CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN AMERICANA DE ACTUARIA Y FINANCIAMIENTO

VI CONFERENCIA DE ACTUARIOS Y FINANCISTAS A NIVEL INTERNACIONAL

México, D.F. 3 al 5 de septiembre de 2001

Dra. María Elena Benítez Pérez- Centro de Estudios DemográficosUniversidad de La Habana - México, 3-5 de septiembre 2001 - benitez@cedem.uh.cu

Numerosos son los factores que le han conferido al envejecimiento de la población una importancia especial. Se trata de un fenómeno nuevo de la sociedad de finales del siglo XX, por tanto, relativamente poco estudiado, que afecta a la mayoría de los países y que, según las estimaciones y proyecciones de población, se agudizará en el futuro. Ello planteará también nuevos retos a casi todos los ámbitos de la vida humana y explica el esfuerzo, cada vez mayor, por captar este cambio demográfico como un todo, considerando los aspectos que con él se interrelacionan, así como, todas las consecuencias que de él se derivan.

El examen de los fundamentos de la política social de Cuba y el aumento registrado en la tasa de envejecimiento de su población constituyen, en este sentido, el objetivo esencial de este trabajo, cuyo énfasis estará en los principios rectores que explican el por qué de las decisiones y el marco institucional requerido, así como, los retos que tiene por delante la sustentabilidad de esta política.

La reducción de la fecundidad, el descenso de la mortalidad y el alargamiento de la vida, el aumento de la proporción de personas dependientes, los cambios en la estructura familiar, la salud, el sistema de seguridad social, el bloqueo y algunos de sus impactos sobre las familias constituyen aspectos esenciales abordados en el trabajo.

También se examina la capacidad que ha tenido el país para enfrentar una crisis tan aguda como la que atraviesa desde 1989, sin que hasta el presente, se hayan afectado sensiblemente sus indicadores básicos de desarrollo social.

Finalmente, se llama la atención sobre la naturaleza de los ajustes que se están realizando, incorporando algunas herramientas de mercado, pero manteniendo inalterables los valores básicos, vinculados a un orden social sin exclusiones.

I.- El desarrollo económico y social en Cuba

Las últimas cuatro décadas la evolución y desarrollo de la economía cubana ha supuesto un cambio radical en las condiciones y estilo de vida de los cubanos. Durante este período, el sistema económico, político y social ha experimentado profundas e importantes transformaciones. Por eso, y partiendo del reconocimiento de que los procesos demográficos tienen su base en los factores socioeconómicos, este trabajo debe partir, haciendo un análisis general de las condiciones de la economía cubana.

Así, las características de la economía cubana antes de 1959 revelan a "un país monoproductor, dependiente de un solo producto, cuya producción era estacional, caracterizado por un bajo desarrollo industrial, así como por una agricultura subdesarrollada y poco diversificada. País pequeño, carente de recursos naturales y de industria pesada, que exhibía un acusado deterioro industrial, cuyas características -además del bajo nivel tecnológico de buena parte de la industria existente- consistían en el reducido nivel de explotación de la capacidad instalada y los bajos niveles de integración, no sólo entre las ramas industriales, sino también entre la agricultura y la industria. Todo esto, en las condiciones de un comercio exterior concentrado en gran parte en un solo país –los Estados Unidos- dependiente de las coyunturas de demanda y precio de un solo producto -el azúcar-".

A la situación descrita súmense el bajo nivel de desarrollo de la infraestructura, las reducidas disponibilidades de fuerza de trabajo calificada y las circunstancias de que la industria estaba concentrada en una sola región del país: La Habana. Se tendrá entonces un panorama general de las pésimas condiciones de partida de la economía cubana al inicio de la Revolución. En lógica correspondencia, este bajo nivel de desarrollo económico se traducía en una inequitativa situación social en el país, cuyas características más notables eran: el extendido nivel de pobreza, con su secuela de desempleo, desnutrición, insalubridad, analfabetismo, falta de asistencia social, déficit de viviendas, elevados alquileres y discriminación por raza, sexo y situación económica. Aspectos que, en general, alcanzaban niveles verdaderamente críticos en las zonas rurales del país, caracterizadas además, por la falta de energía eléctrica, de vías de comunicación adecuadas, entre otras.

El período 1959-1975 constituye para la economía cubana una etapa en que se reducen las principales desproporciones que la caracterizaban y donde se le asigna una importante prioridad a la modernización de la agricultura y al desarrollo de las industrias que coadyuvaran, en primer lugar, al desarrollo agropecuario y al desarrollo de la infraestructura productiva del país. Pero, a la vez, este período significó la instauración de un nuevo orden social, donde destacan leyes como las de la Reforma Agraria, la Reforma Urbana, la nacionalización de las grandes industrias y consorcios, la nacionalización general de la enseñanza y la gratuidad de los servicios sociales, en particular, educación y salud; tiene lugar la campaña de alfabetización; la incorporación masiva de la mujer al trabajo; la eliminación del carácter estacional de la economía cubana con su impacto en el desempleo, el que llega a erradicarse; y se supera el obstáculo que representaba la escasez de fuerza de trabajo calificada para la industrialización del país.

En este proceso de desarrollo económico y social, desempeña un importante papel la transformación de las relaciones externas de la economía cubana. Desde 1960, apenas dos años después de iniciadas las primeras transformaciones políticas, económicas y sociales, orientadas por valores de igualdad y justicia social, Cuba debió iniciar la conformación de un vínculo comercial con economías situadas a miles de kilómetros de sus costas -con la antigua URSS inicialmente y con los restantes países del Este de Europa posteriormente- a pesar de no constituir esta la región geográfica y natural para la integración de la economía cubana. Este hecho estuvo directamente ligado al bloqueo económico decretado por los Estados Unidos de América a finales de 1960, y aprobado oficialmente en octubre de 1962, y, fue apoyado por los gobiernos de los países de América Latina que, con la única excepción de México, rompieron sus relaciones económicas y diplomáticas con Cuba, amparados en el acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1960.

Es necesario señalar que el impacto del bloqueo económico no abarcó sólo la suspensión del comercio exterior, sino todo tipo de relaciones económicas y financieras, tanto de forma directa como a través de otros países que secundaron las medidas y acciones de la administración norteamericana. Para Cuba, esto supuso entre otras medidas: la prohibición de utilizar la moneda estadounidense en las operaciones financieras internacionales y, la suspensión de todos los créditos de los organismos financieros internacionales más importantes, así como otras acciones negativas de carácter económico y político que todavía hoy nos afectan.

El desarrollo de los nuevos vínculos comerciales dio lugar a un creciente proceso de integración económica, que se aceleró y consolidó a partir del ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1972. En este contexto, Cuba asumió, como centro de su estrategia económica, el papel de suministradora de azúcar, níquel y otros productos tradicionales, dadas las condiciones de altos precios y mercado seguro que se le ofrecían. Es decir, que la inserción de Cuba en el CAME "no sólo determinó una división del trabajo favorable o aceptable (dado el restringido rango de opciones abiertas), sino que se constituyó también en doble mecanismo de protección -comercial y financiero- frente a las fluctuaciones de la economía internacional y las fallas estructurales internas".

La estrategia seguida incluyó, además, inversiones dirigidas a la ampliación de la infraestructura productiva. Se acomete también un fuerte programa de inversiones para la ampliación y modernización de la agricultura y de las capacidades en las industrias tradicionales del azúcar, níquel, bebidas y licores, y se crearon nuevas capacidades en la industria mecánica, de materiales de construcción, química, alimenticia, farmacéutica, textil y pesca, es decir, en ramas encaminadas a la industrialización del país.

Los resultados de esta estrategia determinaron, entre los años 1975 y 1985 un crecimiento productivo promedio del orden del 6,2 % anual a precios constantes, ritmo de crecimiento envidiable para la América Latina de la época. Este crecimiento, sin embargo, se obtuvo sobre la base de un modelo extensivo, lo que significaba una demanda cada vez mayor de inversiones para obtener un mismo nivel de producción, e incluso caídas en el crecimiento de la productividad del trabajo. Al propio tiempo, implicó la incorporación de tecnologías atrasadas y dispendiosas de energía; aspectos que, junto a la amplia centralización económica -entre otros- comenzaron a evidenciar el agotamiento del modelo hacia fines de la década del ochenta.

Entre 1986 y 1989 se inició en el país un proceso de rectificación cuyo énfasis fundamental estuvo encaminado a la recuperación de la moral de trabajo y la disciplina, y a la erradicación de prácticas ilegítimas en la gestión empresarial. Estas desventajas, sin embargo, no deben opacar los resultados económicos y sociales alcanzados por Cuba -un país subdesarrollado- entre 1959 y 1989. Estos respondieron a los objetivos estratégicos trazados: eliminar las causas generadoras de pobreza y ubicar la evolución del ser humano en su condición de sujeto social activo y como objetivo supremo del modelo de desarrollo.

A partir de 1989, los problemas que enfrentaba el país se vieron agudizados por la adversa coyuntura internacional, caracterizada básicamente por dos factores: la desintegración abrupta del sistema socialista europeo y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. La crisis que sobrevino a la ruptura de los vínculos con los países miembros del CAME significó no sólo la pérdida de mercados, fuentes de financiamiento, integración tecnológica y precios preferenciales, o dicho de otra manera, la quiebra de la estrategia de desarrollo económico trazada hasta ese momento en el país; sino que amenazaba incluso la conservación del proyecto revolucionario mismo.

El bloqueo, como se ha señalado, ha sido una constante durante todo el período de referencia del presente trabajo. Este cierra el acceso del país a amplios mercados que se encuentran en su entorno geográfico. De ese modo, grava enormemente el precio de lo que se adquiere, debido a los costos de transporte y al riesgo asociado a comerciar con Cuba. Pero el bloqueo no sólo significa el cierre del comercio con los agentes económicos de los Estados Unidos, sino que penaliza cualquier vínculo comercial entre empresas subsidiarias o vinculadas a los negocios entre ese país y Cuba. Así, en octubre de 1992 se aprobó la Ley Torricelli, encaminada al recrudecimiento del bloqueo. La misma sanciona a los barcos mercantes que entren en puertos cubanos con 180 días de prohibición a ingresar a puertos norteamericanos. Esto, por supuesto, aumenta el precio de los fletes. En febrero de 1996 se aprobó la Ley Helms-Burton que convierte el incumplimiento de las medidas del bloqueo en un obstáculo mayor para las relaciones de cualquier país con los Estados Unidos. Entre sus disposiciones contempla la oposición al ingreso de Cuba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

En estas condiciones, resulta entonces natural la caída generalizada observada en todos los indicadores económicos del país entre 1990 y 1994. Se destacan, en este proceso, el descenso registrado en la capacidad de importación y la disminución del Producto Interno Bruto (PIB). Cuba es un país cuya economía ha sido muy dependiente del comercio exterior, con un coeficiente de importación en relación con el ingreso nacional históricamente muy alto. Como promedio, este coeficiente fue de alrededor del 50 % en el período 1980-1989. En 1989, los países socialistas participaban en más del 80 % del comercio total. Los países miembros del CAME suministraban a Cuba el 86 % de las materias primas, 98 % de los combustibles, 80 % de las maquinarias y equipos y algo más del 70 % de las manufacturas.

Se comprenderá, entonces, el impacto que significó para la economía cubana la desorganización de la red comercial con los países miembros del CAME. El ajuste forzó una disminución notable de las importaciones, desde un nivel de 8 100 millones de dólares en 1989 hasta 2 000 millones en 1993, es decir, una reducción del orden del 75,3 %. En consecuencia, el PIB se contrajo en un 35% en el período de 1989 a 1993, al pasar de 19 585,8 millones de pesos, en 1989, a 12 776,7 en 1993.

El PIB percápita, por su parte, descendió desde 1 861,3 pesos en 1989 a 1 171,6 en 1993 para una reducción del 37 %. Si se considera que los resultados de 1989 son ligeramente superiores a los del último año del período 1980-1985, quinquenio recordado como el más próspero con respecto al consumo, una caída de esta magnitud significa que la respuesta productiva del país sustentaba adecuadamente, cuando más, las dos terceras partes de la población total. Esta situación de emergencia económica, posterior a la ruptura de los vínculos con el CAME, los cubanos la identificamos como Período Especial en Tiempo de Paz.

Lo anterior puede servir para dar cuenta de la envergadura de los esfuerzos que la población cubana y el Gobierno han tenido que realizar para mantener en marcha la vida económica y social del país, el que está inmerso en una profunda transformación económica e institucional. Sin embargo, y a diferencia de lo que generalmente ocurre en países que han atravesado procesos análogos, se ha procurado distribuir de modo equitativo las cargas por el efecto de la crisis y de los acomodos subsecuentes. Aún así, los sacrificios de la población han resultado mayúsculos, sin que se pueda considerar que dicho proceso se hubiese finiquitado por entero.

En medio de las restricciones descritas, Cuba necesitó realizar, a partir de 1989, un conjunto de transformaciones encaminadas a la reorganización y reactivación de su economía, al tiempo de insertarse a las nuevas realidades externas. Las decisiones adoptadas abarcan un amplio espectro, que incluye las de tipo económico, legales, políticas y sociales. Estas comportan cambios importantes, y en la práctica van conformando un nuevo modelo de desarrollo y de política económica. Los principales cambios han sido:

• La concentración de las inversiones en sectores que contribuyeron a elevar el ingreso en divisas de rápida recuperación del capital, fundamentalmente en el turismo. Desde 1994, las divisas brutas obtenidas del turismo exceden las exportaciones de azúcar.

• Descentralización del Comercio Exterior: Autorización para operar en el territorio nacional representaciones comerciales de firmas extranjeras. Incentivación al establecimiento de la inversión extranjera en el país, proceso que aunque limitado fuertemente por el bloqueo económico, ha logrado crecer sostenidamente.

• Legalización de la tenencia de divisas y autorización al envío de remesas desde el exterior.

• Introducción de una moneda nacional convertible equivalente al dólar.

• Desarrollo de la industria médico-farmacéutica, la que ha demostrado sus potencialidades en la producción de novedosos medicamentos y vacunas, apoyada por un fuerte dispositivo investigativo, sobre todo, en materia de ingeniería genética y biotecnología.

• Establecimiento del Sistema Tributario del País. En 1994 se aprobó la Ley Fiscal para contribuir al saneamiento del desequilibrio existente en las finanzas internas y a una redistribución más adecuada del ingreso nacional.

• Crecimiento y regulación del autoempleo.

• Reestructuración de las propiedades agrícolas estatales con el fin de aumentar la eficiencia en el sector. Creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Un 67,2 % del total de la tierra cultivable del país es explotada, en estos momentos, por cooperativistas y agricultores individuales.

• Se han dado pasos para el pago de la deuda externa a algunos países y se ha manifestado la disposición de Cuba a alcanzar acuerdos con sus acreedores en un marco de flexibilidad y búsqueda de soluciones razonables.

Puede decirse que hoy el país está interesado en la reconversión de las relaciones microeconómicas, con el propósito de elevar la producción alimentaria y de bienes esenciales para el consumo de la población. No es impreciso señalar que actualmente el país está incorporando, paulatinamente, las reformas económicas que requieren los nuevos escenarios que tiene frente a él y del que, como actor económico, tiene que formar parte. No obstante, la tarea es sumamente compleja y se agudiza en el contexto del actual bloqueo económico decretado por la administración norteamericana, pues a su vez las soluciones planteadas presentan escollos que es preciso sortear.

Este conjunto de medidas ha contribuido, sin embargo, a que a partir de 1994 la economía cubana presente una tendencia hacia la recuperación económica, lo que se aprecia en el comportamiento del PIB, indicador que ha mantenido un crecimiento modesto pero sostenido. Prácticamente todos los sectores de la economía, con la excepción del sector azucarero y la producción de fertilizantes, tienen una tendencia al crecimiento. El turismo, por ejemplo, desde que se decidió priorizar su desarrollo a principios de la década del 90, ha crecido a un promedio de un 18 % anual. Adicionalmente, ya en la zafra 1999-2000, se aprecian signos de recuperación en la industria azucarera, en particular, en cuanto a la elevación de su eficiencia.

Estos resultados económicos son, sin dudas, una expresión del esfuerzo del pueblo cubano -aún en condiciones de bloqueo- y su respaldo al programa económico puesto en práctica por el Gobierno. Este tiene en el centro de su estrategia el establecimiento de mecanismos de generación de divisas que permitan financiar la reconversión productiva y enfrentar a los mercados internacionales del siglo XXI, al tiempo de continuar ofreciendo los servicios sociales, particularmente la entrega de servicios de salud y educación, que ya forman parte de la cultura y de la vida cotidiana de los cubanos, y que causan admiración a muchos pueblos en el mundo.

Estas y otras mejorías reales, sin embargo, ocurren en un escenario donde persisten demandas insatisfechas de la población, tales como: la construcción y reparación de viviendas, el transporte de pasajeros, la afectación en el abastecimiento de algunos productos normados, mientras otros que se ofertan a precios de libre oferta y demanda, tienen precios que se mantienen altos en relación con los ingresos de la mayoría de la población, la matrícula de círculos infantiles y otros servicios personales, que se encuentran por debajo de las expectativas y necesidades de la población.

Este escenario, se hace aún más complejo, porque el crecimiento de la economía no sigue una relación directa ni proporcional con la velocidad con que la población resuelve sus necesidades, y por la existencia de desigualdades surgidas como indeseables aunque inevitables consecuencias de las decisiones económicas (legalización de la tenencia de divisas, autorización al envío de remesas desde el exterior, autoempleo, etcétera), que a su vez, nos han permitido resistir e impulsar la recuperación económica.

La única y verdadera solución para estos problemas consiste en el incremento más acelerado de la producción y los servicios en condiciones de mayor eficiencia, y sobre la base de los principios de equidad, justicia social y solidaridad humana, que son pilares de nuestra política.

Simultáneamente, ha sido preciso identificar a las personas más necesitadas, a las que se le ofrece hoy todo el apoyo posible mediante nuevas fórmulas de asistencia social. Los niños y los ancianos ocupan, en este sentido, un lugar privilegiado en la política social del gobierno de Cuba.

Desde sus inicios, la Revolución Cubana consideró la estrecha relación entre la base económica y los efectos sociales. El modelo de transformación económico-social, le asignó una extraordinaria importancia y universalizó servicios sociales básicos como la salud y la educación. Es decir, sectores de relevante significación, no sólo por su contenido social, sino por su repercusión en la esfera económica. En los últimos años, diferentes expertos han demostrado en sus investigaciones que lo que durante mucho tiempo se consideraba un gasto improductivo -la inversión social- constituye, en realidad, un capital invertido que contribuye a impulsar el desarrollo.

Es precisamente, en este contexto, donde ha tenido lugar la evolución demográfica del país, cuyos resultados demuestran, por un lado, cómo un desarrollo orientado sobre la base de la elevación del nivel educacional de la población, creación de empleo, generación y redistribución de ingresos y satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, regulan los factores demográficos en un sentido favorable. Por otro, evidencia que aún cuando lo económico es lo que determina en última instancia, existen también otros factores como la salud, la educación y la cultura, que pueden condicionar la naturaleza de un determinado fenómeno o proceso.

La población cubana lleva varios años en la fase final de la transición demográfica, con bajos niveles de fecundidad y mortalidad, y por ende, bajos ritmos de crecimiento natural (ver Cuadro 1). Pero, los cambios que experimentan las tasas de fecundidad y mortalidad durante el proceso de transición demográfica no sólo afectan al tamaño y al ritmo de crecimiento de la población, sino también a su estructura por edades, que tenderá a envejecer con el paso del tiempo.

A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países europeos, donde la transición demográfica que culminó con el envejecimiento de la población se logró en el curso de varias generaciones, en Cuba este proceso ha sido muy acelerado y homogéneo. Así, el cambio que se ha producido en la estructura según la edad de la población nos pone ante un fenómeno nuevo: el envejecimiento de la población. Un proceso cuya manifestación más clara es el aumento en términos absolutos y relativos de los ancianos dentro de la población total, y que producirá profundas repercusiones en los ámbitos económico, social e institucional de la sociedad. A la vista de estas implicaciones, puede intuirse que el envejecimiento demográfico es uno de los principales problemas que el país está enfrentando y que se agudizará en los próximos años. 

Se estima que en el 2025, Cuba será el país más envejecido de América Latina y estará a un nivel bastante similar al de los países europeos, con una mayor proporción de ancianos.

Cuando se analiza la población según grandes grupos de edades (ver Cuadro 1), se advierte un cambio manifiesto en su estructura, con una creciente disminución del grupo de personas con menos de 15 años, los que pasaron de representar el 36,9 % de la población total en 1970, a sólo el 21,8 % en 1998. A lo largo del mismo período de tiempo se ha producido, como lógica consecuencia, un rápido y continuo crecimiento de los que han cumplido 60 años o más. Estos, superaban en 1998 al millón y medio de habitantes y, en términos relativos, representaban el 13,6% de la población total, mientras que en 1970 abarcaban sólo el 9,0. Este lapso es corto si se considera la duración de este proceso en aquellos países que han conocido una evolución similar.

Por otra parte, los mayores de 65 años han aumentado desde 5,9 % del total en 1970 hasta el 9,8% en la actualidad. Si se tiene en cuenta los criterios de las Naciones Unidas al respecto, puede considerarse a la población cubana en un franco proceso de envejecimiento, ya que más del 7 % de esta era, en 1998, mayor de 65 años. La manifestación más clara de este cambio demográfico es el aumento registrado en la edad media y la edad mediana de la población con el transcurso de los años. En 1998, por ejemplo, la edad mediana de la población cubana era de 32,7 años, lo que significaba un aumento de 8,1 años en relación con la edad mediana en 1981 y 10,3 años más en relación con la edad mediana de 1970. Ello indica, sin discusión, que la población cubana envejece.

Las proyecciones y estimaciones demográficas, predicen que este cambio se agudizará en las próximas décadas. Así, en el año 2025 habrá en Cuba casi tres millones de personas mayores de 60 años (representando el 25 % de la población total) lo que significará que uno de cada cuatro habitantes del país será un anciano. El boom de los nacimientos de la década del 60 se convertirá en el boom de las jubilaciones en la segunda década del presente siglo. Esta perspectiva demográfica plantea nuevos y decisivos retos para la política social y familiar en el horizonte del año 2000 y más allá.

La explicación de este fenómeno se encuentra en el comportamiento que presentan las variables demográficas fecundidad, mortalidad y migración, las que al combinarse determinan la magnitud y la evolución de una población en el tiempo. Cabe destacar que estos factores no influyen en la misma medida. Así, los cambios en el nivel de la fecundidad producen, en general, un efecto mucho mayor que los cambios que se registran en la mortalidad y las migraciones.

Para el caso cubano, se puede asegurar, que el perfil demográfico gira principalmente alrededor de la fecundidad y de cuanto con ella se relaciona. En otras palabras, que el aumento en la proporción de población de 60 años y más es atribuible al descenso acelerado y homogéneo de la fecundidad y a la persistencia de sus bajos valores en los últimos años (ver Cuadro 1).

Asistimos también a importantes cambios en la esperanza de vida de los cubanos, con un aumento de 16 años en el bienio 1994-1995 en relación con la esperanza de vida registrada en 1953 (56,8 años). Las ganancias en la esperanza de vida la han experimentado tanto los hombres como las mujeres, pero, dadas las mayores tasas de supervivencia de las mujeres frente a los hombres les corresponde a ellas una vida más prolongada y, por tanto, una mayor permanencia en las diferentes etapas del ciclo de vida familiar. Al diagnóstico de esta problemática, que requiere medidas de política social específicas, contribuirá el presente trabajo.

Esta mayor prolongación de la vida para hombres y mujeres es, en definitiva, un reflejo concreto de los éxitos logrados en la salud y el bienestar de la población, y un resultado de los avances de la Revolución, como lo es también el hecho de que Cuba registre los niveles más bajos de fecundidad y de mortalidad infantil entre los países de América Latina y El Caribe, con valores equiparables, incluso, a los que presentan los países más desarrollados.

Aunque el término "dependencia" o "dependiente" alude a situaciones diversas, aquí será tratado considerando sólo la variable edad. Así, definimos como dependiente al individuo que por su edad no está incluido en la población económicamente activa (personas que habitualmente ejercen una actividad profesional), por tanto, está a cargo o depende de esta última.

Atendiendo a este criterio, no habrá dudas de la relación existente entre la estructura por edad de una población, y la forma en que la sociedad debe distribuir el PIB que ha creado. O sea que, en principio, tanto un rápido crecimiento de la población infantil, como un rápido crecimiento de la población anciana, podrían ser considerados como una amenaza para el desarrollo económico y social de los países donde tienen lugar. Pero, ¿Es realmente así? Esa será la respuesta que intentaremos encontrar seguidamente.

Usualmente, las Tasas o Relación de Dependencia, suelen ser utilizadas para expresar el número de personas que deben "soportar" aquellos en edad activa en función de la cantidad de niños y jóvenes y/o de personas de edad avanzada en una población. O dicho de otra manera, son medidas que indican las "cargas" económicas y sociales de los grupos dependientes sobre los activos.

Como se puede observar en el Cuadro 1, y como resultado de un proceso múltiple (descenso de la fecundidad, descenso de la mortalidad y alargamiento de la vida), en Cuba, se han producido cambios de mucho interés en las tasas o relación de dependencia social. Es evidente la disminución sostenida de su valor entre 1970 y 1990, lo que se explica por el descenso experimentado por la fecundidad y, en consecuencia, la reducción en un 50 % de la tasa de dependencia de los jóvenes. Pero, la mortalidad también ha descendido. Ello explica entonces que, a partir de 1990, se invierta nuevamente la tendencia y comience un crecimiento sostenido, esta vez, a causa del aumento registrado en la tasa de dependencia de los ancianos. Así, las proyecciones para el 2025 sitúan el valor de la tasa de dependencia social en 70 personas por cada 100 activos, de los cuales 43 serán ancianos.

Ahora bien, ¿Es realmente este indicador, un reflejo de la dependencia de la población anciana? La respuesta es no, y en su análisis sería conveniente tener presente, primero; que estamos hablando de una tasa o relación de dependencia en base sólo al criterio edad. Por tanto, al no considerar el verdadero nivel de ocupación de la población comprendida en las edades de 15 a 59 años, tampoco es una expresión real de la verdadera dependencia. Es decir, que si se trabajara con la población realmente ocupada, las "cargas" que tendrían que soportar los activos serían, posiblemente, superiores.

Segundo, habría que considerar cuando se habla de "cargas", el hecho cierto de que muchos de los senescentes (actuales y futuros) son personas jubiladas o pensionadas, es decir, personas que a lo largo de su vida laboral contribuyeron con su aporte a la seguridad social para el posterior disfrute de una jubilación o pensión, o sea, que sus recursos proceden de servicios prestados anteriormente. Para el caso cubano, muchas de las personas que se encontraban en el numerador de esta tasa, eran personas que a lo largo de su vida laboral acumularon el derecho -mediante la contribución que en su nombre realizaron las entidades estatales del país- a disfrutar de una vejez amparada por el sistema de seguridad social establecido en el país después de 1959, por lo tanto, considerar a los ancianos como dependientes solo por el criterio edad, puede ser un ejemplo de la imagen social que muchas veces se tiene de él y de sus necesidades. Ello, sin dejar de reconocer que las pensiones, que son -en general- la principal fuente de recursos que poseen los ancianos, no responden en la mayoría de las ocasiones a sus necesidades reales.

De donde, la carga que puedan representar los ancianos a la población activa dependerá más de factores socioeconómicos y legales que de factores demográficos. Otros estudios ya han revelado la estrecha relación existente entre el envejecimiento de la población y el desarrollo económico en aspectos tales como: las edades de entrada y salida de la actividad económica, los niveles de ocupación, las diferencias entre los niveles salariales de hombres y mujeres (base para la jubilación), las cifras de gastos sociales, entre otros. Es decir, que la incidencia sobre la sociedad, del envejecimiento como fenómeno, va más allá de lo puramente demográfico.

O dicho de otra manera, realmente lo importante es la riqueza que hay que repartir. Si no crece el PIB, entonces, poco importa tener una población con estructura joven que con estructura vieja. Desde la perspectiva económica, una solución al desafío planteado estaría en la posibilidad de que los países incrementaran la riqueza nacional mediante el crecimiento de la productividad del trabajo. El problema estaría entonces en el cómo, ya que existen bastantes evidencias de que en los países subdesarrollados esto no siempre es posible.

En Cuba, por ejemplo, este proceso fue interrumpido por la crisis de los años noventa. Desde entonces se produjo una fuerte disminución en la producción de bienes y servicios finales de la economía -valga reiterar las difíciles condiciones que ha afrontado el país en los últimos tiempos- lo que junto a las políticas de pleno empleo, condujo a una lógica contracción en la productividad media por trabajador.

Los desafíos que tenemos que enfrentar, por tanto, no son menores. Como respuesta -y en la medida que la recuperación económica lo permite-, la sociedad cubana fortalece su atención a la eficiencia económica en la obtención y el uso de los medios monetarios dirigidos a sus más preciados servicios, con lo que sostiene el principio de justicia social y equidad que es parte de nuestra práctica cotidiana.

La familia, base organizativa fundamental de cualquier sociedad, ha experimentado en las últimas décadas una serie de cambios estructurales (familias cada vez más reducidas, creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, aumento en el número de personas que viven solas, etcétera) al tiempo que la población vienen experimentando un proceso de envejecimiento sin precedentes históricos. Estos cambios han reducido las posibilidades reales de las familias de brindar todo el apoyo que requieren sus miembros ancianos, con lo que se ha alterado también el concepto tradicional sobre el lugar y la posición que se les reconocía en la familia. Desde la perspectiva demográfica, sin embargo, el análisis se centrará en el fenómeno de mayor interés: el incremento observado en los últimos años en el número de ancianos que viven solos.

El aumento relativo registrado por los hogares de tipo unipersonal en el período 1981-1995, es uno de los cambios de mayor interés observados en la estructura del hogar cubano. Estos pasaron del 8,9 % de todos los hogares en 1981, al 10,6 % en 1995. Este hecho, que también se está produciendo en un gran número de países, sobre todo desarrollados, está condicionado –básicamente- por dos importantes cambios de tipo demográfico: el descenso experimentado por la mortalidad y el consecuente aumento de la esperanza de vida.

Es importante destacar, no obstante, que a pesar del aumento que han tenido en Cuba los hogares de tipo unipersonal, su evolución no es comparable con el crecimiento exponencial ocurrido en la mayoría de los países europeos donde, y según el Panel Europeo de Hogares, los hogares unipersonales alcanzaban, en 1995, el 33,9 % del total en Dinamarca y el 44,8 % en Alemania. Ello explica por qué, para algunos, este aumento en el número de hogares de personas viviendo solas, puede ser interpretado como una señal de pérdida de importancia de la familia entre un grupo cada vez más creciente de individuos. Un informe social y cultural realizado en Holanda, sin embargo, ha señalado que "el aumento del número de solitarios no ofrece ninguna duda, pero no es un rechazo a la familia; claramente el proceso de envejecimiento impone ya este status a un gran número de individuos".

Otros estudios también valoran este aumento como algo positivo. Y es positivo porque ha estado motivado, entre otras cosas, por el aumento en el poder adquisitivo de muchas personas mayores. Así, la universalización de las pensiones asistenciales, sobre todo en el caso de las mujeres viudas, ha constituido uno de los factores que en mayor medida han hecho posible que muchas de ellas siguieran viviendo en su propio hogar.

Realmente, las razones que pueden explicar por qué cada vez un número mayor de personas decide vivir sola, son múltiples y variadas. Desde la perspectiva demográfica, una de estas razones puede ser la diferente esperanza de vida de los hombres y de las mujeres que deja a muchas mujeres solas al final del ciclo vital como consecuencia de la muerte de su cónyuge. Es decir, que la combinación del proceso de envejecimiento con la mayor supervivencia de la mujer da lugar a una población anciana básicamente femenina. Otra razón puede ser, por el aumento en el número de divorcios y, la consecuente tendencia de las mujeres a mantenerse solas después del divorcio o la separación. Esto muchas veces también provoca la descomposición del hogar en otros dos nuevos hogares, uno de tipo monoparental y otro unipersonal. Ello pudiera asociarse a un estadio transitorio, tanto antes del matrimonio o la cohabitación, como en un período entre una y otra situación.

El vivir solo puede convertirse también en un problemas. Por ejemplo, cuando la persona requiere de ayuda para realizar ciertas actividades cotidianas (vestirse, comer, asearse, etcétera), y no puede recurrir al apoyo (forrnal o informal) en su propio hogar, ni tampoco irse a vivir a casa de algún familiar.

Generalmente, son las mujeres las que tienen ante sí la difícil elección entre las oportunidades individuales y las obligaciones de brindar estos cuidados. Frente a esta disyuntiva, algunas eligen abandonar su puesto de trabajo en el mercado laboral y permanecer en sus hogares atendiendo a padres/madres; suegros/suegras, aquejados de alguna dependencia o imposibilidad, lo que de por sí es una renuncia; pero también, las hay que optan por compatibilizar ambas responsabilidades afrontando una doble y dura jornada. Ambas, necesitaran de apoyo para poder equilibrar esas necesidades con las propias de su hogar.

De cualquier manera, muchos de los problemas que se avecinan no los podrá resolver la familia sola y necesitarán de una mayor atención social.

¿Cuál ha sido el efecto del envejecimiento de la población cubana en esta política? Será la pregunta que intentaremos responder seguidamente, con énfasis en el sector salud y el sistema de pensiones.

Salud para todos

Es preciso comenzar destacando que, desde la década del 50, Cuba se encontraba ya en una etapa avanzada de la transición demográfica, con significativos avances hacia niveles moderados de fecundidad y mortalidad, sobre todo en la población urbana, la que en 1953 representaba el 57,0 % de la población total. Pero los patrones demográficos nacionales registraban marcadas disparidades territoriales y sociales.

En este sentido, la atención primaria de salud estuvo desde los primeros momentos entre las prioridades del Gobierno Revolucionario. De las 28 535 camas de asistencia médica que disponía el país en 1958 el 62 % estaba ubicado en la capital del país. "La práctica médica en general era curativa y no preventiva y los decadentes indicadores de salud eran alarmantes, en 1950 la tuberculosis estaba entre las diez primeras causas de muerte, la gastroenteritis ocupaba el tercer lugar y la tasa de mortalidad infantil era de 79 por cada mil nacidos vivos". En enero de 1960 se aprobó la Ley del Servicio Médico Rural, la que dispuso que los recién graduados de medicina ejercieran durante un año en las zonas rurales. Más tarde, el tiempo de duración del servicio social fue duplicado. De forma inmediata se concluyó la construcción de centros hospitalarios que llevaban hasta 10 años en ejecución, y se construyeron 56 hospitales y 118 dispensarios rurales que dieron amplia atención a las zonas campesinas. Este fue otro aspecto que, junto con la gratuidad, forma parte de la concepción cubana para la esfera de la salud: la accesibilidad total de la población a los servicios médicos.

A inicios de 1984, Cuba comenzó una nueva modalidad de atención primaria denominada "Plan del Médico de la Familia", y con ello, de la especialidad de Medicina General Integral. El médico de la familia opera con una concepción amplia sobre los determinantes del estado de salud de la población y tiene, en la familia, el centro de su atención. Esto significa que, en la práctica médica, antes que agotarse en los detalles -tan centrales en la mirada del especialista- toma en consideración los factores del medio ambiente, la cultura local, las características educativas de las personas y los patrones de la vida familiar. Son los niños y los ancianos los que conforman en este Programa los focos principales de atención. A fines del año 2000, Cuba contaba con 30 133 médicos de la familia, los que cubrían el 99,1 % de la población total. Es decir, que la batalla principal contra las grandes desigualdades territoriales y sociales se libró a lo largo de todo el país, aun cuando el énfasis se puso en las zonas rurales, en especial, en las provincias orientales, tradicionalmente las más atrasadas.

El esfuerzo realizado por el Gobierno en la satisfacción de las necesidades de personal de la salud puede resumirse en el nivel de habitantes por médico y estomatólogo. En 1970, se registraban 1 393 habitantes por médico y 6 276 por estomatólogo; mientras en 1999, estas cifras habían descendido hasta 172 habitantes por médico y 1 123 por estomatólogo.

Como se puede apreciar en el Cuadro 2, los gastos de la salud pública y de la parte que representan los mismos del PIB y de los gastos totales del presupuesto estatal no han dejado de incrementarse aún en medio de las restricciones descritas. En 1998, Cuba gastaba en el sector salud 6,4 puntos porcentuales de su PIB, y 13,1 % del presupuesto estatal, lo que evidencia la prioridad asignada a este sector.

Los gastos por habitante en atención a la salud pública han tenido un sostenido aumento en el tiempo, los mismos se elevaron de 79,0 pesos en 1985 a 166,0 en el año 2000. Esto pudiera explicarse por la expansión del sistema del médico de la familia, el incremento del uso de técnicas más modernas y costosas en hospitales e institutos, el acelerado proceso de envejecimiento de la población, así como también, por reservas en la efectividad con que se han utilizado los recursos materiales y humanos.

CUBA 1990-1998

Fuente: MINSAP: La salud pública en Cuba. Hechos y cifras, La Habana, 1999, p.15, MINSAP: Anuario Estadístico de Salud 2000, La Habana, 2001, p.105

Sería una lamentable omisión el dejar de señalar que las limitaciones derivadas del ambiente macroeconómico en el que se inscriben los esfuerzos de la política social tuvieron incidencia sobre los objetivos planteados. Así, la crisis económica trajo consigo cierto deterioro en las condiciones higiénico-ambientales, de otros determinantes de la salud y del propio estado de salud de la población. Los retrocesos más importantes se sitúan en la dieta alimentaria, la disponibilidad de medicamentos esenciales, el índice de potabilización del agua, el control sanitario de excretas, aspectos que -entre otros- favorecieron la aparición de enfermedades o daños que reemergen para algunas de las cuales, la prevención y su control dependen de modificaciones en el estilo de vida.

En 1996, fueron identificados en el análisis del sector salud en Cuba cinco grandes grupos de problemas prioritarios. Son estos:

1. Los relacionados con las principales causas de muerte.
2. Los relacionados con el perfil demográfico -principalmente el envejecimiento de la población-.
3. Los asociados con la salud ambiental.
4. Los esencialmente dependientes de comportamientos y estilos de vida.
5. Otros problemas de salud prioritarios.

Es decir, que ante posibilidades económicas muy limitadas, las autoridades sanitarias continúan priorizando la atención primaria. Asimismo, frente a los cambios en la dinámica y estructura de la población se ha hecho inevitable acometer un plan de acción y atención diferenciado que cubra las necesidades biológicas, psicológicas y sociales que permita elevar la calidad de vida de las personas con edades avanzadas. El Programa Integral del Adulto Mayor se acompaña del desarrollo de la geriatría y la gerontología, especialidades que permiten estudiar mejor los aspectos del envejecimiento poblacional y sus requerimientos en múltiples frentes de la vida social. El mismo prioriza el perfeccionamiento del trabajo en la atención primaria, fundamentalmente del médico y enfermera de la familia, utilizando los Círculos de Abuelos y otras alternativas no institucionales con la participación comunitaria sobre las que volveremos más adelante.

Características de la mortalidad

La tasa de mortalidad general fue de 7,0 por 1 000 habitantes en 1998, mostrando un ligero incremento a partir de la década del ochenta, al arribar un número mayor de personas a edades avanzadas, donde la muerte ocurre irremediablemente (ver Cuadro 1).

Las principales causas de muerte en el país corresponden a enfermedades crónicas no trasmisibles y las tres primeras son: las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares (ver Cuadro 3), las que agrupan cerca del 60 % del total de defunciones. El riesgo de morir por estas enfermedades, medido por su tasa específica, se ha incrementado en las últimas décadas en correspondencia con el envejecimiento poblacional.

Según edad, las tasas mínimas de mortalidad corresponden al grupo de 5 a 14 años y las máximas para el grupo de los 65 años y más de edad. La mortalidad según condiciones de vida, se caracteriza por diferencias mínimas entre los estratos poblacionales rurales y urbanos, y muestra tasas ligeramente superiores en zonas urbanas en relación con las rurales para la mayoría de las principales causas de muerte.

En los últimos años, la mortalidad de las personas de 60 años y más tiende al incremento paulatino. Así, el porcentaje de defunciones de la población de 60 años y más se incrementó de 67,7% del total de fallecidos en 1980 a 74,4 % en 1998. Los ancianos mueren aquí por causas similares a la de los países desarrollados: las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares, las que agrupan el 63 % del total de fallecidos de esas edades.

(Tasas brutas por 100 000 habitantes)

Las enfermedades trasmisibles que más los afectan en nuestro medio, son las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, las que presentan tasas por encima de 50 casos vistos por cada 1 000 habitantes de estas edades.

El sistema de seguridad social también constituyó otro elemento muy importante dentro de la política social desarrollada en Cuba. Antes del Triunfo de la Revolución existían en el país 52 cajas de retiro, cuyo caudal se originaba por descuento sobre los salarios y por aportes patronales, el nivel de cobertura alcanzaba al 53 % de la población trabajadora, y las desigualdades en el otorgamiento de las pensiones eran acentuadas.

Desde 1959, el financiamiento de la seguridad social está dirigido por el Estado y a partir de la Ley 1100 de 1963, se garantizó la seguridad social al 100 % de los trabajadores del país. El Código de Trabajo cubano, dedica un capítulo a la seguridad social de los trabajadores, y la considera, de hecho, como parte integrante del Derecho Laboral. Con la Ley 24 de 1979, se refrenda en el país la existencia de un sistema de seguridad social con dos regímenes: de Asistencia Social, y de Seguridad Social, y remite a la ley la determinación de las personas protegidas, las fuentes de financiamiento y las prestaciones.

Ambos regímenes conforman un conjunto armónico capaz de garantizar los preceptos constitucionales que establecen la protección a toda la población, ofreciéndole servicios en especie y monetarios a través de subsidios en casos de invalidez temporal, licencia retribuida por maternidad y pensiones por edad, invalidez total o parcial y muerte.

A pesar de las dificultades económicas que está enfrentando el país desde 1989, existe la voluntad de no retroceder, es decir, preservar los logros alcanzados y mantener la matriz de la política social orientada por los valores de equidad y justicia social; para cuyo alcance, por supuesto, han sido y serán necesarios muchos ajustes.

En este contexto, se vienen realizando en el país un conjunto de modificaciones tendentes a elevar la eficacia de los recursos disponibles; para lo cual, resultó necesario abandonar temporalmente los proyectos de nuevos desarrollos y reducir a la mitad las inversiones en todos los sectores, incluida la salud pública. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, han desarrollado nuevas iniciativas en actividades productivas y racionalizaron el uso de los recursos, todo lo cual permitió que en el año 1995 el presupuesto estatal para las actividades de la defensa y el orden interior resultó ser solamente la mitad del nivel que alcanzó en 1989.

Estas medidas han permitido que los gastos por concepto de educación, salud pública y seguridad social hayan mantenido una alta participación en la composición del presupuesto del Estado. En 1997, representaba el 58,1 % del total. Es de subrayar que el mayor crecimiento de estas partidas de gasto, ha correspondido a la esfera de la seguridad social, la que se ubica, desde 1993, en el primer destino de los recursos del Estado. Ello, es consecuente con el aumento que se registra, año tras año, en el número de pensionados, los que superan las 40 000 personas anuales. En 1995, por ejemplo, un poco más del 12 % de la población cubana -1 352 165 personas- eran beneficiarias de la seguridad social, en calidad de jubilados o pensionados, lo que hace una proporción de uno por cada 8 habitantes, de los cuales, ninguno ha dejado de percibir mensualmente la pensión correspondiente (ver Cuadro 4).

El comportamiento de los gastos en la esfera de la seguridad y la asistencia social indicaban, para 1995, un crecimiento del 73,0 % y del 80,5 % respectivamente en relación con 1990, lo cual se traduce en una mayor protección a los segmentos poblacionales más vulnerables, entre los que se encuentran los ancianos. También se ha elevado el promedio del importe de las pensiones desde 83,69 pesos en 1990 a casi 95 pesos en 1995; lo cual reviste mucha importancia para el caso cubano, toda vez que, después del salario, esta es la segunda fuente básica de ingresos de la población procedentes del Estado. Estas prestaciones constituyen, sin duda, un importante instrumento de estabilidad social y de redistribución de los ingresos. Sin embargo, cada vez son más los recursos que se necesitan para materializar este fin.

CUBA 1990-1995

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): "La Seguridad Social en Cifras." Boletín Estadístico, 1998, p. 13. ; Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Anuario Estadístico de Cuba, La Habana, 1998, p. 111.

A ese respecto, el salario medio de los trabajadores cubanos se estimaba en 249 pesos al finalizar el año 2000. No obstante, y como resultado de la actividad empresarial estatal, han ido surgiendo -en los últimos años-, múltiples modalidades de formas no salariales (reforzamiento alimentario, ropa y calzado, módulos de aseo, estimulación en divisas), que buscan acrecentar en lo posible los ingresos de no pocos trabajadores, y hacer estimulante el trabajo en ciertos sectores de gran importancia para la economía nacional como el turismo, el níquel, el tabaco, etcétera. Se estima que la inversión en estos beneficios ascendió a casi 400 millones de dólares. Ello, explica por qué el indicador de ingreso medio refleje mejor que el salario la retribución al trabajo, que alcanza 359 pesos.

El dilema de los ingresos, resulta una de las problemáticas más complejas del actual entramado socioeconómico cubano. Su solución pasa, irremediablemente, por un aumento de la productividad del sistema empresarial, mientras, sigue siendo un anhelo común el aumento de la capacidad económica de la mayoría que aún vive ajustada a salarios y pensiones.

Los ancianos, en consecuencia, han sido protagonistas en la búsqueda de soluciones económicas para su manutención y la de su familia. En este sentido, han reestructurado su vida cotidiana en tres opciones fundamentales: el trabajo por cuenta propia, la incorporación a la Casa del Abuelo (estrategia que será ampliada más adelante) y en recontrataciones para el Estado.

Es decir, que muchas personas que se jubilan simultanean pensiones con contrataciones laborales, o sea, con salario. Esta estrategia se acompaña de múltiples efectos (sobre las fuentes de empleo, los gastos del sistema de seguridad social, etcétera), y refuerza la conveniencia de reexaminar el problema de la edad de jubilación actualmente vigente en el país (55 años para las mujeres y 60 para los hombres), lo que conllevará a un aumento progresivo de estas edades en correspondencia con las necesidades reales del país.

En 1998, más de 74 mil trabajadores cubanos pasaron a la jubilación, y la estructura de las pensiones fue como sigue: 85,4 % por edad y 14,6 % por invalidez total. Ese año, el 11,2 % del PIB del país fue destinado a gastos de la seguridad social, lo cual constituye un claro reflejo no sólo de su importancia económica, sino también de la trascendencia de las acciones políticas tomadas. En este terreno, todo apunta a que -en el futuro próximo- la tendencia al envejecimiento de la población tornará mucho más dinámica y costosa esta gestión.

¿Cuánto duran las pensiones en Cuba? He aquí una prueba palpable de la esperanza de vida, y, en consecuencia, del mantenimiento de pensiones cada vez más prolongadas. En Cuba, cerca del 12% de los beneficiarios de la seguridad social cobran su pensión desde hace 23 años o más. Así, al cierre de 1998, del total de beneficiarios contaban con:

60 y más años 65,0 % alrededor de 850 mil pensionados

70 y más años 22,6 % alrededor de 294 mil pensionados

80 y más años 2,6 % alrededor de 34 mil pensionados

Los retos de la sustentabilidad de la politica social

Los hogares de ancianos también se han visto incrementados con la creación de otro tipo de instituciones conocidas como "Hogares de Día" o "Casas del Abuelo", instituciones donde el anciano, con régimen seminterno,   realiza actividades recreativas, físicas y sociales que inciden positivamente en su salud, y donde se les brinda merienda, almuerzo y asistencia médica hasta la tarde en que regresan a sus casas.

Y EN LA COMUNIDAD. CUBA 1990, 1995, 1998

Fuente: MINSAP: Lasalud pública en Cuba. Hechos y cifras, La Habana, 1999, p. 34.

Estas nuevas instituciones presentan numerosas ventajas respecto al hogar de ancianos tradicional (asilos) ya que permiten, de una parte, que el anciano conserve su entorno habitual (el vínculo familiar, el barrio, etcétera), aspecto sobre el que los geriatras insisten mucho dada la importancia de mantener al anciano en el medio que conoce y donde se sabe desenvolver y; de otra, posibilita a la familia, que también ha experimentado importantes cambios en su composición y estructura (tamaño reducido, con una madre que trabaja, aumento de las tasas de divorcio y más matrimonios en segundas nupcias, más familias con un solo progenitor u hogares a cargo de la mujer, mayor igualdad entre el hombre y la mujer y una repartición más frecuente de sus papeles y responsabilidades, entre otras), poder compaginar las oportunidades individuales con los cuidados requeridos por los ancianos. Por tanto, estas nuevas instituciones se sitúan en el centro de dos soluciones extremas que suelen tipificar el modo de vida de los ancianos, son estas: la vida familiar y/o el internamiento en hogares de ancianos. Asimismo, es una alternativa que permite compensar, a menos costo, el impacto del envejecimiento y sus consecuencias económicas.

Otra de las iniciativas desarrolladas en el país y puesta a disposición de las personas mayores la constituyen los "Círculos de Abuelos", los cuales ofrecen al anciano -en el ámbito de su comunidad-, la posibilidad de poder compensar su actividad física de antes con otro conjunto de actividades tales como: ejercicios matutinos -bajo la asesoría de un personal calificado-, paseos, celebración de cumpleaños colectivos, entre otras.

Esta acción tuvo sus inicios en los primeros años de la década del ochenta, cuando los compañeros del Departamento de Trabajo Social del MINSAP comprendieron que muchos de los ancianos que acudían a los policlínicos buscando medicamentos, estaban reclamando, en realidad, apoyo emocional y comunicación social. Muchos de ellos habían enfermado de inercia, de inutilidad artificial, de soledad: cuando toda la familia se va al trabajo, el abuelo y la abuela se quedan con sus pensamientos. Entonces surgió la idea de organizarlos, los abuelos realizan decenas de actividades, se sienten atendidos, tienen interlocutores y generan cosas nuevas con todas sus fuerzas y deseos.

Es decir, que a escala social se viene produciendo en el país una redefinición de la vejez en la conciencia de las personas. Las nuevas experiencias implementadas -sin ser suficientes- han demostrado los beneficios -sin grandes costos- producidos en la calidad de vida de los ancianos y de sus familias. Ellos comienzan a sentir que esta etapa de su vida no es algo vacío. Las familias, por su parte, también los ayudan a conservar la alegría de vivir.

Los retos del envejecimiento

Aunque seguramente nadie pondrá en duda que la prolongación de la vida es uno de los grandes avances del siglo XX, la realidad muestra que ni la familia ni la sociedad, estaban preparadas para que un porcentaje tan alto de la población, y además, con una tendencia creciente, tuviera edades tan avanzadas. Ello, no sólo supone a la sociedad un cambio en las necesidades y las obligaciones de los miembros de la familia en cuanto a cuidados de la tercera edad, sino que presupone también nuevas demandas sociales, como el mantenimiento de pensiones más prolongadas, la atención a la salud de los ancianos, el desarrollo de actividades e instituciones de cuidado personal, la previsión de cómo va a vivir en el futuro esa población anciana cada vez más numerosa, cuál va a ser su forma de mantenimiento y su nivel de vida, etcétera.

Esto, sin olvidar que los ancianos del futuro, que seremos todos nosotros a muy corto plazo, pertenecen a generaciones que han experimentado unas mejores condiciones de vida, no sólo desde el punto de vista económico, sino también cultural y social. Es decir, serán ancianos mucho más instruidos, más calificados, más urbanos, más informados, y, en consecuencia, más independientes que los ancianos de ahora, lo que plantea también necesidades sociales diferentes.

Conociendo que con el envejecimiento de la población el papel de la familia aumenta, y que la desaparición de estos lazos provoca en los ancianos un gran deterioro físico y moral, seguramente nadie dudará de la necesidad de articular políticas sociales que apoyen esta función tan esencial para la familia, al tiempo de lograr un reparto más equitativo de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. En este sentido, es importante tener presente como un requisito esencial a la hora de orientar políticas y programas, que los ancianos no constituyen un grupo homogéneo. Son las mujeres las más vulnerables y las que presentan una proporción creciente.

Parte de los retos de los años venideros de cara al envejecimiento de la población serían entonces: la organización de una nueva coexistencia entre generaciones; la mayor demanda asistencial de personas que viven solas; el mantenimiento de pensiones más prolongadas; la necesidad de establecer roles nuevos y satisfactorios para las personas que envejecen dentro de los nuevos modelos de integración social; garantizar un envejecimiento saludable, es decir, promocionar estilos de vida positivos, prevenir enfermedades y discapacidades, disminuir los efectos del envejecimiento sobre las capacidades funcionales del individuo; lograr una sociedad más amigable con las personas de edad avanzada (lo que se traduce en preparar las calles y sus aceras, los parques, que las rampas sustituyan a las escaleras, que no falte el pasamanos que garantice las condiciones de vida de esa población y el aumento de instituciones para su cuidado, entre otras). Su solución no se puede encontrar únicamente en el seno de la familia, sino más bien en el contexto socioeconómico y cultural en que ella existe.

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Fondo de Cultura Económica (FCE): La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa, México, 1997.

UNICEF, UNFPA, OPS, OMS, MINSAP: El plan del médico de la familia en Cuba, Editorial Cosolis S.A., México, 1991.