EL PACTO DE TOLEDO

Intervención de José Ma. Fidalgo

en el Consejo Confederal (CCOO - España) - 1997

La negociación sobre el desarrollo de las quince recomendaciones del Pacto de Toledo ha venido precedida de un gran debate fuera y dentro de Movimiento Obrero, del Movimiento Sindical. Ha venido precedida de un debate que no es nuevo pero que a temporadas arrecia, y es un debate en el cual el desarrollo del Pacto de Toledo es un hito. Es un debate que cruza la sociedad europea que es donde existen las instituciones y las políticas que denominamos estado del bienestar. Este debate es ajeno a otros ámbitos geográficos donde estas políticas nunca han existido o han sido borradas del mapa fundamentalmente por regímenes no democráticos. Este es un debate conocido, y contrapone en cierto modo la economía con la política, es un debate que contrapone lo privado con lo público, y es un debate que en el caso de los sistemas de protección social contrapone concepciones radicalmente inaceptables para una sociedad civilizada y que en el sistema de protección social, es un debate en cuanto a las prestaciones contributivas entre el sistema de capitalización o sistema de reparto y en cuanto a las prestaciones universales, particularmente la sanitaria. Un debate entre aseguramiento público único o aseguramiento individual derivado.

El Movimiento Sindical y particularmente Comisiones Obreras, nunca ha rehuido estos debates, prueba de ello es que desde inicios de 1994 la Comisión Ejecutiva, la Confederación Sindical de COMISIONES OBRERAS, elaboró su propio documento de análisis de la situación del sistema de protección social en España y elaboró también una treintena de propuestas cuando todavía no existía el llamado Pacto de Toledo. Nosotros tenemos la certeza plena de que la difusión pública de las propuestas sindicales condicionó la opinión de los grupos parlamentarios a la hora de suscribir lo que se denominó el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo como todos y todas sabéis surge de una iniciativa parlamentaria. El 21 de febrero de 1994 en que se crea una ponencia para analizar el sistema de financiación de la unidad de financiación del sistema de Seguridad Social que se convierte en texto aprobado por el arco parlamentario en su práctica totalidad, esto es, los cinco partidos políticos que han gobernado, gobiernan o pueden gobernar este país a medio plazo, que ve la luz el día 30 de marzo del 95 y que ve el refrendo masivo parlamentario el 6 de abril del año 95.

Nosotros consideramos en su momento el Pacto de Toledo como un logro de la política frente a la economía. Es muy difícil en Europa Occidental, donde existen las instituciones del estado de bienestar, que algún partido político con voluntad de gobernar algún día presente en su programa electoral una propuesta de quiebra del estado social. Por eso los sectores que critican el sistema de reparto, los sectores que critican el sistema de aseguramiento universal sanitario son sectores influyentes sin duda, pero ajenos a la política. Son sectores que emanan, que dependen y que están pagados por fuertes grupos financieros, una veces nacionales y otras veces internacionales.

Por lo tanto, saludamos en su momento el Pacto de Toledo como un paso al frente de todas las fuerzas representativas del Parlamento español en defensa del sistema de protección social público, porque estas fuerzas aseguraban que en el caso de las pensiones contributivas, el sistema de reparto era el más idóneo, era el más redistributivo y el más solidario, y demostraron con su propuesta de quince recomendaciones de reforma, que las reformas que se podían hacer eran para consolidar y racionalizar el sistema y no para destruirlo a corto o a medio plazo.

Sin duda, en este debate ha ganado la democracia frente al liberalismo, ha ganado la política frente a la economía, ha ganado lo público, de nuevo, en relación con privado. Esta es una regla de oro y es una victoria de toda la democracia.

En el momento en que se constituye el Gobierno se abre, como todos y todas sabéis, un proceso de diálogo social que incluye entre las mesas de diálogo, una mesa para discutir con los agentes sociales del desarrollo del Pacto de Toledo, atiende así a la número quince de las recomendaciones del Pacto de Toledo que dice, "que en su aplicación en el desarrollo de sus medidas no sólo es deseable un amplio consenso parlamentario, sino que habría que buscar que buscar el consenso con las fuerzas económicas y con las fuerzas sociales". Creo que un sistema de protección público que es una pieza fundamental del estado democrático, del estado social de derecho, de ser refrendado por los partidos políticos y de ser refrendado por un pacto por los agentes sociales da muestra de una excelente salud y es el mejor parapeto contra los discurso ultraliberales. Nosotros apostamos porque el refrendo del acuerdo sindicatos-gobierno sea un refrendo que se extienda a la organización Patronal, de ello hablaré después y también de las dificultades que para la Organización Patronal tiene asumir este acuerdo que luego expondré en su textualidad.

En segundo lugar, hay que hacer referencia al diagnóstico y al tratamiento que COMISIONES OBRERAS hace del sistema de protección social. Evidentemente abordar una reforma estratégica, y no como la del 85, del sistema de protección social conlleva al menos, hacer algunas consideraciones previas en cuanto a la valoración de este instrumento de redistribución, de este instrumento de cohesión social, y de solidaridad. Desde siempre, no sólo en España, en toda Europa y en otros continentes, el sistema de reparto en pensiones contributivas y el sistema de seguros sociales en la asistencia sanitaria han sido logros históricos del Movimiento Obrero organizado. Por lo tanto defendemos esos sistemas que son piezas claves en el desarrollo de la solidaridad y de la justicia social. Un sistema de reparto de pensiones contributivas es lógicamente el sistema más solidario, agrupa cuatro elementos de solidaridad.

Un elemento de solidaridad entre generaciones que permite que los actuales activos estemos financiando las pensiones de los actuales pasivos. Es un elemento de solidaridad entre rentas de los trabajadores por ser un sistema de reparto que tiene un tope máximo de cobertura, una pensión máxima y tiene un tope mínimo de cobertura garantizada para la gente que acceda a una pensión contributiva. En España ha sido un logro del Movimiento Sindical el haber conseguido que la pensión mínima contributiva sea equivalente al salario mínimo interprofesional. Estos dos topes marcan la solidaridad entre rentas, de forma que por encima del tope máximo de cotización que en este momento tiene una diferencia de entre 270 mil pesetas, tope máximo de cotización. Ese GAP es un GAP de solidaridad que permite precisamente que la pensión máxima no baje del salario mínimo interprofesional.

Tiene otro nivel de solidaridad, es una solidaridad entre distintos regímenes, si se rompiera el sistema de reparto, regímenes profundamente deficitarios como el régimen especial agrario y otros regímenes, caerían en la necesidad de ver recortadas o hacer desaparecer sus prestaciones, o pasar a ser prestaciones no contributivas, prestaciones del Estado asistencial.

Y tiene, por último, otro nivel de solidaridad, un nivel de solidaridad entre regiones, por eso, para el Movimiento Sindical la defensa del principio de caja única estatal no puede ser abandonada en ningún momento, en ningún momento. Regiones enteras podrían tener que recortar sus prestaciones y algunas gobernadas por partidos que lo están pidiendo abiertamente, me refiero concretamente el PARTIDO NACIONALISTA VASCO. En Euskadi en campo matemático de una caja vasca de protección social daría un alto déficit que obligaría, si se confirmará esta tesis del PARTIDO NACIONALISTA VASCO, o a aumentar la recaudación fuertemente entre los trabajadores y empresarios, o a reducir las prestaciones contributivas.

Por lo tanto y dicho esto, es muy fácil explicar por qué el mantenimiento de esos cuatro niveles de solidaridad significa una vigilancia constante sobre el equilibrio financiero del sistema. En un sistema de capitalización no se necesita un equilibrio financiero, al no existir un principio de caja único y de reparto, al no existir un transferencia de rentas entre poblaciones, yo capitalizo y voy a cobrar lo que he capitalizado. Sin embargo en un sistema público de reparto el equilibrio financiero es la regla de oro del sostenimiento del sistema. No vale que se nos diga que hemos cogido el rábano por las hojas y que estamos negociando un acuerdo para mantener el equilibrio financiero del sistema. Ojalá se mantuviera el equilibrio financiero del sistema por encima de tendencias demográficas. Si en este momento hay un 12% de población activa, si en el 2010 va a haber un 18% de población activa afortunadamente más longeva, desconocer estos elementos, mirar para otro lado, es hacer la política del avestruz y es confiar en que el tiempo o la política arreglen estos asuntos. Por lo tanto, con esa pretensión de defensa de ese modelo de reparto, de caja única, solidario entre generaciones, entre trabajadores, entre rentas, entre regiones del Estado español, nos hemos sentado a negociar el desarrollo del Pacto de Toledo; convencidos absolutamente de que todas nuestras reivindicaciones cabían perfectamente dentro de esos raíles que para nosotros era el Pacto de Toledo. Si no hubiera habido Pacto de Toledo hubiera sido muy difícil esta negociación porque hubiera sido negociación "campo a través". Evidentemente con un programa como el que llevaba la derecha que ha ganado las elecciones últimas al gobierno, consideraciones como las que aquí estamos haciendo serían de otra índole absolutamente distinta.

Quiero decir que no despejamos todos los problemas porque el Pacto de Toledo atañe sólo al desarrollo de la forma del sistema contributivo, tendremos la próxima batalla del sistema universal, sin duda; pero habremos evitado, mezclando las cosas, tener una batalla global en relación a todo el sistema.

Blindar el sistema contributivo más allá de la presente legislatura como propone el acuerdo, hasta el año 2001, alberga unas virtudes pero alberga una sustancia, de aquí al 2001 lo que se haga en pensiones es lo que está escrito en ese documento de 18 folios. ¿Qué tendremos que hacer con el sistema sanitario en un futuro?. Son globos sonda o son palos de ciego, las propuestas de imposición de tasas regresivas por ejemplo, a los pensionistas por las recetas farmacéuticas; sean una cosa o la otra el Sindicato va a utilizar la misma estrategia que en relación con las pensiones. Calcúlo que allá por el mes de enero el Sindicato estará en disposición de presentar públicamente otro segundo documento, como el Libro Blanco que hemos hecho sobre la Seguridad Social, para hacer nuestro propio análisis del sistema de aseguramiento único, ver los riegos que corren y anteponer nuestras propuestas a las que manen de la Comisión Parlamentaria creadas "ad hoc". Con estas pretensiones nos sentamos en el mes junio, julio a negociar en una comisión tripartita. De las reuniones de esa comisión tripartita hemos dado cuenta a través de circulares informativas.

En esa comisión tripartita se ha discutido exclusivamente sobre dos textos que tenéis en vuestro poder, sobre un texto que el gobierno presenta el día 26 de julio, y sobre un texto que COMISIONES OBRERAS y UGT, en base a las propuestas aprobadas en ambas comisiones ejecutivas unificando esas propuestas, presentan a la comisión tripartita el último 3 de septiembre. No hay ningún texto más a discutir en la mesa. En paralelo, la mesa parlamentaria que discute en relación con el desarrollo del Pacto de Toledo y que lleva las reuniones acompasadas al mismo ritmo que la mesa tripartita del diálogo social, no cuenta en su haber más que con el texto del Gobierno. Desconozco si en los últimos días o en la próxima semana, algún partido habrá aportado alguna alternativa a la del partido del Gobierno.

Valoramos muy negativamente la propuesta del Gobierno, os hicimos llegar esa valoración porque entendíamos que en relación con la media docena de asuntos cruciales que hay que resolver en relación con este asunto, hacía una interpretación del Pacto de Toledo cuanto menos dudosa. Voy a referirme a los que son los asuntos cruciales.

Hay cuatro recomendaciones del Pacto de Toledo que se refieren a financiación del sistema, el resto de las recomendaciones se refieren a gestión, se refieren a prestaciones. Las cuatro recomendaciones del Pacto de Toledo a las que aludo cuando digo que son las que se refieren a la financiación son: la primera, que habla de la separación progresiva de las fuentes de financiación del sistema de protección social público. La segunda, que se hace referencia a la constitución del llamado Fondo de Reserva. La tercera, que habla de las bases de cotización. Y la octava, que habla de las cotizaciones sociales.

Desde el principio, en relación con estos cuatro asuntos se produce un fuerte debate en la comisión tripartita. La Organización patronal Española manifiesta reiteradamente diciendo que no lo va a hacer por escrito, que su único interés, en relación del desarrollo del Pacto de Toledo, es ¿qué ocurre con las aportaciones patronales?; y manifiesta su único interés en que se produzca una rebaja sustancial de las cotizaciones sociales. En relación con el resto de los asuntos se inhibe absoluta y radicalmente. Dice que no es quién para opinar, si un trabajador va a ver cómo se le computa ocho o diez años para calcular la suspensión, o qué computo se le atribuye a cada uno. Dice que esa es un cuestión política, como si lo otro no lo fuese.

La repuesta sindical es que si no se resuelve claramente lo que el Pacto de Toledo establece en relación con la financiación, cualquier propuesta sobre prestaciones, es una propuesta en el vacío, sea regresiva o no lo sea. O dicho de otra forma, si a nosotros se nos hace la propuesta de no tocar ninguna prestación y dejar que el Gobierno y la Patronal redacten el futuro de la financiación, tranquilizaríamos momentáneamente algunas conciencias, pero yo nunca propondría suscribir ese acuerdo por la Confederación Sindical de COMISIONES OBRERAS, tampoco la Unión General de Trabajadores lo suscribiría.

¿Qué significa la separación de fuentes de financiación?. Esta es la reforma más radical que propone el Pacto de Toledo, propone una cosa que el Movimiento Sindical viene proponiendo desde mucho antes del Pacto de Toledo. De las tres patas que tiene el sistema de protección social, excluyendo el desempleo, hay una pata de asistencia sanitaria pública y hay otra pata de prestaciones no contributivas de carácter universal que se engloba dentro de lo que se vienen en llamar Servicios Sociales. De las tres patas la más sustanciosa en términos económicos, en ingresos y en gastos, es lo contributivo. De 100 pesetas que se gasta la Seguridad Social setenta y tantas van a pensiones, treinta y tantas van a la asistencia sanitaria, y hay un cupo pequeñito, que puede ir a Servicios Sociales.

¿Qué significación tendría la separación de fuentes para nosotros?. Pues significaría lo siguiente. ¿Por qué lo hemos defendido?, por lo siguiente. En estos momento las cotizaciones sociales tienen un excedente contable que rebasa el pago de pensiones en cerca de 200.000 millones de pesetas, y además tiene otro excedente constante que sirve para financiar un tipo importante de la asistencia sanitaria que es universal. En estos momento 400.000 mil millones de la asistencia sanitaria están siendo financiadas por cotizaciones sociales que son rentas de trabajo que a su vez, financia la asistencia sanitaria doblemente por la vía impositiva. Como sabéis la carga fiscal recae fundamentalmente en las rentas del trabajo, ahí está la clave de nuestra propuesta de separación de fuentes. Pero nosotros planteamos que la separación de fuentes debe ser gradual, y debe ser gradual por dos motivos; si se retiran 400.000 millones en un presupuesto de asistencia sanitaria, en base a que son provenientes de cotizaciones sociales, o el sistema sanitario es objeto de la aplicación de una medida fiscal que no entendemos que este gobierno no la hubiera podido aplicar, o tendría graves problemas de financiación. Nosotros planteamos que la separación sea progresiva y que no sea instantánea, como planteaba el primer documento del Gobierno y la organización Patronal.

¿ Por qué planteaban esto?, porque de emerger un teórico superávit contable que incluía los 400.000 millones de cotizaciones que van a la asistencia sanitaria y el excedente contable de cotizaciones sociales, se podría decir que esta aflorando un cuantioso fondo de reserva de 600.000 millones en el cual se podría meter la mano para bajar las cotizaciones sociales. Y bajarlas acompasadamente de forma que también se frenase la tercera recomendación del Pacto de Toledo que es la del destope de las bases de cotización. Evidentemente, como el Pacto de Toledo dice que su desarrollo debe ser equilibrado en todas sus recomendaciones, rechazamos esas pretensiones y hoy hemos conseguido que se planteé un trayecto hasta el 2001 de separación de fuentes de financiación.

La recomendación segunda, por lo tanto, tiene mucha arrogancia, es la de constitución del fondo de reserva. ¿ Es necesario ese fondo de reserva?, pues es necesario. Hay partes del sistema contributivo que durante este período nosotros no queremos, y lo hemos conseguido en el acuerdo, que se inscriban como contributivas. Por ejemplo, el complemento que da garantía de pensión mínima, eso son 600.000 millones al año. En la constitución del fondo de reserva irán los excedentes de cotizaciones sociales y en la separación de fuentes, de aquí al 2001, se tendrá como no contributivo lo que significa el complemento de mínimos. En el 2001 se evaluará el fondo de reserva y se decidirá si el complemento de mínimos se adscribe definitivamente o no al sistema contributivo. Porque el Pacto de Toledo que está muy bien redactado, dice que en el futuro las prestaciones contributivas se financiaran con cotizaciones sociales básicamente, y las cotizaciones universales totalmente por imposición general.

Resuelto el asunto de la financiación, la Patronal desistió de opinar, en la mayor parte de las reuniones estuvo absolutamente muda. Hizo una declaración expresa de que ellos seguían pidiendo rebajar las cotizaciones sociales, y se ha abstenido de opinar hasta estas últimas fechas en las cuales, según se acerca la fecha de ratificación del acuerdo manifiesta su inquietud y presiona fuertemente al Gobierno para que este acuerdo se altere o no se suscriba.

En el borrador del acuerdo que tiene la organización, en forma de un documento que es breve y cuya redacción ha sido objeto como podréis estimar, de mucha discusión por todas estas cuestiones que he puesto encima de la mesa, existen varios apartados, existe un primer apartado introductorio, luego once apartados que están titulados con las primeras letras de alfabeto. Quiero remarcar algunas de las cuestiones que están en el documento y que para nosotros tienen particular relevancia y según las vaya describiendo iré intentando describir cuál ha sido el proceso de acercamiento hasta la situación de principio de acuerdo.

En la introducción se ha producido una modificación sustantiva, ha habido una primera pretensión de la Administración que encabezaba el documento diciendo que los agentes sociales y no las partes firmantes del acuerdo, acordaban lo siguiente. Esto no es trivial, son las partes firmantes del acuerdo los que van a estar en la comisión permanente, no los agentes sociales, si alguno de estos agentes sociales organización empresarial o sindical no ha suscrito el acuerdo.

Desde la primera página y desde el primer párrafo, se manifiesta que el objetivo del presente acuerdo es la consolidación y revalorización del sistema de protección social. Se manifiesta en el tercer párrafo la voluntad de los firmantes de este acuerdo de mantener en todo caso y mejorar según la situación económica, el componente del Producto Interior Bruto que consume el sistema de protección social en general, no sólo el sistema contributivo. ¿Por qué han tenido que aceptar esa fórmula?. Porque la introducción en el Pacto de Toledo inicia su exposición reconociendo que a pesar de haber mejorado substantivamente el sistema de protección social público en nuestro país, estamos aún a un diferencial de varios puntos del PIB en relación con la media de gasto social comunitario.

Pasa a definir a continuación lo que son fundamentalmente los temas que se van tratar y que luego vienen enumerados en los siguientes puntos que desarrollan las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Pero hay que detenerse en un pequeño párrafo en la segunda página, concretamente el segundo, que dice que en coherencia con lo previsto en el párrafo anterior, el proceso de separación de las fuentes de financiación incluirá así mismo todos los aspectos financieros como los no financieros del sistema. ¿ Qué relevancia tiene este párrafo? Habéis oído en los medios de comunicación que el sistema de seguridad social tiene déficit porque debe 1 billón de pesetas en préstamos. El sistema de seguridad social como aportaba parte de las cotizaciones sociales para pagar las prestaciones universales ha tenido que, en momentos de falta de liquidez, recurrir a préstamos del Estado. Y lo único que planteamos con ese documento es que a partir de ahora se establezca una cuestión que es muy sencilla, es cambiar en la casilla de contabilidad nacional, hay una casilla de contabilidad nacional, hay una casilla de activos financieros, otra casilla de pasivos financieros, cambiarla de casilla para que las administraciones no estén endeudadas consigo misma. Son préstamos del Estado a otro segmento del Estado a una institución que nació para pagar las pensiones contributivas y que ha tenido que financiar a razón de 400.000 millones por año la asistencia sanitaria. En todo caso, es la Seguridad Social la deudora del sistema universal de protección social. Creemos que el Ministro de Economía, cuando se ratifique este acuerdo, tiene que hacer una declaración pública, y si no el Presidente del gobierno, que deje resuelto este asunto para acabar con el debate falso que es un debate contable sobre la hipotética situación de déficit contable del sistema de Seguridad Social.

El apartado a) establece la gradualidad en la separación de fuentes de financiación. Establece que durante este período de separación de fuentes hasta el 2001, el complemento de mínimos tiene el carácter a efectos contables y a efectos de constitución del Fondo de Reservas, de no contributivo. La redacción del Fondo de Reservas es una redacción que costó más de un mes. El planteamiento de la patronal decía que tenía que constar que la constitución del Fondo de Reserva era la garantía de la bajada de las cotizaciones sociales. La respuesta de los sindicatos era, eso no lo dice el Pacto de Toledo y que el Pacto de Toledo establece claramente que el carácter del Fondo de Reserva en su destino es exclusivamente a fin de servir de colchón amortiguador de un sistema contributivo que tiene que pasar por momentos de creación de empleo, por momentos de destrucción de empleo; y por lo tanto tiene que tener un Fondo de Reserva para no cambiar las normas en cuanto a aportaciones y en cuanto a prestaciones que se establezcan a medio plazo.

La recomendación del apartado d), es la que hace referencia a los destopes y parte de la tercera recomendación del Pacto de Toledo que establece con toda claridad que en este período hay que acometer lo que se inició hace muchísimos años de intento de aproximar las cotizaciones a los salarios reales. Son los destopes de lo que cotizan determinados grupos. Esto inquieta evidentemente, y es objetado fuertemente por la organización patronal. Sabemos el coste que esta medida tiene y por eso planteamos que el efecto sea gradual. Pero como también sabemos a qué sectores mayoritariamente afecta, sector de banca, sector financiero, sector eléctrico, ... , sabemos que no vamos a castigar a ninguna empresa en crisis por estos destopes. Sin embargo, no sólo vamos a recurrir a cumplir una recomendación del Pacto de Toledo, sino que vamos a fortalecer la financiación del sistema también en aras de otra de las recomendaciones, que es la recomendación de la contributividad.

En el apartado e) está el tema de la incapacidad permanente. Tal como conocéis la propuesta inicial del gobierno planteaba el incluir en las prestaciones por invalidez, un segmento de contributividad. ¿Qué significaba esto?. Significaba de alguna manera una quiebra de lo que en este momento es una prestación por invalidez, una contingencia que no es planificable en ninguna carrera de seguros y en ninguna carrera de cotizantes. Las invalideces reciben unas prestaciones que están en un ratio que se relaciona con la incapacidad física que produce el acto invalidante. Por eso hay grados de invalidez y hay un baremos de prestaciones económicas que se relacionan por esos grados de invalidez. De haberse producido la inclusión para calcular la cuantía de una prestación por invalidez, de una valoración aunque fuera sólo de un segmento de un diez o un veinte por ciento del contante de la pensión, se hubiera producido según nuestro criterio al menos un rebaje entre un diez y un quince por ciento de las actuales prestaciones.

¿Qué propuesta teníamos los sindicatos enfrente?. Hacíamos una propuesta que planteaba la incompatibilidad de las prestaciones de invalidez con el trabajo (...). Eso era una pretensión que nosotros ya habíamos manifestado en nuestro documento y que en el caso de las totales, para establecerse tendría que tenerse como condición previa, que subieran las cuantías de las prestaciones por invalidez total. Planteábamos elevar a un setenta y cinco por ciento la masa reguladora de estos inválidos, de estas prestaciones de invalidez que atañen a aquellos colectivos que por tener menos de cincuenta y cinco años, tienen una base reguladora de su pensión del cincuenta y cinco por ciento. La administración en principio aceptaba el tema del intercambio, pero lo aceptaba sin aceptarnos el incremento de la cuantía de la pensión de invalidez total. Al final optaron, creo que con buen criterio, por retirar su pretensión del documento de forma que las invalideces quedaran como están. En la comisión paritaria adoptaremos en el plazo de un año dos o tres cuestiones; la elaboración de una lista que determine más seguridad para el trabajador, más seguridad para la administración de la Seguridad Social en relación con la concesión de una pensión de invalidez. Y determinaremos a continuación si llegamos a ese acuerdo. ¿Qué se hace en relación con las incompatibilidades?, no hasta entonces.

El punto f) desde el principio fue objeto de fuerte controversia, y es el que hace referencia al tratamiento de las llamadas jubilaciones anticipadas. El gobierno partía de una tesis y de una propuesta. La tesis era partir de un dato real, en este momento la edad media de jubilación no son los sesenta y cinco años, edad de garantía de derecho de jubilación, son aproximadamente sesenta y dos años. El gobierno decía lo siguiente, en un sistema contributivo hay que intentar que la gente esté cotizando hasta los sesenta y cinco años, cosa que nadie objeta. Para ello hay que desincentivar el que la gente se pueda ir del sistema antes. Repuesta sindical era, evidentemente existen unos incentivos para desaconsejar la jubilación anticipada que son los llamados coeficientes reductores. Y empezamos a discutir sobre los coeficientes reductores. En este momento el coeficiente reductor es un recorte en la expectativa de pensión de ocho puntos porcentuales por año, anterior a los sesenta y cinco años a la gente que se quiere o se debe jubilar. Si ese incentivo tan fuerte que hace que una persona que sé prejubile a los sesenta años con el actual sistema de coeficiente reductores pierda un cuarenta por ciento de su pensión, o no funcionan esos incentivos o la causa habrá que buscarla en otro sitio. Evidentemente la causa está en el mercado de trabajo, la causa está en que el noventa y nueve por ciento, tenemos constancia, de las jubilaciones anticipadas son forzadas o forzosas. Y por lo tanto no es legítimo atribuir al trabajador, que quiere perder un cuarenta por ciento de su pensión jubilándose anticipadamente, el irse voluntariamente del mercado de trabajo.

Segundo argumento sindical que les hace desistir de esta medida. En puros términos contables, para la caja de la Seguridad Social, para la Tesorería General es un chollo que la gente se vaya a los sesenta años con el sesenta por ciento de su pensión pudiendo irse a los sesenta y cinco con el cien por cien. La Seguridad Social tendría que pagar mucho más en esta alternativa.

Nosotros, creo que conseguimos convencerlos que esto había que sacarlo de ahí, y prosiguiendo la discusión les dimos otro tercer argumento. El de que los coeficientes reductores colisionan con otro principio establecido en el Pacto de Toledo que es el principio de la contributividad. El Pacto de Toledo valora y creemos que es positivo que cualquier desarrollo de un sistema contributivo de reparto tiene que pivotar sobre tres pilares. El pilar de la contributividad, el pilar de la equidad y el pilar de la solidaridad.

Un sistema contributivo no puede ser nunca tan solidario como un sistema universal, donde cada uno paga según lo que tiene y recibe lo que necesita. Un sistema, un ratio, corregido por la solidaridad entre lo que se paga y lo que se va a recibir.

Por lo tanto conseguimos imponer la idea de que aquellas carreras largas de cotización, que tuvieran cuarenta años vieran modificado a la baja el actual coeficiente reductor al menos en un punto porcentual.

Hicieron un intento de escribir en un papel que en caso de que algún día se aumentara el coeficiente reductor, fuera únicamente para las jubilaciones forzosas o forzadas. Ese intento lógicamente fracasa porque era tan larga la lista que tenían que hacer de expedientes de empresas o sectores, reconversiones claras o reconversiones encubiertas, crisis empresariales, despidos objetivos, ...., que era imposible mandar al legislador a decir, suba usted el coeficiente reductor a todos los jubilados anticipados excepto a los que están en las disposiciones que están en las tres hojas siguientes.

Por lo tanto, se encomienda exclusivamente a que la Comisión Permanente haga en el curso de un año un trabajo que yo no sé si será capaz de realizar. Definir lo que es la jubilación anticipada exclusivamente voluntaria.

El punto g) es el punto de revalorización automática de todas las pensiones. En este punto partíamos de la siguiente consideración. Este punto es uno de los puntos estrellas de Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es muy taxativo. Dice que hay que hacer una modificación legal que garantice la revalorización automática de todas las pensiones al IPC previsto con una cláusula de revisión como las que ha revisado en lo últimos años. Por lo tanto, cualquiera que leyera el Pacto de Toledo no tendría ningún problema. A la hora de la redacción claro que había problemas. Y los problemas no eran trasponer eso a una ley, porque entre otras cosas el asunto de la revalorización automática de las pensiones, se ha convertido en una materia política tan sustantiva, ha sido en las dos últimas campañas electorales una especie de rifa de todos los presidentes o candidatos a presidente proponían que ni Dios se podía salir de ese pacto. Ahí está todo el mundo amarrado, a pesar de que la revalorización automática cuesta todos los años muchos miles de millones de pesetas a la Seguridad Social.

El problema es que ellos apreciaban que claro, se puede decir que se revalorizan todas por ley pero habría que ver si las pensiones máximas tienen que tener el mismo tratamiento. Quiero detenerme aquí un poco porque esto no es trivial. Recordáis que ha habido una época en la que nuestro sindicato, en años anteriores, ha hecho mucha presión por elevar las pensiones mínimas e incluso hemos aceptado la imposición de algunos criterios de revalorización que incidían más en las pensiones que llamamos más bajas. Eso lo recordáis todos, planteaba que si se incrementaba en un cuatro por ciento las pensiones, aplicábamos a las que estaban por menos de no sé qué un seis, para que las máximas tuvieran un dos y toda esa historia, inversamente proporcional al valor de la pensión. No podemos aceptar esto más. Si queremos mantener un sistema contributivo, hay que mantener un arco, entre pensión mínimo y máxima, que no haga que la gente que está entrando en pensión máxima y que son bastantes si observamos las cuentas, no son sólo potentados, hay gente que está ya en la expectativa de las 270 mil pesetas, vean topada su pensión por un GAP entre cobertura máxima de 270 mil pesetas y cotización máxima 300 mucho 1.000 pesetas, que haga que sean sectores que estén clamando a gritos por irse del sistema público para irse a un sistema complementario.

Un sistema público, un sistema contributivo, entre más universal sea, más solidez social y más solidez económica tiene que tener. Luego lo primero que ha establecido el sindicato es que la revalorización tiene que ser para todas las pensiones, incluyendo la máxima. Por ley, para todas igual. Con la cláusula que se determine en el proyecto legislativo que tiene que ser como la de los últimos años. Y además porque ya en este momento el ratio que existe entre tope de cobertura máxima y cotización máxima es un ratio suficientemente abierto, hay suficiente presión sobre salarios superiores a 300 mil pesetas que no son 4 ni 4.000, son bastantes ciento de miles de nóminas los que hay así, como para que eso sea sostenible sobre todo cuando la (....) viene de los sistemas complementarios que quieren que sean sustitutorios. Por lo tanto, se cierra en los términos que están en el documento el asunto de la revalorización automática de todas las pensiones mediante reformas legislativas.

El apartado h) es el que hace referencia a la recomendación número catorce del Pacto de Toledo que habla del desarrollo de los sistemas complementarios. Quiero detenerme aquí un poco también. El texto creo que es lo suficientemente claro y expresivo pero quiero decir algo en relación con el pensamiento del sindicato y los sistemas complementarios. Mirad, en 1985 hubo una reforma importante en la Seguridad Social a la que me referiré al final de mi intervención. En aquel momento el discurso del sindicato era de oposición radical a la existencia de sistemas de previsión social privado, voluntario, complementario. Yo creo que a lo largo de este período, el movimiento sindical ha hecho su reflexión, ha hecho su experiencia. Y en este momento el movimiento sindical, debo decir que para el sistema de reparto, tiene en este momento un tope de cobertura de 270 mil pesetas. Y que ese tope, lo únicos que lo va a destapar, para entendernos, va a ser el IPC y su revalorización; un sistema de reparto es un sistema de capitalización complementario, es una buena cédula que impide la presión para que sea sustitutorio. Si existe una pensión máxima suficiente, que dentro de unos años 270 mil pesetas serán 300 mil o lo que sea, es conveniente entender que el sistema complementario es una buena cédula para la buena salud de un robusto sistema contributivo.

Unicamente de una cédula puede pasar a ser un ariete contra ese sistema si lo que ahora es complementario se convierte en sustitutorio. Eso nunca lo aceptaremos y por eso la redacción de esta recomendación está claramente especificado como en el Pacto de Toledo, el carácter de voluntariedad y el carácter de complementariedad de esos sistemas.

Se ha abierto una comisión parlamentaria para hablar del desarrollo de estos sistemas al hilo del desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación del Seguro Privada. Quiero decir también que hemos comparecido los sindicatos en las últimos fechas, hace dos días, con miembros de la Comisión Ejecutiva y compañeros del Area de Planes y Fondos de Pensiones para explicar allí lo que para nosotros debe ser el desarrollo de ese sistema complementario, y dentro de él para aclarar algunas cosas. La cuestión de fiscalidad, una vez salvada la nitidez de la primera frontera complementaria y no sustitutoria y que quede bien claro, hay que aclarar otra frontera, lo que es ahorro y lo que es previsión. Los sistemas de previsión social son previsión, son diferimiento del consumo después de la jubilación, no son cuentas de ahorro, son cosas de distinta naturaleza. Evidentemente las entidades aseguradoras quieren acogerse en el desarrollo de la Ley de Seguro Privado a las ventajas fiscales que esa Ley de Seguro Privado tiene que atribuir inicialmente a los sistemas complementarios de previsión social si se quieren potenciar. Este país no tiene un problema de ahorro. Los trabajadores que quieren tener previsión, si se quiere reforzar el sistema de previsión, que se le incentive fiscalmente; pero una cosa es la previsión y otra es el ahorro.

El apartado i) se refiere a los regímenes especiales. El Pacto de Toledo planea la convergencia de régimen. Pero aunque no lo plantea el Pacto de Toledo lo plantea la Ley General de Seguridad Social desde 1964. Y de hecho la historia legislativa de la Seguridad Social ha sido progresivamente ir haciendo converger en el régimen general.

El pasar a más de ocho años perjudica sin duda alguna a aquellos colectivos que en los últimos años de su vida laboral es cuando ha tenido mejoras sustanciales de sus bases de cotización. Son colectivos que instalados en cualquier nivel pueden haber tenido ascensos de categoría profesional, o haber recibido un complemento nuevo no sé qué cariz.

Sabemos también que el nuevo sistema no tiene por qué afectar a la gente con una carrera laboral, que nada más haya tenido en las cotizaciones el progreso que tenga en el convenio colectivo la suscripción de una mejora que sea el IPC. Entre otras cosas porque la revaloración que se hará para la base de cada año incluirá el IPC.

Y sabemos también que hay otros colectivos, que en este momento son numerosos, yo dije antes que el sesenta y dos por ciento de la gente, se está jubilando con menos de sesenta y cinco años, que son gente expulsados del mercado de trabajo al final de su vida laboral, que cae en el desempleo y está los últimos años cotizando con lo mínimo, en el caso de todos los prejubilados. A esta gente cuantos más años se les tomen, más se elevará la base de su pensión.

Sabemos también el impacto económico de esta medida por años, y sabemos el impacto de esta medida, y sabemos el impacto de esta medida, hecho por los actuarios del INS, sabemos de media cuánto significa en cada pensión del año que viene, de media, habiendo dicho antes lo que dije.

En relación con la segunda medida, de incremento de la contributividad, el planteamiento del gobierno es el siguiente. Nosotros tenemos un sistema injusto, tenemos un sistema en el que para llegar al cien por cien de la pensión, se le exige al trabajador tener una carrera de cotizante de treinta y cinco años. Pero esa carrera de cotizante no da a cada año el mismo valor; de forma que los primeros años, los primeros quince años, que coinciden curiosamente con el período de carencia, esos primeros años llevan a un sesenta por ciento de la pensión, y de los quince hacia los treinta y cinco años se progresa de forma regular hasta el cien por cien.

El Gobierno plantea, vamos a cambiar esa curva por una recta, y vamos a establecer que cada año valga lo mismo. Esta recta es la recta por la cual se calcula la pensión, por ejemplo en colectivos tan importantes como los de clases pasivas del Estado. Nosotros rechazamos esa pretensión, a veces decimos es justo ¿ Hay algo de injusto en la situación actual?. Si estáis de acuerdo con cuestiones que he dicho antes en cuanto a edad media de duración de algunos regímenes, habréis percibido claramente que alguna injusticia hay en que un autónomo se puede jubilar justo con la carencia con un sesenta por ciento, y un jubilado anticipado que ha cotizando treinta y cinco años con cuarenta; parece que alguna injusticia hay que corregir ahí.

Sería justo ir a una raya así, pues no sería justo, porque sería aplicar una medida a colectivos que están inmersos, para decirlo de alguna manera, en distintos niveles de injusticia. Por lo tanto, rechazamos lo de la curva plana y dijimos que aceptaríamos flexionar la curva sólo si se garantizaba que se mantiene una cosa en el cálculo actual, y es que con veinticinco años se tiene derecho al ochenta por ciento de la pensión. Y a cambio de eso aceptamos que con los primeros quince años no se tuviera el sesenta, sino el cincuenta. ¿ Por qué decimos eso?, porque sabíamos que con veinticinco años de cotización no hay impacto sobre el régimen general. Esta medida impacta y tengo también los números y al final hago un resumen, en vez de letras, de números, a un doce por ciento de trabajadores del régimen general, impacta a los autónomos, impacta a los regímenes que se están jubilando en estos momentos con quince años.

Se han incluido en este apartado dos medidas de solidaridad; una medida que afecta a las pensiones de orfandad y que era una reivindicación nuestra, y es aumentar a veintiún años el pago de la prestación por orfandad, y hasta veintitrés en el caso de huérfanos, huérfanas absolutos que no tengan ningún padre. Y mejorar algunas pensiones de viudedad. Se ha conseguido mejorar un tramo de pensiones de viudedad, inferiores a sesenta años, elevando su pensión mínima en once mil pesetas. También sabemos el coste de esta medida.

El último apartado se refiere a la comisión permanente que se crea por los firmantes del presente documento que tiene funciones de control de la Seguridad Social, del seguimiento de este acuerdo, y de propuesta normativa, y de propuesta normativa. Yo creo que esto es interesante.

Termino con las siguientes consideraciones, están todas ellas en la resolución. Yo creo que este acuerdo, de producirse y creo que este acuerdo, de producirse con bastante facilidad, es un hito más en la lucha del Movimiento Obrero por consolidar y racionar un sistema de protección social que hay que cuidar como oro en paño y no sólo en esta coyuntura, en las próximas. Creo que hemos hechos un trabajo sindical, de diagnóstico y de análisis, autónomo de la situación de la Seguridad Social, y hemos anticipado nuestras propuestas que están en el Libro Blanco. Son treinta, repasarlas en el Libro Blanco y ver cuántas de esas treinta, caben en este documento.

Este es un acuerdo en el cual va a haber gente que vea su expectativa de pensión afectada, pero siempre redistribuyendo equitativamente las cargas de esa pequeña afectación. Este acuerdo va ser fuertemente atacado desde dos flancos. Desde el flanco que dice que para este viaje no necesitábamos alforjas porque no se contiene el gasto; y desde otro flanco que yo creo que de forma miope, ve los árboles y no el bosque. La junta de las dos críticas es la junta de las dos críticas de legitimación en los años setenta al estado de bienestar, los que decían que esto era una mierda porque jodía la economía, y los que decían que estas prestaciones eran una mierda porque anestesian a los trabajadores.

En cuarto lugar, este acuerdo se verificará con un desarrollo parlamentario controlado, eso se verá la semana que viene. Creo que es un buen acuerdo para la gente que se considere como sindicalista y como persona de izquierdas, que esto nuestro, que lo hemos negociado en este convenio, que es el convenio más grande que esta Confederación va a firmar, son 7,5 billones de rentas de trabajo que están metidas dentro de una caja para pagar cada año a los actuales pensionistas. Es la parte más solidaria de renta de trabajo, es más solidaria que las rentas de trabajo y por lo tanto, una bajada de un punto de cotizaciones sociales es traspasar 200.000 millones de pesetas de rentas de trabajo a rentas del capital.

Como conclusión

En 1997, suponiendo que entrará en vigor el acuerdo que vamos a tomar o que se tomará, si así se vota, habría 2.000, 215.000 pensionistas nuevos que se verían afectados por un aumento de un años de la base de cálculo para calcular su pensión. Utilizando toda la base de datos de la Seguridad Social y un cálculo actuarial, la pérdida media mensual es de 300 pesetas.

En 1998, habrá 425 mil nuevos pensionistas con una pérdida media de 500 pesetas al mes.

628 mil nuevos en el 99 con una pérdida media de 700 pesetas al mes.

En el 2000, 826 mil nuevos pensionistas entrarían ya en este POLO una pérdida media de 900 pesetas al mes. Y así sucesivamente. Eso en relación con lo de 8 años. Esto son las medias. Sabéis que el pensionista medio y el hombre medio no existe.

Si el primer año son 300 pesetas de media, se supone que hay gente que va a perder 1.000 pesetas al mes, si no, esta media no saldría.

He dicho que hay tres tipos de impactos, los colectivos que en los últimos años vean el último, el penúltimo, muy mejorada su cotización por ascensos de categoría, o por un peso muy grande de un trienio que le pilla el último año, un quinquenio, no se qué. Esos son los más afectados y estarían en una esquina. El resto, no sólo los que a los 59 años se van al subsidio sino por ejemplo, todos aquellos que en los últimos ocho años estuvieran períodos sin empleo, van a estar muy por debajo de las 300 pesetas y muchos mejorando la expectativa de su pensión.

En cuanto al cambio de porcentaje por año, el impacto será, el primer año media 300 pesetas; el segundo, 500; el tercero, 600 pesetas; y el cuarto año 700 pesetas al mes de media. Habrá gente a la que se le acumule los dos impactos, a muchos no, porque fundamentalmente en el cambio de computo por año, son afectados los autónomos, que no memorizamos. Aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan hecho una carrera de cotización en el régimen general, que hayan sido echados de su empresa y que los últimos años de su vida sean autoempleados, sean autónomos, tiene un crece de cotizaciones y entre más años de su vida laboral se les compute, más se elevarán su base de datos.

Hasta el año 2000 estas dos medidas ahorran sobre el crecimiento del sistema, la primera 20 mil millones de pesetas, a repartir entre 826 mil pensionistas. Y la segunda 17 mil millones de pesetas. En un presupuesto que en todas estas medidas, que luego diré lo que hemos metido, esto es lo que hemos sacado. Diré lo que hemos metido para saber si lo que hemos sacado ha salido del sistema o ha ido a otros pensionistas, porque las viudas también son pensionistas.

El gasto en pensiones. En 1997, 7 billones 100 mil pesetas. Con todas las medidas aplicadas, en 1998, 7 billones y medio. En 1999, 8 billones 100 mil millones. En el año 2000, 8 billones 659 mil millones.

Con esta proyección, el recorte para la Seguridad Social, para el sistema de pensiones, de la aplicación de todas estas medidas, año por año, significa que evidentemente se modula la tasa de sustitución porque se frenan las expectativas de sistema. Esto no significa recortes del gasto. En 1997 el sistema evidentemente se ahorra 879 millones con pasar de 8 a 9 años. En el 2000 se ahorrarían 10.540 millones. Con la modificación del porcentaje aplicado a cada año, en el 97 se ahorrarían 991 millones, y en el 2000, 7.997 millones.

Y ahora vamos a ver lo que hemos metido. Con modificar del 8 al 7% el coeficiente reductor para las jubilaciones anticipadas de la gente que tuviera 40 o más años de vida laboral, el sistema tiene que gastar, en 1997, 535 millones más y en el 2000, 3.965 millones más. Con la modificación de la pensión de viudedad, el sistema en 1997 tiene que incrementar su gasto en 4.200 millones, y en el 2000 en 19.940 millones. Con la modificación de la pensión de orfandad el sistema tiene que aumentar el gasto. En 1997 en 3.230 millones, y en el 2000 en 13.160 millones. Y con los destopes del sistema, incrementa en 1997 el gasto o los ingresos, los ingresos en este caso, incrementa los ingresos en 13 mil millones y en el 2000 en 40.416 millones. Todo esto compone un recorte que hace que el presupuesto de pensiones que en este momento es del 8,9% del PBI, sea en el 2001 el 9,2%, o el 9,4% según cual sea el PBI. Se gana medio punto del PBI con este tremendo recorte.

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