| NOTICIAS BUENAS Y DE LAS OTRAS N° 35 - Noviembre 2003 |
| Desde el Equipo de Representación
de los Trabajadores en el BPS - UruguayAriel Ferrari - Ernesto Murro -
Jorge Bruni
Gabriel Lagomarsino - Ramón Ruiz -Luis Duarte Heber Galli |
8º CONGRESO DEL PIT-CNT REAFIRMA LA PROPUESTA ALTERNATIVA Y LA ESTRATEGIA EN SEGURIDAD SOCIAL
El Congreso de nuestra Central abordó este tema a partir del informe presentado por la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT (COSS). El sábado 25 de Octubre sesionó la comisión respectiva del congreso, con la presencia de casi 40 compañeros, destacándose que participaron casi la mitad de los compañeros que habitualmente se reúnen por estos temas en la COSS, quienes fueron delegados titulares o suplentes del congreso y también participaron de otras comisiones del mismo. El documento fue analizado por capítulo y aprobado cada uno de ellos por unanimidad en la comisión de seguridad social del congreso, la que fue coordinada por los compañeros del ERT, Ariel Ferrari y Ernesto Murro. Se designó para informar a la plenaria del congreso a la compañera Lilián Camaño (ATSS-Treinta y tres) y al compañero Miguel Eredia (FUECI), a la vez que Ernesto Murro fue designado por esta comisión para representarla en la comisión de Programa del congreso.
Participaron de la comisión del congreso: Pedro Enrique Moro, Ricardo Vesa y Sandra Ferreyra de ADEOM; Fernando Micheloni de AEBU; Lito Bastos de AFCC; Alba Monti de AFFUR; Esteban Romasanta - Jose Soto - Laura Castillo y Mariela Falco de AFJU; Jorge Ottonello de AOEC; Angel Menchaca - Anson Cantos - Lilian Camaño - María Celia Vence - Mario Argenta y Oscar Moreno de ATSS; Ariel Ferrari y Ernesto Murro del ERT; Rina De Las Llanas de Fed.U. Mag. Salto; Ana M. García y Holt Martínez de FENAPES; Héctor Amaro y Pablo Fagundez de FFOSE; Martín Pedreira y Perla Pérez de FFSP-COFE; Miguel Eredia de FUECI; Grisel Garre de FUM; Yussara Dalto de FUS; Orliman Ojeda y Roque García Da Rosa del Plenario de Artigas; Pedro Hornos del Plenario de Salto (FUM); Graciela Pereyra del Plenario de Treinta y Tres; María Poliak del SUA-Actores; Dario Mariño y Sandra Díaz Pérez de SUTEL; William Guillen de UNTMRA; Marcelo Guardia de UOC y Gualberto Pintos de UTHC.
Se transcribe completa la resolución la que fue aprobada íntegramente por unanimidad del plenario del Congreso el sábado 1º de noviembre.
RESOLUCION DEL 8º CONGRESO DEL PIT-CNT SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
INTRODUCCIÓN
Las políticas sociales, en particular las de seguridad social, deben ser evaluadas en un contexto más general que implica atender las relaciones económicas, sociales, políticas y demográficas donde se desarrollan.
La 89°.Conferencia tripartita de OIT en su 3ª. Conclusión relativa a Seguridad Social establece: "La seguridad social administrada correctamente aumenta la productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y unas políticas de mercado laboral activas es un instrumento para el desarrollo económico sostenible. Facilita los cambios estructurales y tecnológicos que requieren una fuerza laboral adaptable y móvil.
Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la seguridad social es más necesaria que nunca.
La Seguridad Social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social. Forma parte indispensable de la política social de los gobiernos y es una herramienta importante para evitar y aliviar la pobreza. También es importante para la integración política, la participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia."
Según informó el Director General Juan Somavía a la 91ª. Conferencia anual de OIT ante la realidad de que 3 mil millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios y mil millones con menos de 1 dólar diario, alertó que el objetivo de Naciones Unidas de reducir la pobreza a la mitad hacia el 2015, "fracasará, a menos que los gobiernos asuman responsablemente el desafío de generar nuevos y más empleos decentes", ante lo cual se torna imprescindible la participación en la "Campaña mundial por la Seguridad Social y la cobertura para todos" lanzada en dicha Conferencia, que apoyamos concretamente para nuestro país y en la región. Paralelamente en la reciente cumbre de la OMC (Organización Mundial del Comercio), se supo que las vacas en EE.UU., Japón y Europa Occidental, o sea en los principales países capitalistas desarrollados, reciben diariamente entre 2,5 y 7,5 dólares diarios de subsidios gubernamentales, muchísimo más que los seres humanos ....
Los efectos de las crisis de Rusia, México, Asia, Brasil, Argentina y recientemente Uruguay, son un ejemplo claro de la mundialización. Uruguay accede en 1997 a la calificación de "investment grade" y para ello, una de sus principales razones, es la reforma de la seguridad social realizada. A principios de 2002, dicha calificación es retirada, principalmente por el déficit fiscal causado sustancialmente por la misma reforma. Otro ejemplo, reciente en la región, fue la brusca caída de los fondos previsionales en Chile por las inversiones en compañías eléctricas españolas.
Hablando de la economía política de la protección social, el Secretario General de ONU (Informe del Secretario General de ONU a la 39ª. Sesión de la comisión de Desarrollo social de ONU, N. York, 2/2001), afirma categóricamente: "Los que critican la protección social aduciendo motivos económicos sostienen que tiene efectos negativos en el rendimiento económico general, sea porque es demasiado cara, sea porque obstaculiza los cambios estructurales. Sin embargo, se ha constatado que este enfoque es miope y superficial. Como lo demuestra la experiencia de los países que han tenido éxito en las esferas económica, política y social; el desarrollo económico y la protección social se refuerzan mutuamente y , en esencia, son elementos del mismo paradigma (...) En muchos países en proceso de transición (y en algunos países en desarrollo de ingresos medianos) (…) la adopción precipitada de un modelo neoliberal de las funciones y responsabilidades del Estado en muchas ocasiones ha privado a grandes grupos humanos de estructuras institucionales eficaces que ofrezcan protección social y programas sociales más amplios."
El neoliberalismo, exige que el Estado se limite a fijar reglas coherentes y estables que aseguren las condiciones apropiadas para la libre acción de los agentes privados; reclaman la desregulación de la economía, así como la restitución al sector privado de las empresas estatizadas y son hostiles tanto a las interferencias de la legislación como a las acciones colectivas: desregulación de las relaciones individuales, negociación individual de las condiciones de trabajo, regulación para obstaculizar la concertación y la negociación colectiva y desde luego a dificultar o impedir las huelgas.
El Tratado de Asunción, origen del Mercosur (26/3/1991) en su art. 1° ya establece que ello implica entre otras muchas cosas "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", o sea que aspira a ser un mercado común con el objetivo de la apertura de las fronteras para el traslado de capitales, bienes, servicios y personas.,
Se está ante un fracaso de una forma, de un modelo de integración combinado con el fracaso de un modelo de políticas nacionales. No obstante los nuevos procesos iniciados en Argentina y Brasil y las perspectivas para Uruguay a partir del 2005, puedan alentar también en esto, nuevas esperanzas.
El neoliberalismo no duerme y nuestra lucha por un país, una región y un mundo productivo, en paz y con justicia social debe profundizarse. No obstante estas apreciaciones, y para una visualización general, podemos afirmar que en los últimos dos años puede considerarse que se ha enlentecido la ola neoliberal. En América Latina, no se han aprobado nuevas leyes de privatización por capitalización individual en seguridad social y la ola de privatizaciones en otros sectores, también está enlentecida. No obstante, en algunos países, principalmente centroamericanos (Nicaragua, El Salvador) se han implementado reformas en este 2003 (aprobadas anteriormente). En forma reciente en Panamá se intenta la privatización, con fuerte represión y sangre, intentos contra los que nos rebelamos, y a la vez nos solidarizamos con los hermanos panameños que enfrentan esos intentos.
En los últimos años, en la otra región donde este modelo se implantó (Europa Central y del Este), este proceso se ha detenido, reformas aprobadas no se están implementando y algunas están rechazadas. Entre otras razones por la necesaria reducción del déficit fiscal para ingresar a la Comunidad Europea, por la sensibilización ante los fracasos de gobiernos y pueblos. A nivel mundial, en Europa Occidental y otros países desarrollados, se reafirman los sistemas públicos solidarios con reformas no estructurales, realizadas con gradualidad, progresividad y fuerte consenso. Es el caso de la reafirmación en el 2001 con el gobierno de Aznar del Pacto de Toledo en España, las reformas en Alemania, Suecia, Italia.
En Nueva Zelanda, en 1997, el 92% de la población rechazó el modelo de privatización por capitalización individual..
En diciembre de 1994, en la Cumbre de las Américas realizada en Miami, EE.UU., con el objetivo de una estrategia global económico – comercial, política, social, propone establecer un Area de Libre Comercio de las Américas, dando nacimiento al ALCA, proceso que se establece culminar en el 2005 y que se inscribe en el marco de la progresiva globalización de la economía mundial y que causará seguramente, transformaciones importantes en la región; deberá ser considerado en relación a la protección social, en un proceso poco democrático y transparente de implementación, planteado como "zona de libre comercio" y no de integración, que vendrá seguramente acompañada de desregulación, reducción de costos laborales y de derechos sociales; crecimiento del endeudamiento y dependencia exterior, además del enorme poder transnacional que puede pesar sobre las instituciones e incluso también sobre las normas nacionales y regionales.
En la reunión de setiembre de 10 centrales sindicales del Conosur sobre seguridad social en San Pablo, el ALCA fue expresamente rechazado y se alertó sobre sus consecuencias en protección social.
SITUACIÓN NACIONAL
En nuestro país: A Julio/2003 teníamos un stock de 15.000 pasividades menos que en 1999, confirmando la tendencia decreciente que se verificara en años anteriores. Principalmente producto del endurecimiento en las condiciones de edad y años de trabajo para poder jubilarse, en las limitaciones en materia de pensiones y en el retraso de la edad de retiro de los propios trabajadores producto del bajo monto resultante de la jubilación. Año a año el BPS concede miles de jubilaciones menos. En el año 2001 se pagaron 80 millones de dólares menos en jubilaciones y pensiones que en 1999, y se estima que el descenso continuó en el presente año. Particular destaque merece la vertical caída del poder adquisitivo de las pasividades (al igual que los salarios de los trabajadores activos) el año pasado.
Se decía que el nuevo régimen iba a generar que más trabajadores se registraran en el BPS (cosa que en todo caso sería mérito de la Historia Laboral, anterior a este régimen y no de la Ley 16.713). Hoy hay menos trabajadores registrados en el BPS que en años anteriores y las cifras siguen cayendo. Los propios informes del BPS de hoy hablan de más de 370.000 puestos de trabajo en negro en nuestro país; el documento del ERT, "Informalidad y Seguridad Social en el Uruguay, 2002", permite estimar en casi un millón los uruguayos con problemas de empleo y más de 600 mil sin seguridad social, total o parcialmente excluídos y crecientemente. Datos similares aporta el Informe de Coyuntura 2003 del Cuesta Duarte.
El desempleo registró todo un récord, más del 19% para el trimestre Julio-Setiembre/2002 (Se debe tener en cuenta que este dato corresponde al sector urbano mayor, esto es poblaciones de 5.000 y más habitantes. Según concluye el reciente trabajo sobre "Informalidad y Seguridad Social - II" del ERT se demuestra que los problemas de empleo crecen en la medida que disminuye el grado de urbanización). Con sectores como los jóvenes, menores de 25 años donde el índice trepa al 42%. Mientras tanto en el seguro de paro en el mes de setiembre/2002 había algo más de 46 mil personas, y a pesar de ser un récord histórico es insuficiente si tenemos en cuenta que los desempleados son entre 285 mil y 300 mil personas (recordar que en esta cuenta no entran los uruguayos que emigraron que suman miles), considerando todo el país. Mientras tanto el Gobierno conversa con el Banco Mundial una reforma al sistema de seguro de paro que entre otras cosas señala que "los beneficios mensuales de desempleo se reducirán con el tiempo, para incentivar a los trabajadores a encontrar un nuevo empleo...esto se hará pagando un beneficio mayor que ahora al comienzo del periodo y uno menor en la segunda parte, de manera que el total no cambiará (...). El seguro de paro se sirve por 24 semanas....los informes oficiales indican que el desempleo en Montevideo dura 34 semanas, en promedio, y en el Interior urbano 29 semanas. Y 6 de cada 10 desocupados, no pone ninguna condición para ingresar a un trabajo. Al mismo tiempo el ingreso de los hogares continúa en estrepitosa caída. Y en el 2003, por restricciones gubernamentales y administrativas, ha caído brutalmente la protección de seguro de paro mientras sustancialmente se mantiene la desocupación (con leve descenso): sólo 19.000 en seguro de paro en agosto Y esto es especialmente grave para las mujeres.
La reforma de la seguridad social aplicada provocó el aumento de sus costos (los financieros para el conjunto de la sociedad y los de las comisiones que cobran las Afaps para los afiliados) lo que llevó directamente al aumento del endeudamiento. Para 2001, un tercio del déficit fiscal está explicado en el pago de intereses de deuda motivada en la asistencia del Estado a la seguridad social para cubrir los más de 1.100 millones de dólares descontados de los sueldos de los trabajadores y que se transfirieron a las AFAPs, esto sin computar la pérdida de recaudación del BPS por las sucesivas rebajas de aportes patronales indiscriminados a las empresas y ramas de actividad, sin que hubiese exigencia de contrapartidas en creación de empleo, inversiones productivas, etc. Lo que se ha dado, es una clara política aprobada por el gobierno de coalición en cambiar las fuentes de financiamiento de la seguridad social, haciéndolo aún más regresivo: a partir del 2002, por primera vez en la historia, la principal fuente de financiamiento son los impuestos, y en particular el IVA, el IMESI y el IRP (el 52 % del presupuesto general del BPS). En 1990 era sólo el 18 %...
Se da la paradoja de que aportan para la seguridad social incluso quienes están especialmente excluídos de ella...
Esta política de rebaja de aportes patronales se siguió profundizando. También cabe destacar que en diversas normas se pusieron de cargo del Gobierno Central aportes de las Intendencias Municipales del Interior del País, lo que en definitiva no es otra cosa que trasladar a los consumidores dichos aportes.
Como se demostró en la investigación sobre la materia tributaria (Libro "La estructura tributaria en el Uruguay" promovido por el ERT con los institutos Alvaro Carbone e ISODE, FESUR y en convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR.), los impuestos en nuestro país son claramente regresivos, y recaen en la espalda de los todos los uruguayos afectando principalmente a los sectores de bajos ingresos, trabajadores y jubilados y pensionistas. Los aportes patronales a la seguridad social en Uruguay son de los más bajos del mundo, en cambio los aportes de los trabajadores son de los más altos.
Todos los indicadores relativos a las AFAPs han empeorado:
Cada vez son menos los afiliados a AFAP que reciben dinero en sus cuentas en tiempo y forma. Un extremo lo constituyó el mes de setiembre/2002 donde apenas algo más de 250 mil afiliados recibieron aportes en sus cuentas, de un total de más de 610 mil afiliados.
El peso de las comisiones no ha bajado como se prometía, sino que incluso ha aumentado levemente. Lo que han retenido las AFAPs por concepto de comisiones supera holgadamente los 200 millones de dólares, nada despreciable quita a los bolsillos de los trabajadores. Las AFAPs como empresas tienen ganancias...
En el Uruguay existen actualmente 4 AFAPs, que manejan más de 1.000 millones de dólares y tienen más de 600 mil afiliados.
De acuerdo a la información del Banco Central de Uruguay y de la Asociación de Superintendencias de AFAPs (AIOS - sitio Web www.safjp.gov.ar/DOCS/aios), organización internacional que nuclea a los órganos de contralor de las administradoras de fondos de pensiones de América, las ganancias de las empresas AFAPs como sociedades anónimas (no para los trabajadores que perdieron) fue escandalosa y vergonzosa: 93 % sobre las comisiones cobradas a los trabajadores y 92 % sobre el patrimonio de las AFAPs como empresas, en el peor año de la crisis del país, con creciente pobreza (llegó al 31 % a fines 2002) y desempleo (llegó al 20 %), etc. Las AFAPs como empresas ganaron ese año 17 millones de dólares mientras los trabajadores afiliados a ellas perdieron 266 millones de dólares...A modo de comparación, en las mismas empresas privadas de América Latina la ganancia promedio fue de entre 23 y 30 % y en Argentina en crisis, la pérdida fue entre 19 y 34 %...
Hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, que las AFAPs se limitan a invertir fondos, porque todo el trabajo de recaudar y distribuir los aportes se lo hace el Estado a través del BPS, sin que estas empresas lucrativas paguen un peso por ello, a pesar de que hay normas legales que habilitan a que el BPS les cobre, cosa que no se ha logrado aprobar en el Directorio del organismo previsional. A modo de ejemplo se puede citar que en Chile son las propias AFPs las que hacen el trabajo de recaudar, directamente.
Casi seguramente no hay en el Uruguay y en el mundo sectores de actividad que tengan tan altos márgenes de ganancias. Esos ingresos provienen de la comisión que le cobran a los trabajadores del país, de cada 100 pesos que se le retienen al trabajador con destino a las AFAPs, 18 pesos se los quedan por comisiones (13 pesos de comisión de administración y 5 pesos de primas de seguros), y sólo 82 pesos van a las cuentas individuales.
Es claro que "los excesivos costos de operación reducen la rentabilidad de los ahorros acumulados en los fondos pensionales disminuyendo los incentivos a contribuir al sistema" ("Hacia un envejecimiento responsable: Las reformas de los sistemas pensionales en América Latina" Eduardo Lora y - Carmen Pagés - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Octubre 2000.)
¿Qué justifica el mantenimiento y aumento de las comisiones de las AFAPs?
¿Por qué no se le rebaja la alta comisión que se le cobra a los trabajadores y se vuelca un mayor porcentaje a la cuenta de cada trabajador?
En esta situación denunciamos que se está esquilmando a los trabajadores, se trata de un verdadero saqueo a los bolsillos de la gente, afectando fundamentalmente su vejez, a la vez que reclamamos que se tomen medidas para la rebaja de las leoninas comisiones que se cobran, y que el BPS haga efectiva la legislación vigente y cobre lo que le cuesta el trabajo que hoy hace gratis para las AFAPs.
La representación de los trabajadores en el BPS, a través del Director Ariel Ferrari realizó tres planteos sobre estos temas: siendo el BPS propietario del 37% de las acciones de República AFAP, rebajar las comisiones; cobrar a las AFAPs el trabajo que el BPS hace desde hace 7 años gratis (hoy son 1 millón 300 mil dólares por año) y que el BPS destine a Prestaciones Sociales (ya en el Mensaje de Presupuesto 2003 Prestaciones Sociales era uno de los destinos de las ganancias.), e invierta en capacitación del personal para mejorar el servicio y la atención a los afiliados, las ganancias que obtenga por su participación en República AFAP.
Al igual que en el resto del continente, en nuestro país se constató avance del proceso de concentración y extranjerización. Este proceso además agravado por la situación del sistema financiero.
Afinidad AFAP S.A. es producto de la fusión entre las anteriores Comercial y Santander y es propiedad de ambos bancos: 50 y 50 % y Unión Capital es propiedad por tercios del Boston, el Citiban y el Montevideo S.A. En los directorios de los bancos y de las Afaps estaban con importantes cargos, Carlos Rhom y Dante Peirano Basso, además de sus responsabilidades en cámaras empresariales. Santander y BBVA hoy son dominan más del 50 % de los fondos de capitalización individual en América Latina y las Afaps de bancos extranjeros crecen en participación en Uruguay.
EL PANORAMA GENERAL EN CIFRAS MÁS RECIENTES
La regresiva reforma aplicada desde 1995 en nuestro país, incluye otros aspectos, además de la privatización, con la creación del sistema de las AFAPs, como es el traslado a los trabajadores de las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones patronales, tanto públicos como privados; mayores exigencias y rigideces para conceder las prestaciones, tanto de pasividad (más años de trabajo, más edad, más años para el cálculo de la jubilación, menores porcentajes, etc.), como de actividad, algunas de la propia ley y otras de las reglamentaciones y decretos;
La introducción del lucro en la seguridad social, del sistema de ahorro individual, ha sido considerada una de las piezas fundamentales de la profundización del modelo neoliberal en los países de nuestro continente.
La "madre de todas las reformas" (Tomado del folleto "BID en acción" de mayo/2003), al decir del ex -presidente Julio María Sanguinetti, es uno de los factores determinantes del actual estado de situación del país, con sus secuelas sociales. Es muy claro que una parte muy significativa del déficit del Estado proviene de la necesidad de endeudamiento para cubrir la pérdida de recursos del BPS producto de las transferencias de recursos a las AFAPs (desde el inicio del sistema hasta ahora se han transferido unos 1.500 millones de dólares a las AFAPs).
A más de 7 años de vigencia de la Ley 16.713 debemos decir que lamentablemente teníamos razón en nuestras previsiones y afirmaciones. Junto a la aplicación de la citada Ley, sus decretos reglamentarios, disposiciones internas del BPS, Decretos del Poder Ejecutivo relativos a las prestaciones por incapacidad, la llamada ley de ajustes semestrales (Nº16.903), y más recientemente las leyes de urgencia, el presupuesto quinquenal (Ley 17.296), y otras normas, han venido procesando una caída en materia de protección social en nuestro país, de lo que son muestra elocuente las cifran antes mencionadas.
SEGURIDAD SOCIAL EN EL VII CONGRESO
De lo resuelto con relación al futuro destacamos:
"El desarrollo de la planificación del trabajo, se plantea en dos etapas: una hasta el 2004 donde se trabaje en el mejoramiento, en lo posible, de las actuales normas y disposiciones, y la otra desde 2005 donde se deberán definir formas y mecanismos de fondo sobre el sistema, en ambos caso sobre los lineamientos generales contenidos en la Propuesta Alternativa.
Esta nueva etapa de trabajo que se abre con la reafirmación de la representatividad del PIT-CNT en todos los ámbitos y niveles sociales y políticos como único y genuino interlocutor de la clase trabajadora uruguaya, elemento sustancial y permanente; con la segunda integración del representante de los trabajadores en el BPS; la redefinición de roles y tareas en el ERT, rotando en las responsabilidades principales para potenciar el trabajo; el desarrollo del papel de la propia COSS, junto a la capacitación permanente son algunos de los desafíos que tenemos por delante y que encararemos inicialmente a través de:
Propender a que los temas de seguridad social, sean generales o particulares, se integren a las plataformas reivindicativas y a las movilizaciones de los distintos sindicatos y de la misma Central, poniendo fuerza en la idea de "hacer con...", contrapuesta con el "hacer por....". En este sentido es necesario que se trabaje buscando equilibrar las disparidades que dentro de la propia Central existe, donde algunos sindicatos han desarrollados actividades y acciones en coordinación con el ERT y la COSS sobre distintos temas y con otros no se ha tenido el mismo nivel de desarrollo en este punto.
Seguir avanzando en materia de cursos de capacitación e información especialmente dirigido a los trabajadores en general, y en particular a dirigentes y militantes sindicales y con carácter general, impulsar un mayor desarrollo en materia informativa. También en este sentido existe disparidad: hay sindicatos con los cuales se ha logrado desarrollar actividades en este plano y con otros no se ha tenido el mismo nivel de desarrollo en este punto.
Establecer líneas de acción concretas para un mayor y mejor aprovechamiento por parte de los sindicatos y del propio PIT-CNT de los vínculos y relaciones del Equipo y viceversa, así como, en el mediano plazo, ampliar cuantitativamente el ERT y la COSS (en este caso propender a que participe un compañero por organización) como parte de un proceso permanente de crecimiento y desarrollo.
Para analizar en mayor grado de profundidad todo lo concerniente a la temática, con carácter interno del movimiento sindical, promover la realización de un Encuentro Nacional Sindical de Seguridad Social el próximo año, encomendándose a la COSS las tareas previas y preparatorias de este evento las que serán puestas a consideración de los órganos resolutivos de la Central. Promover la realización de un Encuentro Nacional de Defensa de la Seguridad Social en el segundo semestre del 2003"
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL ÚLTIMO CONGRESO A LA FECHA
Desde el pasado VII Congreso y en el marco antes descrito, consideramos que se ha seguido avanzando en el conocimiento y presencia del tema de la seguridad social en la opinión pública.
Dentro del contexto, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS (ERT) y la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT (COSS), en ésta última en particular con un buen clima de trabajo y una mejora sustancial en la presencia, con una treintena de compañeros/as de Montevideo e Interior que participan activamente en las reuniones mensuales y son responsables de diversas actividades en forma regular y permanente. Una docena de departamentos del interior y una veintena de sindicatos y federaciones nacionales, están habitualmente representados y haciendo cosas.
Estas actividades han permitido además a la Central, su Comisión de Seguridad Social y al ERT, contar con una experiencia y consolidar una infraestructura que le permiten encarar el futuro con muchas mayores posibilidades. Se ha reafirmado y potenciado el clima fraterno y positivo en todos los eventos, superando conflictividades existentes en otras áreas del mismo movimiento, superando constructivamente tendencias y posturas.
PERSPECTIVAS
Si bien los pueblos de América Latina sufrieron enormes perdidas con la implementación en la mayor parte del continente de reformas estructurales privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial, en la actualidad y al fresco de los nuevos vientos que soplan por estas latitudes como Movimiento Sindical entendemos que al momento de encarar el futuro debemos partir permanentemente de la premisa... Sí, es posible un futuro distinto para nuestros pueblos...
Entre el 21 y 22 de mayo del presente año en la ciudad de Washington y organizado por el propio Banco Mundial (en su sede) y las centrales sindicales CIOLS y CMT; con la participación de representantes sindicales y asesores de países de América Latina y Europa Central y del Este; el Banco Mundial por primera vez aceptó discutir con los sindicatos su modelo de privatización de la Seguridad Social; esas 2 regiones porque es en las únicas dos del mundo donde logró imponer su modelo. Las AFAPs o similares existen sólo en 15 países del mundo en los casi 200 hoy existentes. Ernesto Murro (integrante del ERT_BPS), fue invitado a participar como representante del PIT-CNT y por nuestra RED de información alternativa de seguridad social (www.redsegsoc.org.uy).
El Banco Mundial aceptó discutir, aunque no ha cambiado sustancialmente sus ideas, aunque aparecen en su seno algunas voces críticas y el hecho de discutir en sí, es un avance.
El BM se defiende diciendo que su modelo no es impuesto, sino que es reclamado por los gobiernos y que ellos tienen flexibilidad, pero en los hechos, desconocen los importantes efectos perjudiciales y de desprotección y crisis que tiene la privatización, las voces de expertos de OIT y otras organizaciones, o las del propio Stiglitz que fuera su vicepresidente y las de las organizaciones sindicales en general.
Un ejemplo es el de Argentina, en un proceso encabezado por el Secretario de Seguridad Social Alfredo Conte Grand, se revisa profundamente el sistema de las AFJP (similares a las AFAPs) . Este es el primer caso de América Latina donde se revisa un proceso aplicado, aunque no sepamos cuál será el resultado final del debate.
El Ministro de Economía Argentino, Lavagna caracterizó al régimen de las AFJP como "el corazón mismo de la crisis" del sector público de la última década y como "el producto de una reforma apresurada, sin tomar en cuenta las consecuencias ruinosas para el Estado, pero que le permitió hacer buenos negocios a unos pocos". Se destaca además el aumento de desprotección de los argentinos.
Otro ejemplo es Venezuela donde se había aprobado una ley de privatización tipo AFAP en 1997, lamentablemente además con el apoyo de la central sindical CTV (otro caso es en Polonia donde la central "Solidaridad" también apoyó la privatización y en algún país centroamericano); el actual parlamento de Venezuela el 6 de diciembre pasado aprobó una nueva ley donde se descarta el régimen de AFAP. Dicha ley orgánica fue ya promulgada por Chávez y ahora se está en etapa de elaboración de las leyes específicas para cada una de las prestaciones y regímenes. En este proceso se ha reconocido expresamente el asesoramiento del ERT.
Otro caso es Brasil (uno de los 4 países analizados en el evento del Banco Mundial, como excepción al modelo del Banco) porque ya había iniciado un proceso de reforma sin AFAP, donde también se rechaza la privatización de la seguridad social y se avanza en la necesaria reforma del régimen de jubilaciones de los funcionarios públicos. El ERT ha participado asesorando a comisiones parlamentarias y sindicales y en seminarios.
Y en Chile, donde si bien aún no hay un proceso de revisión del sistema, el Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, también señaló que: "El Estado debería estar haciéndose un ahorro fiscal para garantizar en el futuro fondos genuinos para los que aportan al sistema de reparto, y en vez de esto se endeuda y las AFP se llenan de títulos públicos: entonces, esto de la privatización del sistema previsional resulta que no es más que una gran mascarada (farsa) social". También advirtió que el régimen no alcanzó la universalidad prevista. "Una parte importante de la población no va a poder tener una pensión digna", dijo Eyzaguirre. Por estudios oficiales se sabe que el 60 % de las mujeres y el 40 % de los hombres no alcanzará una jubilación mínima por el régimen privado de AFP.
Y vale aquí recordar que "nuestro" Presidente Batlle era partidario de aplicar todavía más del modelo chileno y que el Dr. Julio María Sanguinetti, durante cuya presidencia se aprobó la reforma, considera orgullosamente que "la reforma de la Seguridad Social en Uruguay fue la madre de todas las batallas posibles de reformas del Estado en el Uruguay".
PROPUESTA ALTERNATIVA
Resumen sintético de la Propuesta Alternativa de Seguridad social de los Trabajadores – Setiembre 1999
Razones.
Principios básicos
Prioridades.
Método de elaboración.
Principales reformas.
Principales contenidos.
| Pilar | Características centrales |
| Asistencial | . Destinado a personas sin capacidad contributiva. . Basado en línea de pobreza (24 UR para familia tipo). . A partir de los 65 años o a cualquier edad en caso de incapacidad absoluta. |
| Solidaridad intergerenacional | . Para los actuales afiliados al BPS . Jubilación común: causal con 30 años registrados y 60 años de edad, bonificando la permanencia principalmente con incentivos hasta los 65 años. . Sin tope y con tasas de remplazo decreciente según franjas del sueldo básico jubilatorio. . Financiado en forma tripartita . Evitando las actuales rigideces dotándolo de flexibilidad (Ej: jubilación parcial). |
| Complementario | . Obligatorio para los afiliados activos al BPS comprendiendo
el 10% de la población de mayores ingresos como máximo. . Administrado por entidades sin fines de lucro propiedad de instituciones públicas o privadas regidas por el derecho público. . Con participación de los afiliados en la gestión. . Financiado bajo el régimen de la capitalización colectiva. La prestaciones se determinan en base a lo acumulado en la cuenta individual con prestación mínima garantizada. |
Fuente: Propuesta alternativa del ERT.
Nuestro objetivo es una propuesta posible, social y financieramente, que logre los consensos necesarios para su puesta en práctica. Con las organizaciones. Con la gente. Y si dichas correlaciones establecieran que el país debe ir a un sistema exclusivamente público solidario financieramente posible, saben que los trabajadores estaremos responsablemente en la primera fila para ello. (Este párrafo agregado fue propuesto directamente en la plenaria del Congreso -aprobado por mayoría sin votos en contra. El mismo está tomado textualmente del documento de 4ª Etapa de la Propuesta Alternativa de los Trabajadores sobre Seguridad Social de Setiembre/1999)
PROPUESTAS Y PROYECTOS DE LEY DE APLICACIÓN INMEDIATA.
Continuando con esta línea de trabajo, el 12 de Agosto pasado, la COSS (con resolución favorable de la MR del PIT-CNT) y el ERT, con la participación del director del BPS en representación de los trabajadores, presentaron el Parlamento Nacional una docena de proyectos de ley en el mismo tenor que los antes descriptos.
Estos proyectos actualmente vienen siendo presentados por los distintos compañeros en todas las Juntas Departamentales del país. Ya se ha hecho en más de la mitad del país con muy buena receptividad.
CONCLUSIONES
Si bien todos los indicadores económicos y sociales demuestran el momento crítico por el cual están atravesando los trabajadores y el conjunto de nuestra sociedad, el movimiento sindical en particular está buscando los caminos y las formas para revertir esta situación. Ejemplo de ello son los CLIFs y todo el trabajo formativo y de divulgación y organización desarrollado en todo el territorio nacional, la contribución al fortalecimiento del movimiento sindical y de lo lazos con otros sectores de la sociedad.
Particular importancia reviste todo el trabajo desarrollado en el último período por el ERT y la COSS, que han logrado en el desarrollo de las diversas actividades un relacionamiento real con diversos actores sociales, políticos y la sociedad toda; todo esto complementado con la intervención técnica de la Universidad de la República, la OIT y otras instituciones y expertos, en sus distintas áreas.
El capacitar, no sólo a quienes forman parte del movimiento sindical, sino al conjunto de la sociedad en materia de Seguridad Social permitirá revertir la situación de desconocimiento y engaño trasmitida a la población, a través de determinados medios de comunicación, sin dudas dirigidas a consolidar un sistema perjudicial para toda la sociedad, los avances en conocimiento lograrán volcar las voluntades en pro de un bienestar para la sociedad en su conjunto y no un sector privilegiado de ella.
La experiencia última de participar en los cursos acordados con la IMM nos ha puesto en contacto directo con las dos caras de una misma realidad: el escaso conocimiento de los temas de seguridad social y derechos que ésta conlleva, pero por otra parte, el interés que su conocimiento manifiesta y la posibilidad de aportar solidariamente, militantemente a buscar caminos para problemas urgentes y concretos. La participación de los cursistas y el cúmulo de consultas, así como la contribución a la solución de algunos problemas, recibidas en este período así lo demuestran. Por otra lado la invalorable experiencia e infraestructura que ha generado para este grupo de casi medio centenar de militantes de la seguridad social de todo el país.
Sin dejar de reconocer la premisa de que sin trabajo no existe seguridad social, y considerando que ambos son derechos fundamentales del ser humano es necesario que el movimiento sindical incluya el tema de Seguridad Social como uno de los puntos básicos de la plataforma reivindicativa y desarrolle las políticas necesarias para su difusión en todos los ámbitos de la sociedad al quedar demostrado que en épocas de crisis la seguridad social es más necesaria que nunca.
La presentación de la Propuesta Alternativa de los trabajadores, para lograr una reforma de la Seguridad Social que permita al decir de la OIT "una Seguridad Social para todos", sin duda es una clara muestra de la seriedad y compromiso de los trabajadores uruguayos para con toda la sociedad.
PROPUESTA
Las distintas instancias antes mencionadas, así como la maduración y desarrollo de temas por parte del ERT y de la COSS nos ha dotado de un amplio bagaje de propuestas a encarar para atender situaciones concretas de miles de compatriotas. A estos efectos nos remitimos a las resoluciones del Encuentro sindical de 6 y 7 de diciembre de 2002, a la decena de proyectos que viene impulsando la COSS y en lo general a la Propuesta Alternativa de Seguridad Social de los Trabajadores.
El 8º Congreso del PIT-CNT, además, resuelve las siguiente propuestas:
1º.- Se ratifica lo considerado y aprobado en el Encuentro Nacional de Trabajadores por la Seguridad Social de 6 y 7 de diciembre de 2002, los proyectos que viene impulsando la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT y la Propuesta Alternativa de Seguridad Social de los Trabajadores, que se integran y se consideran parte de la presente resolución.
2º.- En cuanto a la táctica y estrategia, y considerando especialmente lo resuelto por la Mesa Representativa Nacional Ampliada del pasado 4 de julio (se adjunta), referida al marco estratégico del movimiento sindical para el período inmediato, se considera necesario avanzar en la efectivización de los aspectos mencionados como de corto plazo, en los documentos referidos en el punto 1º. Como vía de eliminación de las AFAPs se dispone en esta instancia no abordar el camino de reforma constitucional el próximo año, sin que esto suponga que se descarta en forma definitiva este instrumento, y sin que ello signifique alterar en lo más mínimo la estrategia, que transcribimos y ratificamos:
"Respecto a la reforma del sistema los trabajadores uruguayos hemos definido como estrategia central el lograr un sistema de seguridad social sin AFAP.
3º.- Ratificar como línea de trabajo el que los temas de seguridad social, sean generales o particulares, se integren a las plataformas reivindicativas y a las movilizaciones de los distintos sindicatos y de la misma Central, poniendo fuerza en la idea de "hacer con...", contrapuesta con el "hacer por....".
4º.- Seguir avanzando en materia de cursos de capacitación e información especialmente dirigido a los trabajadores en general, y en particular a dirigentes y militantes sindicales y con carácter general, impulsar un mayor desarrollo en materia informativa. Inscribiéndose este aspecto en la mejor preparación de los militantes.
5º.- Declarar de máxima importancia la participación en las Memorias de Seguridad Social y Protección a los Desempleados que se realizará en el 2do. Semestre del año 2004 en la Comisión Socio—Laboral del MERCOSUR, concretando el trabajo conjunto entre las distintas centrales sindicales y encomendando al Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS y a la Comisión de Seguridad Social de la Central, el trabajo coordinado con otras comisiones que refieran al tema. Así mismo continuar y profundizar el trabajo del equipo técnico sindical del MERCOSUR ratificando la Resolución del Seminario realizado en San Pablo el pasado 1-3 de setiembre 2003.
6º.- Para el logro de los contenidos de las reformas a encarar, sea en los aspectos de corto plazo o en los objetivos finales, será factor fundamental desarrollar la más amplia política de alianzas social y política. Están intactas todas las vías legales y constitucionales para lograrlo. El movimiento sindical ha venido cosechando experiencia en esta materia, buenas y malas, con errores y aciertos, en particular respecto a la incidencia que cada una de las fuerzas que actúan en la sociedad pueden ejercer en la obtención o no de lo que se busca, a partir del mayor o menor convencimiento respecto a las propuestas a llevar adelante y de los caminos elegidos para su concreción, porque se trata de propuestas posibles...."para hacer nosotros, no sólo reclamarle a otros..."
Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural la seguridad social es más necesaria que nunca
89ª Conferencia de OIT, junio 2001
No hay paz verdadera sin justicia social; no hay justicia social sin seguridad social AISS, Asociación Internacional de Seguridad Social
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Resolución de la Mesa Representativa del PIT-CNT - 4 de Julio/2003
Sobre Ley de Iniciativa Popular – Defensa del Patrimonio Nacional – Reforma Constitucional.
a.- La propuesta del movimiento sindical - lanzada para el debate y la discusión del conjunto del movimiento obrero y popular - constituía todo un desafío cuando se aprobó, el 15 de mayo del 2001. Hoy, las urgencias, las prioridades y hasta los tiempos, son muy otros. POR TANTO, entendemos pertinente que se traslade a los cros. que convocan para la actividad del sábado 12 de julio, LA DESICIÓN DE NO CONTINUAR EXPLORANDO ESA POSIBILIDAD.
b.- LA PRIORIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL en esta etapa, es la DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL, tomando como eje central la CAMPAÑA para obtener los votos necesarios en el PLEBISCITO DE ANCAP, (seguramente convocado para el mes de Noviembre); y concretar las firmas necesarias para DEFENDER EL RECURSO DEL AGUA, como un derecho humano fundamental.
Eso implica, la disposición principal de los esfuerzos del conjunto del movimiento sindical (y esperamos que también del entramado social y popular), ya sea en horas militantes y aportes económicos que nos permitan llegar a todo el país y a todos los compatriotas con nuestros argumentos y razones.
Son mucha las cosas en juego. La clase dominante y los partidos políticos que la sustentan, también lo saben y actuarán en consecuencia. POR ESO LOS CONVOCAMOS PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA EL PRÓXIMO 22 DE JULIO EN EL LOCAL DE AEBU.
c.- Esta afirmación, la hacemos siendo conscientes de que los demás problemas y desafíos que hoy ocupan a los distintos gremios, organizaciones y el pueblo en su conjunto, no sólo no van a cesar, sino que en algunos casos se van a profundizar.
Temas como: LA DESOCUPACIÓN que alcanza a más de 260 mil uruguayos en su mayoría jóvenes; la pérdida del poder adquisitivo (fundamentalmente la CAÍDA DEL SALARIO REAL de trabajadores y jubilados); la falta de respeto a los derechos democráticos de los trabajadores, tales como la LIBERTAD SINDICAL, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, LOS CONSEJOS DE SALARIOS, etc., nos demandará aún muchas acciones y luchas.
Hay que tener en cuenta además, las movilizaciones que desatarán LA RENDICIÓN DE CUENTAS, el 8vo: CONGRESO DE LA CENTRAL; la consulta popular CONTRA EL ALCA y EL PARO CONTINENTAL, etc.
d.- En materia de SEGURIDAD SOCIAL, el PIT-CNT, no se ha quedado de brazos cruzados luego de la derrota sufrida en el referendum contra la ley 16713 que creó las AFAPS. Muchos han estado ausentes de la continuidad contra ella. Para nosotros SIGUE SIENDO TEMA FUNDAMENTAL, TRATAR POR TODOS LOS MEDIOS, VOLVER AL SISTEMA SOLIDARIO, UNIVERSAL, INTERGENERACIONAL y PÚBLICO, con las garantías que nos da el BPS en el manejo de los fondos y aportes públicos.
Nosotros reafirmamos la decisión que tomamos oportunamente, cuando acompañamos la PROPUESTA DE ONAJPU, en el plebiscito para que las jubilaciones y pensiones se AJUSTARAN SEGÚN EL ÍNDICE MEDIO SALARIAL, porque lo más justo es atar la suerte de los trabajadores todos, sin divisiones, para pelear también juntos por nuestras reivindicaciones.
Estamos de acuerdo en mejorarlo y para ello hemos venido trabajando, desarrollando decenas de cuadros en todo el país, y buscando la mayor participación para elaborar un PROYECTO ALTERNATIVO QUE TIENE SUSTANCIALES AVANCES, partiendo de la premisa que LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN TODO Y NOS COMPRENDE A TODOS.
En función de todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de ONAJPU no acuerda con el orden de prioridades y la estrategia definidas anteriormente, por tanto proponemos conversar con los compañeros y LOGRAR hacernos entender nuestras razones y argumentos.
A la vez, necesitamos fortalecer la unidad más férrea con los trabajadores del ayer, y trabajar juntos no sólo por esto, sino que por cosas más caras para nuestra patria, CONTRIBUIR PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN URUGUAY MÁS JUSTO Y SOLIDARIO, CON OTRA DISTRIBUCIÓN DE LAS RIQUEZAS QUE GENERAMOS, como siempre, LOS TRABAJADORES todos, los de ayer, los de hoy y los del futuro.
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Recibimos y publicamos
LA DE ANCAP: UNA CONSULTA DECISIVA
CONVOCAMOS A VOTAR LA ROSADA
El 7 de diciembre los uruguayos estamos convocados a definir sobre un tema clave para el futuro del país: Mantener en nuestras manos la ANCAP –principal empresa industrial nacional- y con ello darnos la oportunidad de transformarla para colocarla al servicio del desarrollo de un país productivo, con justicia social.
Ello es posible porque 685.000 ciudadanos–haciendo uso de un derecho Constitucional- firmamos para que seamos todos los uruguayos los que - previo una instancia de información y debate – seamos los que decidamos, con nuestro voto, el futuro de ANCAP.
A la ANCAP debemos transformarla, para lo cual es condición imprescindible mantenerla bajo el control de los uruguayos y no entregarla –a través de una muy mala ley- por 30 años a una empresa extranjera, encargada de su gestión. Salvo en Argentina dónde en la era Menen todo se privatizó, en ningún otro país de A. Latina, en los cuales se produjeron cambios en las Empresas Públicas Petroleras, estos supusieron la entrega de la gestión a una empresa extranjera.
La Mala Ley y las Jubilaciones, la salud, la educación y la seguridad
Ancap es el segundo organismo de recaudación de impuestos para el Estado. Esa actividad con la Mala Ley pasará a manos privadas. Además de impuestos insoportables, le dejaremos el manejo de los mismos a una empresa donde la abrumadora mayoría de los directores y gerentes serán del sector privado y extranjero. Hay que bajar los impuestos al combustible mejorando la gestión del Estado, terminando con el despilfarro y el clientelismo, con el crecimiento de la economía y hay que dejar que los siga recaudando un ente público.
No podemos poner cientos de millones de dólares de nuestros impuestos, del sacrificio de los uruguayos destinados a funciones vitales del Estado: la educación, la salud, las jubilaciones y pensiones, los niños, la seguridad, las inversiones en manos de una multinacional. Observemos lo que pasa en la Argentina.
No podemos darle un cheque en blanco a éste gobierno
Quienes nos hemos propuestos derogar la Ley 17.448 sobre ANCAP lo hacemos porque esa Ley es Mala para Ancap y para el país. Lo que hace la ley es darle un cheque en blanco a un Directorio y a un Gobierno que han actuado de espaldas a los uruguayos, lo han hecho contra la ANCAP para desprestigiarla, vaciarla y crear las condiciones para su entrega a una empresa extranjera.
La Ley y la "letra chica" del contrato entregan la ANCAP por 30 años
El Directorio de ANCAP con la anuencia del Poder Ejecutivo preparó –en consulta con las empresas interesadas en asociarse con Ancap - el Contrato y el Pliego del Llamado a Licitación Internacional, instrumentos en los cuales se consagra la entrega de la gestión al socio.
Este recibirá y administrará por 30 años, los activos fundamentales de ANCAP, un negocio que factura 1000 millones de dólares al año, una distribuidora (DUCSA) cuyo sello controla el 40% del mercado minorista, la totalidad de las acciones de la Petrolera Cono Sur (en Argentina) y el 49% de las acciones de la empresa que se creará, con los activos y el negocio de ANCAP, que otros controlarán.
Para hacerlo, en la asamblea de accionistas tendrá mayoría el socio; se conformará un directorio en el cual el socio tendrá 4 directores en 6; la presidencia de dicho directorio, el Gerente General y 3 de 4 gerencias también le corresponderán al socio.
Se trata de hacer caja, no hay inversiones, ni nuevos mercados, ni rebaja de precios
El único aporte que recibirá Ancap (el país), será el que pague una de las empresas extranjeras para adquirir el derecho a ser el socio, pago que será por una única vez. No se le exige al socio inversiones, tampoco mercados, ni niveles de absorción de trabajadores de Ancap. En cuanto a los precios al consumidor final, ni la ley, ni los contratos se proponen como objetivo el de bajar los precios. La experiencia internacional demuestra que allí dónde se aplicaron políticas de desregulación, los precios al consumidor final han aumentado de manera por demás significativa.
Este no es un camino que le convenga a los uruguayos
Por otra parte, si analizamos el resultado de la aplicación de políticas desreguladoras, llaménse privatizaciones abiertas o encubiertas, utilizando la vía de las subastas, la de las "asociaciones" que más se parece a una entrega, u otras, y, sin ir, por ejemplo, al caso argentino, mirando las experiencias de nuestro propio país, podemos concluir que ese es un camino que no le conviene al país ni a la inmensa mayoría de los uruguayos: Ahí están los ejemplos de URAGUA; asociaciones de Ancap en Alcoholes con Morrinson, con Loma Negra en el cemento-portland; con Unión Fenosa en Conecta; con SOL PETROLEO en Argentina; en el Banco de Crédito; AMBEV y el mercado cervecero uruguayo.
En nuestras manos, para transformarla al servicio de la producción y de los uruguayos
La transformación de ANCAP, sólo posible si votando la rosada en diciembre la mantenemos en nuestras manos, debe formar parte de la reforma del estado, la reforma productiva e industrial y la determinación de una clara política energética, ampliamente consensuada, la cual debe tener como objetivo principal apoyar el desarrollo productivo del país- industria- agroindustria- transporte- y asegurar el carácter de servicio público de la energía y su acceso equitativo por parte de la población y no meramente una mercancía regulada por el mercado.
Política energética en la cual el Estado deberá jugar un papel rector, para lo cual se deben fortalecer las empresas públicas existentes, las que cooperando entre sí, y no compitiendo como lo han venido haciendo UTE y ANCAP, aseguren de modo coherente, los objetivos estratégicos de dicha política energética y viabilice el proceso de planificación del sector.
Transformación para que la gestión de ANCAP y la de todas las empresas públicas, se realice con el criterio de servicio público, con una lógica diferente a la actual concepción fiscalista.
Transformación para que Ancap y demás empresas del estado sean instrumentos que con las políticas que se definan, orienten que tipo de energía utilizar para los distintos usos, contribuyan a dinamizar la producción y el conjunto de la economía, para crecer productivamente, generar fuentes de trabajo genuinas, de calidad y dignamente remuneradas.
Complementación energética
Dadas las condiciones de nuestro país, de limitados recursos naturales energéticos, se debe implementar una política gubernamental de complementación energética que fortalezca a la región en su conjunto.
Complementación negociada con los socios del Mercosur, que incluya la energía, pero también el desarrollo de cadenas productivas, discutiendo y acordando rama de actividad por rama de actividad, como forma de evitar ser tan solo aportadores de materias primas sin elaborar, y que sean los países más desarrollados del bloque, quienes agreguen valor, realizando la industrialización de esas materias primas.
Complementación que evite a nivel regional la repetición del efecto centro-periferia, que se produce a nivel mundial.
Complementación energética entre los países con el propósito de racionalizar inversiones, maximizar el uso de fuentes ya explotadas, compartir investigaciones tecnológicas, negociar de manera conjunta créditos internacionales, para incidir de manera determinante y para asegurar que nuestros pueblos puedan acceder a un bien tan imprescindible, como es el de la energía.
Negociación que debe incluir también las formas, las condiciones de la apertura en materia de combustibles. Para que como dicen los que nos quieren asustar, los que siempre nos plantean alternativas únicas, ANCAP NO DESAPAREZCA con la invasión de productos desde los países vecinos.
Así como se ha negociado y se continúa negociando, hay que acordar con los socios del Mercosur, sobre bases justas para todos y ello no puede, no debe significar, renunciar a tener políticas energéticas nacionales propias, soberanas, que atiendan nuestros intereses, complementándose con el de los pueblos vecinos.
Bases para una transformación progresista
El 7 de diciembre estaremos votando para mantener a ANCAP en manos de los uruguayos. Logrado este objetivo, todos quedamos comprometidos y desafiados, a emprender su transformación y fortalecimiento, para rescatarla de la politiquería clientelistica, colocarla al servicio objetivo Y REAL de todos los uruguayos, y con ello superar la actual crisis y poner proa hacia la construcción de un país diferente, con soluciones para los uruguayos.
Dicha transformación debe sostenerse en condiciones tales como:
PERO EL 7 DE DICIEMBRE, CON UN PRONUNCIAMIENTO EN EL SENTIDO DE DEROGAR LA LEY ESTAREMOS DANDO UN PARATE A LA APLICACIÓN DEL MODELO PRIVATIZADOR, LIQUIDADOR Y EXCLUYENTE QUE SE HA VENIDO APLICANDO EN EL PAÍS POR LOS SUCESIVOS GOBIERNOS.
ESTAREMOS VOTANDO POR EL CAMBIO O PORQUE TODO SIGA COMO HASTA AHORA, HUNDIÉNDONOS EN LA CRISIS QUE GOLPEA AL PUEBLO.
VOTANDO EL SI DE LA ROSADA ESTAREMOS ABRIENDO UNA PERSPECTIVA DE CAMBIO, POR UN PAIS CON TRABAJO Y DIGNIDAD.
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LAS FORMAS DE LA PRIVATIZACION
Algo que ilustra sobre los debates de hoy
El siguiente es un resumen extraídos de la publicación "La Consultoría de Empresas" de OIT-Ginebra, tercera edición, 1997, publicado bajo la dirección de Milan Kubr, en el que se describen algunas de las muy diversas formas a través de las cuales actividades desarrolladas por el Estado, o por organismos públicos, se pasan a manos privadas.
1.- PRIVATIZACIÓN (De capítulo 21: "La consultoría sobre la privatización", págs. 491 a 511)
Según el enfoque de este importante libro de OIT, la privatización surgió con fuerza en todo el mundo en la década del 80 "como una reacción radical destinada a invertir las tendencias cuyo control se había perdido, como la extensión de las actividades del Estado a muchas áreas que antes correspondían al sector privado y la continuación y proliferación de empresas propiedad del Estado con independencia de la disminución de los esfuerzos para que sean más eficaces en un contexto público muy politizado".
Si bien "la transferencia de los activos de las empresas públicas de los gobiernos a propietarios privados ha representado la principal forma de privatización", existen otras formas (De capítulo 20 del mismo libro: "La consultoría en el sector público").
METAS DE UN GOBIERNO QUE HA OPTADO POR LA PRIVATIZACION:
- "aumento de la dimensión y el dinamismo del sector privado;
- atracción y facilitación de inversiones en el sector privado de fuentes nacionales y extranjeras;
- generación de ingresos para el Estado;
- liberación de recursos públicos para inversiones urgentemente requeridas en infraestructura y programas sociales;
- reducción de la carga administrativa del Estado; y
- logro de una transformación radical de una economía controlada por el Estado a una economía dirigida por el mercado".
"Normalmente el ministerio más interesado en la privatización suele ser el de Hacienda".
Las grandes empresas internacionales de contabilidad, los bancos de inversiones, los despachos de abogados y los consultores, son habitualmente llamados a desempeñar papeles en los procedimientos de privatización considerando "varias razones:
- las compañías a privatizar son de propiedad pública;
- se quiere estar seguro de no ser acusados de corrupción, nepotismo o incompetencia;
- los partidos políticos, el parlamento, los medios de comunicación de masas y el público
- en general observan muy de cerca el proceso de privatización en el país;
- se desea obtener el asesoramiento de un consultor por un precio razonable;
- muchos cometidos son financiados mediante la asistencia técnica de los organismos "donantes" quienes a su vez, establecen condiciones y controlan el proceso.
PROCESO DE PRIVATIZACION
- Estudios de preprivatización: obtener una descripción auténtica de todo un sector, sus virtudes y defectos, su posición y oportunidades en la competencia nacional e internacional, la atracción de inversionistas extranjeros, consideraciones ambientales, necesidades de inversión y perspectivas de desarrollo futuro después de la privatización.
- Políticas y planes de privatización: por regla general patrocinados por proyectos y subvenciones de asistencia técnica, se diseñan y planifican todo el proceso y se elige entre diversos métodos de privatización, en general por equipos multidisciplinarios de consultores de diversas empresas y profesiones.
- Evaluación técnica : acordados los planes, intercambio de informaciones y distribución de tareas, generalmente mediante una inspección detallada de la empresa se realiza primero esta evaluación paralelamente a la estratégico financiera: con datos sobre productos y servicios, licencias y conocimientos técnicos (comerciabilidad, situación competitiva), trazado técnico y estado de los locales de la organización (edificios, máquinas, tecnologías, procedimientos, logística); productividad, gestión y recursos humanos (organización y estructura de la dirección; calificación, conocimientos técnicos y de la dirección y mano de obra, experiencia); productividad por dependencias; mejoras e inversiones necesarias; actitudes respecto al proceso de privatización y expectativas de la dirección y de los trabajadores.
- Evaluación estratégica y financiera: aspectos positivos y deficiencias de la organización en su entorno actual (mercados, base de clientes, situación competitiva, participación en el mercado); amenazas y posibilidades de la futura empresa privatizada y capacidad de la empresa para hacer frente a esas influencias (fuerzas del mercado, competencias) –lo que se vio en análisis FODA-; medidas necesarias para afianzar la posición de la empresa en el mercado local y/o internacional (contratos a largo plazo, necesidades de reestructuración, redes de comercialización); rendimiento financiero (flujo de caja, rentabilidad, estructura financiera, capital, liquidez, calidad de las cuentas por cobrar y otros activos, capacidad de autofinanciamiento).
LOS 3 PRINCIPALES METODOS O ESTRATEGIAS DE PRIVATIZACION (Tomado por Milan Kubr de E.S. Savas "Structural adjustment an public service productivity", OIT Ginebra, 1992, mimeografiado.)
Se utilizan muchos términos o expresiones diferentes para describir la privatización, pero en general, las actividades del Estado o las empresas propiedad del Estado se pueden privatizar por medio de 3 estrategias: desinversión, delegación y desplazamiento; los dos primeros son procedimientos más activos, el tercero más pasivo y en la práctica se utilizan diversas combinaciones. La privatización puede ser de toda la empresa como conjunto o mediante la división en unidades de menor tamaño.
1.- DESINVERSION: En este método hay 3 variantes: por venta, por transferencia gratuita o por liquidación.
DESINVERSION POR VENTA: En este caso en general, reúne las siguientes características: la empresa o partes de ella se pueden vender a uno o varios compradores nacionales o extranjeros mediante la negociación o la subasta; las acciones se emiten y ofrecen al público o a postores preseleccionados o se intercambian por bonos; incluso podrían comprarla sus gerentes, empleados, jubilados o usuarios locales.
DESINVERSION POR TRANSFERENCIA GRATUITA: Se puede entregar a sus empleados, usuarios o clientes organizados en cooperativa o asociación gratuitamente (método muy utilizado en Europa central y oriental, emitiendo bonos gratuitos o a bajo precio) o a sus antiguos propietarios o herederos, eventualmente combinados con venta de activos incorporados cuando la nacionalización a precio ventajoso.
DESINVERSION POR LIQUIDACIÓN: La empresa se cierra y los activos restantes (edificios, materias primas, equipos, etc.) se venden de algunas de las formas indicadas en desinversión por venta.
2.- DELEGACIÓN: En éste método o estrategia de privatización hay 5 variantes en general: delegación por contrato, por franquicia, por subvención, por bono y por mandato.
DELEGACIÓN POR CONTRATO: La actividad estatal se reestructura por contrato con una empresa privada pagada para realizar el trabajo en todo o en parte (en éste caso puede promover la competencia).
DELEGACIÓN POR FRANQUICIA O CONCESIÓN: El gobierno entrega a una empresa privada el derecho que puede ser exclusivo de vender un servicio o producto al público mediante la forma de utilización de un dominio público (ondas telefónicas, espacio subterráneo, etc.) o mediante el alquiler de bienes de propiedad estatal.
DELEGACIÓN POR SUBVENCION: La empresa privada recibe una subvención pública para realizar su tarea.
DELEGACIÓN POR BONO: En este caso el Estado emite bonos para los receptores de bienes y servicios ahora privatizados (para alimentos, salud, vivienda, cuidado infantil, etc.)
DELEGACIÓN POR MANDATO: Cuando el Estado obliga a empresas privadas a proporcionar servicios por su cuenta, por ejemplo seguridad social.
3.- DESPLAZAMIENTO: También aquí existen 3 variantes: por incumplimiento, por retirada, por desregulación.
DESPLAZAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO: Cuando el sector privado adopta medidas para ofrecer mejores servicios que las autoridades de gobierno locales (ejemplos: correos, transporte, educación).
DESPLAZAMIENTO POR RETIRADA: El Estado suspende o cierra un servicio o empresa deliberadamente.
DESPLAZAMIENTO POR DESREGULACIÓN: Son abolidos monopolios estatales o reglamentaciones abriéndose el mercado a las iniciativas privadas.
Ernesto Murro
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Estando en el tapete con tanta fuerza el plebiscito de ANCAP, transcribimos parte del punto 27 de la Carta de Intención, Memorándum de Políticas Económicas, y Memorándum Técnico de Entendimiento, fechado el 12 de marzo de 2002, firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional:
"27. El Gobierno se compromete a la reforma estructural como un instrumento esencial para ayudar a mejorar la productividad y competitividad. Uruguay tiene potencial económico sustancial para atraer inversión directa extranjera. El Gobierno está dirigiendo sus esfuerzos hacia la desregulación de la economía para permitir participación del sector privado en áreas previamente limitadas al sector público, a través de acuerdos societarios y un otorgamiento más extendido de concesiones. En este contexto, la agenda de reformas del Gobierno incluye durante 2002: (i) la concesión de frecuencias de las telecomunicaciones a las empresas del sector privado, (ii) la concesión de servicios de carga en el Aeropuerto Internacional de Montevideo; (iii) las nuevas concesiones en carreteras, transporte por ferrocarril, y mantenimiento y dirección de instalaciones portuarias; (iv) los cambios en el marco regulador y acuerdos societarios con el sector privado para facilitar la participación del sector privado en el sector de energía, incluyendo interactuar en la generación y distribución de electricidad, actividades petroleras, transporte, y en la distribución de gas natural en diciembre 2002 (referencia estructural); y (v) la liberalización del mercado de seguros de accidentes de trabajo (actualmente un monopolio del banco de seguros estatal, BSE) por septiembre 2002.
(NdR: negrita nuestra) ¿Qué le parece a Ud.?
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EL BID, LAS PRIVATIZACIONES Y EL TRABAJO: CONFESIONES Y CONFIRMACIONES.......
Peter Bakvis es miembro de la CIOSL, y tomó contacto con nuestro Equipo previo a la presencia de Ernesto Murro en Washington en reunión del Banco Mundial y los sindicatos (ver nota más adelante en este mismo boletín), de la que Peter fue coorganizador. Lo que sigue es un resumen nuestro a partir de una nota de Bakvis sobre el tema:
"El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un informe importante de
más que 300 páginas titulado "Se buscan buenos empleos: Los mercados laborales en
América Latina" que pretende "enfrentar algunos de los mitos más populares
sobre las políticas neoliberales y propone para los problemas laborales de América
Latina soluciones que ven más allá de los dogmas tradicionales".
El nuevo estudio publicado en el boletín BID América, intenta minimizar el impacto
de la globalización y de reformas del mercado libre sobre los mercados laborales en
América Latina. Declara el artículo: "El informe del BID concede que, en efecto,
muchos trabajos se han perdido debido a las privatizaciones, pero que su efecto sobre el
desempleo total ha sido pequeño". De manera similar, el informe mantiene en el
Capítulo 5 que los efectos totales de la liberalización comercial en el número de
empleos creados o perdidos han sido "inconclusos".
Sin embargo, el análisis del BID está de acuerdo con argumentos sindicales cuando observa que "las condiciones laborales a menudo se deterioraron durante y después del caótico período del proceso de privatización, ocasionando el deterioro del bienestar de los trabajadores". En algunos casos, las empresas privatizadas han impuesto días laborables más largos, que a su vez han sido señalados como responsables por un aumento de accidentes y problemas de salud. Los autores del informe del BID sostienen que las políticas públicas deberían hacer un uso selectivo de la privatización como un medio para estimular la productividad y el desarrollo económico, proporcionando a la vez protección adecuada a los trabajadores.
El informe expresa su apoyo a una "protección adecuada a los trabajadores". Una sección del informe sobre las regulaciones laborales (Capítulo 7) dice que se necesita la existencia de un salario mínimo "para controlar el poder de mercado que pueden tener las empresas frente a los trabajodores individuales" y porque "el salario mínimo puede tener algunos efectos favorables sobre la pobreza y la distribución de ingresos".
Otro mito es que la educación es una panacea que puede solucionar todos los problemas
del mercado laboral, según el informe del BID. Si bien la educación es un factor
crítico para desarrollar una fuerza laboral productiva y competitiva, sin un ambiente
institucional y macroeconómico adecuado que la respalde, un mayor nivel educativo no
puede poner a la gente a trabajar o asegurarle un salario decente.
Indudablemente, la falta de educación contribuye a una baja productividad laboral y a la
pobreza, pero no es el único problema e incluso puede no ser la causa principal del bajo
nivel de empleo. La productividad de los trabajadores depende en gran parte de factores
que están más allá de su control. Si el ambiente económico e institucional desalienta
la inversión y la innovación, o falta financiamiento e infraestructura básica, la
productividad laboral se deteriorará y los esfuerzos por elevar los niveles educativos
poco podrán hacer por mejorar la situación.
Así, una mayor y mejor educación no es, en sí misma, un boleto para salir de la
pobreza.
La discusión del informe sobre los sindicatos cita un estudio no publicado para mantener
que los sindicatos puedan reducir los lucros de las empresas y la inversión y, además,
afirma que "los sindicatos pueden promover políticas ineficientes". De otro
lado, el BID menciona también datos (cogidos principalmente de investigaciones del Banco
Mundial) que los sindicatos han contribuido para reducir las brechas salariales entre
trabajadores calificados y no calificados y entre hombres y mujeres, y que "los
sindicatos realmente pueden elevar los niveles de empleo".
Sin embargo, según el informe del BID, en muchos países de la región los sindicatos
han ayudado realmente a reducir la brecha salarial, particularmente entre trabajadores
calificados y no calificados. La investigación demuestra que mientras mayor sea el grado
de afiliación sindical en una economía, mejor es la distribución del ingreso. La
diferencia salarial entre hombres y mujeres es también menor entre los trabajadores
sindicalizados. Sin embargo, los sindicatos afectan la productividad, aunque si el efecto
es positivo o negativo varía según la industria, el país y el período de tiempo.
A pesar de la suposición ampliamente difundida de que los sindicatos promueven el
desempleo al limitar la habilidad de las compañías para contratar y despedir
trabajadores en forma dinámica, los autores del informe encontraron que los sindicatos
realmente pueden elevar los niveles de empleo, porque se preocupan tanto por el empleo
como por los salarios. La clave para solucionar los continuos conflictos entre la
industria y los trabajadores, según el estudio, es una mayor coordinación entre ambas
partes durante el proceso de negociación colectiva. La historia de sindicatos y
empresariado no necesita tener ganadores y perdedores: manejada correctamente, puede ser
una situación en que todos ganan.
A pesar de que el BID observa que "a través del Siglo 20, los sindicatos
de América Latina .. [han enfrentado] a gobiernos represivos y a compañías
explotadoras", el informe de 300 páginas, no hace ninguna mención de casos actuales
de represión contra actividades sindicales. Tomando como base una evaluación mecánica
de la protección legal de derechos a la sindicalización y la negociación colectiva, el
estudio afirma que "en América Latina tiende a otorgarse mayor protección colectiva
a los trabajadores que en el resto del mundo o en los países de mayor desarrollo".
Este análisis no es confirmado por los informes de la CIOSL, apoyados por investigaciones
detalladas, que demuestran que "se han seguido produciendo múltiples violaciones de
los derechos sindicales en las Américas durante 2002" y que "Colombia sigue
siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con un récord
impresionante de asesinatos, secuestros, violencia e intimidación" (CIOSL, Informe
Anual 2003).
El más largo capítulo del nuevo estudio del BID es dedicado a "Una Nueva Agenda de
Política Laboral" (Capítulo 8), que discute opciones para reducir la volatilidad
macroeconómica, "emparejar mejor los empleos disponibles con quienes los
buscan", actualizar las aptitudes de los trabajadores, y organizar mecanismos de
seguro social. Entre estos últimos, el informe sostiene que un sistema de seguro de
desempleo puede jugar un papel contracíclico importante. Sin embargo, el informe advierte
también, que el seguro de desempleo puede "incrementar la duración y el nivel de
desempleo mediante el incentivo de extender la búsqueda de trabajo", pero a menudo
resulta en un aumento de la productividad y del producto, porque "una búsqueda más
prolongada por parte de los trabajadores desempleados se traduce en una mejor
equiparación de empleos y trabajadores". Ya que el informe no menciona el estado
actual de la represión contra los trabajadores y sus organizaciones, no se sorprende que
el informe no hace ninguna recomendación para proteger mejor los derechos laborales
fundamentales en América Latina.
El informe completo, así como un resumen de 10 páginas, se encuentra en español y
inglés en el sitio web del BID. El enlace para la versión española es:
http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=B-2004S
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Crónica de un intento de nuevo ajuste fiscal para miles de trabajadores de todo el país y de incumplimientos....
1.- En junio/2002 el BPS-ATYR emitió un Instructivo para que las empresas públicas y privadas aplicaran el descuento del nuevo IRP creado por la Ley 17.502 y con vigencia desde el 1º/5/2002. Se determinó que se debían sumar todos los cobros que se realizan el mismo mes (con la sola excepción del aguinaldo) y la franja que correspondía al descuento era la del producto de la suma.
2.- Al aplicar este criterio a los funcionario del BPS, se cuestionó el mismo, legalmente y a través de su sindicato, la ATSS, y por parte de nuestro Equipo. El Directorio del organismo por RD 30-2/2002 de 12/9/02, hizo lugar a este recurso y se dispuso que las partidas no mensuales, proveniente de hechos generadores distintos al salario no se debían sumar al salario mensual normal para la determinación del descuento de IRP.
3.- En esas mismas fechas recibimos varias consultas, principalmente de los sindicatos de los entes autónomos. Los organismos realizaron una serie de consultas formales (vinculantes es el nombre legal) sobre como aplicar la normativa, tema de competencia del BPS en tanto es el agente recaudador del Estado de este impuesto. La respuesta fue la misma a todos los consultantes. Esta se basó en la resolución del Directorio del BPS 39-36/2002 de 20 de noviembre de 2002, que en su parte resolutiva dice claramente:
"1º.- Declarar con carácter general que en la liquidación del impuesto a las retribuciones personales, deben aplicarse las tasas vigentes en el momento en que la retribución se hace exigible para el trabajador.
2º.- Declarar con carácter general que no son acumulables el salario mensual, constituido por todos los rubros que se pagan conjuntamente con el sueldo o jornal básico, con otras retribuciones que se paguen en el mismo mes, pero que procedan de hechos generadores diferentes, excepto que se traten de las retribuciones contempladas expresamente por el artículo 7º de la ley Nº 17.502, del 29 de mayo de 2002"
Esta primera respuesta a la consulta realizada por la Comisión Administradora del Poder Legislativo (que preside el Prof. Luis Hierro López), determinó con carácter general el criterio que se debía aplicar. A nuestro entender esto zanjaba el asunto definitivamente.
4.- En marzo/2003 salió el Nº 34 de nuestro boletín "Noticias Buenas....." en el cual se insertó una extensa nota con este tema (en pág. 46 y 47), donde incluso se transcribió la resolución antes citada. Al llegarles este boletín, recibimos consulta de un sindicato de del sector de la industria del papel consultándonos sobre el tema, ya que nos dijeron que a ellos se les sumaba una partida no mensual que cobraban para determinar el descuento de IRP. Informamos a los compañeros de los pasos que debían dar, y les dimos copia de los antecedentes. No volvimos a tener noticia del asunto. Fue el único planteo que recibimos en ese momento. Nos consta que el problema existe en varias empresas privadas, aunque el Sr. Ministro Alfie haya dicho que no.
5.- Con fecha 29 de mayo/2003 el Poder Ejecutivo emite el Decreto 215/003, que contraviene el criterio general determinado por la resolución del Directorio del BPS. Este decreto establecía que todo lo que se cobra en un mismo mes se debe sumar para determinar la franja de IRP, a excepción del aguinaldo. En sesión del 4 de junio, inmediatamente, el Director Ariel Ferrari presenta el mismo en Directorio y se solicita informe a la Sala de Abogados.
6.- El informe de la Sala de Abogados llegó a consideración del Directorio del BPS para la sesión del 28 de agosto, y en el mismo, de forma contundente, entre otros conceptos, se afirma que el decreto de marras es "manifiestamente ilegal" ya que lo relativo a los impuestos, incluso la forma de calcularlos, es materia privativa de la ley; y basados en las normas legales vigentes se determinaban las franjas de IRP sin sumar partidas diferentes; y esto no se puede reglamentar a través de decretos. Se dice además que, de aplicarse el decreto, se pueden dar situaciones absurdas ya que por ejemplo podría incluso suceder que si a un trabajador se le paga el sueldo de agosto el 5 de setiembre, y el sueldo de setiembre se le paga el 30 del mismo mes, ambos debieran ser sumado para determinar la franja de descuento de IRP. Se llega a sostener por parte de los abogados del BPS que incluso además de ser ilegal el decreto es inaplicable por falta de técnica precisa en su redacción. Finalizan recomendando la no aplicación del decreto o su inmediata derogación por el Poder Ejecutivo, alertando sobre el riesgo de someter al BPS a múltiples juicios.
7.- En sesión del Directorio del BPS de 10 de setiembre por mayoría de ese cuerpo se decide aplicar el decreto 215/003 y mandar el informe de Sala de Abogados al Poder Ejecutivo. Los Directores Ferrari y Fernández propusieron dejar en suspenso la aplicación del decreto y pasar nota al Poder Ejecutivo con la opinión de la Sala de Abogados del BPS, propuesta que no obtuvo la mayoría necesaria.
8.- Estos hechos adquieren relevancia pública y con fecha 17 de setiembre el Poder Ejecutivo emite un decreto suspendiendo por 30 días la aplicación del último cuestionado decreto 215/003.
En esos días nos enteramos que a nivel de algunos servicios se analizaba si correspondía o no la aplicación del criterio de sumar cobros a los casos en que los pasivos cobraran más de una pasividad, cosa que no se llegó a dirimir ya que salió el decreto suspendiendo el 215 por 30 días. Pero la duda estaba instalada.
9.- Ante nuestras afirmaciones públicas, a fines de setiembre, se nos señala por parte de jerarquías del BPS que el Decreto 215 no implicaba modificaciones excepto para ciertos sectores públicos. Ante ello recordamos la resolución del Directorio 39-36/2002 de 20/11/2002 y además el caso de la empresa papelera que nos consultó. Hechas las verificaciones del caso por los servicios del BPS, se nos informó que efectivamente en esa empresa a los trabajadores se les había seguido calculando el IRP con los criterios originales de junio/2002, es decir sumar todo lo que se cobra en un mismo mes independientemente de su origen y periodicidad. La repercusión pública del asunto llevó a que, paralelamente, recibiéramos planteos y consultas de otros sindicatos, empresas, y trabajadores de varios sectores, al respecto y pudimos constatar que el equivocado criterio inicial del 2002 se aplicaba en distintas empresas del sector público y privado.
10.- En esos mismos días, la primera semana de octubre, tomamos contacto con lo que se nos dijo que era un "borrador" de decreto del Poder Ejecutivo para sustituir el decreto 215/003, días después ese borrador era de amplia circulación, y atento a que se estaba en la semana de vencimiento de los 30 días de suspensión del decreto 215, y a su contenido y características, resolvimos hacer pública nuestra opinión inicial sobre el mismo, la que apareció en la prensa el domingo 12 de octubre. Allí detallamos el alcance del decreto, a nuestro juicio; volvimos a insistir con la compleja situación que se generaría si se aplicaba a los pasivos; expresamos claramente que no se había implementado la resolución de Noviembre/2002 y consecuentemente no se advirtió a los contribuyente del criterio general que determinó el Directorio del BPS para la determinación de las franjas de descuento de IRP en el caso de cobro de partidas no mensuales; y en numeral 11 de esa comunicación pública establecimos nuestra opinión: se debía anular el decreto 215/003 y que el BPS emitiera un instructivo genera, parejo para todos los trabajadores, para que los contribuyentes aplicaran los criterios correctos para al descontar el IRP.
11.- En sesión del Directorio de 15 de octubre, a la mañana, ante el manifiesto desconocimiento de los presentes en sala, de la emisión de un decreto sustitutivo por parte del Poder Ejecutivo, el Director Ferrari pidió la inclusión del tema del IRP en el orden del día de la sesión siguiente, por cuanto en cualquier caso los 30 días de suspensión del decreto 215/003 vencía esa semana.
A la tarde de ese mismo día, en la página de Internet de la Presidencia de la República, aparece el decreto sustitutivo del 215, fechado 10 de octubre de 2003. Su contenido era en lo principal, igual al que había circulado unas semanas antes y recién apareció publicado en el Diario Oficial el 22/10/03.
12.- En la segunda quincena de Octubre crece la presencia pública del tema, en los hechos a esta altura ya era un tema político con tono de fuerte polémica. El Ministro de Economía declara públicamente que el decreto no es de aplicación a jubilados y pensionistas, a los que se les seguirá aplicando igual el IRP. Se determinan acciones parlamentarias. Paralelamente en esos días se edita un libro sobre el IRP escrito por el Diputado Víctor Rossi del EP-FA; y el Partido Nacional plantea que se considere una ley interpretativa para definir el tema.
13.- El Directorio del BPS se reúne el miércoles 22 de octubre con 5 Directores presentes (ausencia de Gasparri y Menéndez en el exterior) y por 4 votos de los Directores Herrera, Delgado, Fernández y Ferrari, a 1 de Norberto Sanguinetti (presidente en ejercicio) se resuelve pedir nuevo informe de la Sala de Abogados teniendo especialmente en consideración que ya hay pronunciamiento de la misma respecto al Decreto 215/003 y que este Decreto del 10/10 (lleva el número 410/003) es sustitutivo del 215. También se señala especialmente que el criterio correcto a aplicar está en la resolución 39-36/2002 de 20/11/2002 y mientras tanto se produce ese informe y se adopta resolución definitiva, no aplicar el nuevo decreto 410/003; además se pide informe a la Dirección Técnica de ATYR respecto a cómo se procedió respecto a la RD de noviembre/2002.
14.- El 23 de octubre, lo resuelto en mayoría por el Directorio trasciende en los medios de prensa, varios Directores hacen declaraciones públicas al respecto. Para sorpresa de todos en la prensa del día 23/10 aparece un comunicado del BPS diciendo que nadie resolvió no aplicar el Decreto 410/003 y se transcribe una "resolución" RD 36-24/2003 cuyo contenido recoge en forma absolutamente parcial lo resuelto el día anterior, no recogiendo aspectos sustanciales. Llevaba la firma del presidente en ejercicio Sanguinetti. Ante ello se reúnen los cuatro Directores (Herrera, Ferrari, Fernández y Delgado) y cursan nota al Presidente en ejercicio explicitando los contenidos que debía tener la resolución y solicitan reunión extraordinaria para el lunes 27. Realizada esta reunión se aclaró el real contenido de lo resuelto y se emitió un comunicado público.
En estos mismo días el Ministro de Economía declara que el decreto 410 afectaría sólo al 2% de los trabajadores del país y que no significaba una modificación importante del total recaudado. Al respecto vale señalar que si afecta sólo al 2% de los trabajadores ello se debe a que no se estaría aplicando la resolución de noviembre/2002 del Directorio.
15.- En sesión del Directorio del 29 de octubre se resuelve por unanimidad pedir ampliación de informe sobre el tema a la Sala de Abogados y mantener en suspenso la aplicación del Decreto 410, a la vez que se instruye a la Dirección Técnica de ATYR que lo que se debe aplicar con carácter general es la RD 39-36/2003.
16.- El lunes 3 de noviembre concurren al Senado de la República los Ministros Alfie y Pérez del Castillo, los que en ese ámbito manifiestan que se anularan los decretos 215 y 410 y se emitirá un nuevo decreto recogiendo las inquietudes planteadas. Este nuevo decreto determinaría que los pagos mensuales regulares no se debería sumar a pagos especiales no mensuales, que en esencia es la postura sustentada por el BPS.
En sesión de Directorio del 5 de noviembre se considera un nuevo informe ampliatorio de la Sala de Abogados el que entre otros aspectos dice que el BPS debe aplicar los