Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS

Setiembre/2003

El parlamento estudia un proyecto que otorga a ciertos magistrados y funcionarios que antes del 1/4/96 desempeñaban funciones y tuvieren cuarenta o más años de edad, la posibilidad de que los años de desempeño en la función pública les sirva para jubilarse por el BPS y por la Caja Profesional, permitiéndose la acumulación de ambas pasividades.

Se agrega la posibilidad de desafiliación de las AFAP con efectos retroactivos al 1/04/96 o a la fecha de la afiliación, a quienes realizaron la opción de afiliarse a alguna de ellas.

También se declara con carácter interpretativo que el tope permitido para estos cargos de dedicación total, sea 15 veces el valor del SMN al 1/5/95.

Todo se financia con cargo a rentas generales, permitiéndose compensar los importes con lo que la Caja.Profesional deba al Estado por tributos que recauda.

El fundamento según sus promotores, radica en la injusticia que supone que a dichos magistrados y funcionarios se le paguen pasividades topeadas, luego de haber realizado importantes aportes al BPS.

Reconocemos enfáticamente la importancia del P.Judicial. No en vano ejerce la soberanía de la nación en forma indirecta.

La independencia tecnica y presupuestal, la imparcialidad e idoneidad son trascendentes para una auténtica vigencia del P. Judicial y de la división de poderes. Lamentablemente no lo han entendido así los últimos gobiernos, que lo han sometido a persistentes recortes, originando continuas peregrinaciones por cuanta oficina existe, solicitando que se le otorgara lo elemental para un funcionamiento medianamente eficiente de la justicia.

Los mismos fundamentos llevan a la existencia de un régimen full time, incompatibilidades y prohibiciones (de dirigir, defender, o tramitar asuntos judiciales, o intervenir,etc) para los cargos de la judicatura con toda otra función pública retribuida u honoraria, estableciendo pena de inmediata destitución si se violentan esas disposiciones.

Insistimos: estamos absolutamente de acuerdo con lo precedentemente expresado. Es notable apreciar cómo en la vida de los países, las grandes decisiones, grandes cambios a veces dramáticos, las muchas veces brutales lucha de intereses, en su mayor parte ocurren fuera de los tribunales.

Lo cual no significa negar su importancia y trascendencia. También es cierto que en momentos claves de las sociedades aparece la justicia. Miremos lo que pasa en Argentina con los grandes violadores de los derechos humanos, y en el propio Uruguay, donde comienzan a esclarecerse algunos temas que han signado la vida de generaciones enteras.

Más allá de los vaivenes que el proceso de los tiempos somete a los humanos, de errores, nuestra justicia uruguaya es uno de esos bienes que ha significado orgullo para los uruguayos.

Basado en esa convicción y respeto, es que nos permitimos disentir profundamente con lo que hoy está a estudio del parlamento. ¿Acaso los únicos ciudadanos que han sufrido la injusticia de que se le paguen pasividades topeadas, luego de haber realizado importantes aportes al BPS, son los incluidos en el proyecto a estudio? Y los miles de compatriotas restantes, ¿qué pasa con ellos?

¿No afecta la igualdad de todos ante la ley, establecer una doble jubilación por los mismos años trabajados, y la posibilidad de desafiliación de las AFAPS, derechos ambos que los demás ciudadanos no tienen?.

Esta iniciativa que ampara a un reducido número de ciudadanos ¿no violenta la solidaridad, imprescindible en cualquier sociedad democrática basada en la dignidad humana y el progreso social?

La financiación propuesta, rentas generales, ¿no descansa en un sistema brutalmente regresivo, en el que absurdamente pagan más quienes menos tienen, y menos quienes poseen más? Ergo: lo pagamos todos los uruguayos..

¿No se verá afectada la propia viabilidad financiera del sistema general de seguridad social, y del subsistema profesional en particular?.

Y bueno es aclararlo: no nos parece correcto ni justo el monto de las pasividades de los ciudadanos incluidos en el proyecto. Pero, y los miles de compatriotas restantes, ¿no están en la misma situación?

Creemos que este tipo de soluciones parciales no contribuyen a la solución de los problemas que tiene el país. Hace perder credibilidad en las soluciones generales, de fondo y solidarias, que Uruguay necesita. Más bien parecen avalar el mensaje reiteradamente repetido allá por 1995 cuando se introdujeron las AFAPS: ¡Hacé la tuya!

Uruguay conoció en el pasado este tipo de soluciones, que luego despertaron reacciones desmedidas. Recuérdese el Acto Institucional N. 9 sancionado en dictadura. Sus autores decían en la exposición de motivos que era necesario " legislar en la soledad del gabinete, libre de las presiones sociales y/o populares" Mírese lo que sucede en Brasil con la reforma previsional.

No creemos razonable ni justo que hoy en democracia persistan aún planteos desigualadores. El país necesita otro tipo de visión. Solidaria, con justicia social. Y ¡claro! que para ello es fundamental un poder judicial fuerte independiente, creíble. Lo propuesto en el proyecto en cuestión, nada tiene que ver con ello. Es nuestra opinión.. .