico. Desde este planteamiento, no se le considera como la principal y menos la única garantía del sistema. Si bien las cuotas sociales deben ser los cimientos de la financiación del segmento contributivo, el Pacto de Toledo y la LGSS establecen que las prestaciones contributivas se financiarán básicamente con las cuotas sociales

• Recomponer la estructura del sistema tributario garantizando la suficiencia del mismo y mejorando su equidad.

• Incluir en la base de cotización a la Seguridad Social todos los conceptos retributivos, incluidas los percibidos en especie correspondientes a los aseguramientos médicos privados, comidas o acciones de la compañía.

• Avanzar en un concepto de jubilación flexible recogiendo la posibilidad de acceder de forma voluntaria a la jubilación antes y después de los sesenta y cinco años bajo determinados criterios.

• El actual derecho a la jubilación anticipada finalizaba en pocos años al estar limitado a las personas con cotizaciones anteriores a 1967. La fórmula empleada no incentiva la contributividad y es injusta en el cálculo de la prestación al no discriminar de acuerdo a la dimensión de la carrera profesional (quince a cuarenta años). Por otra parte, a diferencia de los expuesto en algunos trabajos, los actuales coeficientes reductores implican un menor coste para la Seguridad Social respecto a la situación alternativa de jubilación a los sesenta y cinco años. De no haber permitido crear un nuevo derecho a la jubilación antes de los 65 años, numerosos trabajadores despedidos en los últimos años de su vida laboral y, por lo menos actualmente imposibilitados para encontrar un nuevo empleo, se estaban abocados de forma irremediable a la pensión mínima, aún cuando dispongan de largas carreras de cotización con aportaciones importantes al sistema durante la misma. La extensión en cinco años adicionales del tiempo en situación de desempleo, cotizando por bases mínimas implica un tratamiento injusto para las personas en esa situación (anexo).

• El aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos y la más tardía incorporación al mercado laboral provocada por un tiempo más dilatado de preparación antes de abordar la carrera profesional, hace necesario contemplar la posibilidad de retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación.

Ante esta situación, se deben aplicar tres tipos de medidas:

1. Políticas especificas de formación e integración en el mercado de trabajo de las personas con más de 55 años.
2. Acceso al derecho a la jubilación en el periodo comprendido entre 61 y 64 años para aquellos trabajadores con un número de años cotizados elevado, treinta años, aplicando un coeficiente reductor variable de acuerdo a sus años cotizados (del 6% al 8%). El coeficiente no supera el punto de equilibrio en el que la Seguridad Social no incurra en pérdidas respecto a la situación alternativa de jubilación a los sesenta y cinco años del trabajador. El pago a realizar implica una periodificación en un número superior de años de la cuantía a percibir por el método general.



 

3. Respetando el derecho del trabajador a la jubilación a los 65 años, introducir algunas medidas de incentivo a la permanencia de manera voluntaria en el puesto de trabajo. Siempre cuidando de no generar situaciones de competencia desleal frente a terceros, sobre todo, si se mantiene la elevada tasa de desempleo y el amplio diferencial con la Unión Europea en tasa de actividad.

• Mejora de las prestaciones más bajas, priorizando las cargas familiares de los beneficiarios, sin desincentivar la contributividad. Debe ser prioritario mejorar las cuantías de las pensiones de viudedad, así como elevar progresivamente los complementos a mínimos. En línea con la estructura familiar actual es necesario ampliar el periodo de percepción de la prestación por orfandad.

• Avanzar en la convergencia de regímenes para conjugar mayores y más justas aportaciones con mejores prestaciones.

El sistema actual público y de reparto es una opción asumida y valorada positivamente por la inmensa mayoría de la población, aunque no es compartida por todos, especialmente por aquellos que en defensa legítima de sus intereses, pretenden introducir modificaciones, más o menos estructurales, con objeto de conseguir determinados beneficios.

El contenido del presente documento intenta demostrar la posibilidad de hacer viable el actual sistema de pensiones público y de reparto durante los próximos cincuenta años. No obstante, la consolidación de un modelo de estas características debe estar complementado de un sistema privado de capitalización de carácter voluntario al que accedan de forma individual y colectiva (planes de empleo) quienes lo consideren oportuno, pero no por miedo a la quiebra del sistema público y de reparto.

Desde el punto de vista sindical, el mecanismo más adecuado para hacerlo es desarrollar sistemas complementarios de empleo de amplia cobertura creados a partir de las dotaciones fijadas en negociación colectiva de un salario de carácter diferido. El carácter complementario de los mismos no debería ser obstáculo para no intentar una amplia difusión, sin embargo, hay serias dificultades para llevar a cabo esta idea. La experiencia limita los planes de pensiones a las empresas de gran dimensión, como consecuencia de la modernización de acuerdos ya existentes en el pasado. Los avances son mínimos especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La postura empresarial supone un fuerte impedimento al no reconocer un elemento esencial, tal y como se reconoce en Contabilidad Nacional, las aportaciones forman parte del salario de los trabajadores y, en coherencia, los propietarios de las mismas deben jugar un papel preeminente en su control.

En paralelo a las prestaciones económicas por jubilación, hay que afrontar necesidades diferentes que no siempre se cubren con pensiones más altas. El fenómeno del envejecimiento, sobre todo la llamada cuarta edad, genera necesidades distintas cuya cobertura puede provenir de servicios de dependencia y sociosanitarios de carácter público o mixto. La suma de prestaciones debe constituir la base del estado del Bienestar para estas personas.