Cuando en marzo de 1999 el Consejo de Administración resolvió incluir en el Orden del Día de la 89 Conferencia Internacional del Trabajo, el tema de la seguridad social, para el análisis de su contenido, los retos que presenta y las perspectivas para el futuro, muchas personas tanto dentro de la oficina como Miembros del Consejo, externaron su preocupación por el tema.

Hablar de seguridad social, de los retos que plantea y del estado que guarda en la actualidad, es una tarea verdaderamente difícil. Hablar aquí de las perspectivas que se ven no solo es extremadamente difícil, sino prácticamente imposible precisamente por el estado que guarda la seguridad social actualmente, en la mayor parte de la región latinoamericana.

Los lineamientos generales que se siguieron en las discusiones sobre el tema, tanto a nivel Consejo de Administración como en las reuniones sectoriales, abarcaron un abanico de cuestiones sumamente amplio. Por ejemplo, muchos países de las regiones del sureste de Asia y de Africa apuntaron la incapacidad económica de los gobiernos y de la sociedad en general, de mantener y desarrollar un sistema de seguridad social que verdaderamente funcionara y resolviese los problemas de los respectivos países. En la región latinoamericana se habló de los problemas de gobernanza que plantean los esquemas de seguridad social, se habló también de la imposibilidad de garantizar seguridad social a toda la población, de la problemática financiera que plantea un crecimiento de la población superior al crecimiento proporcional de la economía formal y además, la incapacidad de extender la seguridad social a los grandes estratos de población que viven y se desarrollan en la economía informal. Finalmente, hubo una gran discusión sobre las grandes diferencias que plantean los sistemas que han evolucionado en las economías desarrolladas y los sistemas que ni siquiera han podido crecer más allá de una presencia declarativa pero que en realidad no dan protección a nadie. O bien, de las diferencias conceptuales y de funcionamiento entre los sistemas tradicionales de reparto y los nuevos sistemas de administración financiera en los fondos de pensiones.

No en balde, cuando arrancó la 89 Conferencia, la Comisión de la Seguridad Social fue la más numerosa y la que presentaba los peores augurios en cuanto a la posibilidad de concluir exitosamente su mandato. Afortunadamente, quienes fuimos los portavoces del grupo de los trabajadores y de los empleadores, tuvimos la precaución de hablar sobre el tema antes de la Conferencia y para ello, aprovechamos la reunión del Consejo de marzo del 2001, en donde con el inteligente y acertado patrocinio de funcionarios de la Oficina, entre ellos Alejandro Bonilla y Emmanuel Reynaud, el señor Bill Mansfield y el que les habla, sostuvimos una serie de reuniones para encontrar la mejor manera de resolver este difícil tema. Por supuesto, la primera decisión fue invitar a las reuniones a quien sería presidente de esta comisión y que afortunadamente fue la señora Lenia Samuel, representante del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Chipre. La afortunada coincidencia fue que por un lado, la señora Samuel tenía una vasta experiencia en el manejo de la Conferencia y había participado destacadamente en distintas comisiones y por otro, que tanto Bill Mansfield como yo teníamos muchos años de conocernos, de participar conjuntamente en comisiones del Consejo de Administración pero sobre todo, que en el año 1987 habíamos sido elegidos por nuestros respectivos grupos como Vicepresidentes para el manejo de la Comisión sobre la Juventud, que emitió una resolución en la Conferencia de ese año.

El haber trabajado con el señor Mansfield en una comisión anterior, facilitó enormemente las cosas pues ambos sabíamos cuál era nuestro estilo, habíamos generado una relación seria y confiable y sobre todo, ambos teníamos el convencimiento de encontrar resultados positivos en cualquier trabajo de la Conferencia. Aunado a esto, la gran disponibilidad de tiempo y de ideas de Emmanuel Reynaud y su equipo y la vieja relación personal con Alejandro Bonilla, facilitaron mucho el diálogo sobre el papel hecho por la Oficina para esta comisión y encontrar con relativa facilidad, caminos para coincidir y soluciones pragmáticas a esta difícil tarea.

¿En dónde estaban éstas dificultades?

En primer lugar, en la falta de ratificación de los convenios sobre seguridad social, pues en algunos casos, estos convenios habían sido ratificados por tan solo diez países y en ningún caso, alcanzaban más del 50% de los estados miembros de la OIT.

En segundo lugar, nos enfrentamos a las dificultades económicas de muchos estados miembros que presentaban una total incapacidad financiera para manejar instituciones de seguridad social, lo que hacía muy difícil que estos países pudieses aceptar cuestiones relativas a la protección social que los países más desarrollados proponían o habían logrado implementar en sus respectivas naciones.

Un tercer punto de amplia discusión fue el que se refiere a los sistemas de gobierno que las instituciones de seguridad social plantean, y que van desde una administración central por el gobierno hasta complejos sistemas de administración tripartita. Este tema fue de la mano con el que se refiere al destino que en algunos países se le da a los recursos de la seguridad social, pues se habló de corrupción, de cambiar unilateralmente a los recipientarios del beneficio social, de favorecer campañas políticas, de favorecer a determinados grupos de la población, etc., lo que siempre llevó una carga importante de debate tanto en las reuniones plenarias como en las reuniones de grupo.

No escapa a ustedes el hecho de que la evolución de los sistemas de pensiones y jubilaciones, al abandonar el esquema tradicional de reparto o distribución, se haya sentado como un cuarto punto de gran debate e inclusive, de radicalización política, precisamente porque los sistemas de reparto son los que menos posibilidad de control presentan y sin pretender acusar a ningún país en lo especial, en el debate del grupo de los empleadores, se criticó profundamente a los sistemas de pensiones por reparto, no solo por lo que hace a su manejo centralizado y rígido, normalmente carente de vigilancia por parte de los interesados, sino también por el tremendo desafío que en muchas economías plantea el hecho del aumento en la edad promedio de vida, el envejecimiento de las poblaciones y la incapacidad para generar mayores recursos reclamados por una población cada vez mayor de pensionados.

En quinto lugar, se destacó en la discusión algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad social que se otorga en razón del género de las personas. Esto es las cuestiones que se relacionan con la maternidad, el cuidado de los hijos y otras circunstancias relativas a la vida familiar y al género de los beneficiarios de la seguridad social. Es evidente que aquí también se presentan enormes diferencias y desproporciones entre los distintos países del mundo, pues mientras los países super desarrollados pedían derechos para protección familiar, a favor de los varones, en los países menos desarrollados nos encontrábamos con el problema de que las madres ni siquiera tienen acceso a una protección médica básica durante el embarazo y el parto y no gozan de plena protección en los períodos pre y post natales. La cuestión de viudas y viudos también fue debatida, encontrándonos con terribles diferencias sociales y culturales y aún religiosas.

El resultado de estos antecedentes fue una discusión muy rica en el seno de la Comisión de la Seguridad Social, que a final de cuentas aprobó unas conclusiones que recogieron en forma sumamente objetiva el estado de la seguridad social en la mayor parte de los países del mundo y que propone planes de acción concretos, simples y pragmáticos.

El trabajo se inició reorganizando los puntos propuestos para la discusión que originalmente fueron preparados por la Oficina y de doce puntos logramos una fusión a seis, que a continuación se transcribe.

Con objeto de facilitar la discusión general, el representante del Secretario General propone la siguiente reorganización de los puntos propuestos para la discusión anexos al Informe VI. En lo esencial, los puntos son parecidos; sencillamente han sido agrupados por temas para tener presente que todos deberán tratarse antes de que finalice la sexta reunión de la Comisión. Para comodidad de los delegados, los números de los puntos originales incluido en los seis temas figuran entre paréntesis.

1.- La meta de la seguridad social es proporcionar tanto seguridad de ingresos como acceso a la asistencia médica y, como tal, desempeña una función importante en la consecución del objetivo del trabajo decente. Aunque algunos análisis indican que el contexto mundial en plena transformación dificulta aún más la extensión de la seguridad social, otros señalan que se necesitan sistemas sólidos de seguridad social para sostener un mercado de trabajo dinámico, lograr una economía más competitiva y proteger a la población de la inestabilidad económica. ¿La seguridad social favorece el proceso de cambio, mejora las condiciones de vida y aumenta la productividad de las empresas y la economía? (1, 4, 10)

2.- La cobertura de la protección social a menudo plantea problemas en los lugares de trabajo pequeños, entre los trabajadores independientes y los migrantes, y en la economía informal. ¿Qué instrumentos y políticas concretos, como puede ser el caso de los microseguros, deben aplicarse para responder a esos problemas? ¿De qué manera pueden contribuir esas respuestas a que los trabajadores se incorporen a la economía formal? (3)

3.- ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar una seguridad de los ingresos a los desempleados y de combinar esa acción con el acceso al empleo en niveles de desarrollo e industrialización diferentes? (5)

4.- ¿Basta con garantizar la igualdad de trato par las mujeres en los regímenes de seguridad social o se deben aplicar medidas más concretas para velar por que las políticas de protección social contribuyan a promover la igualdad de género? (6)

5.- i.- ¿Es necesario adoptar cambios en los sistemas de financiación de pensiones u otras medidas políticas para hacer frente a los problemas de envejecimiento de la población que sufren muchos países? (7)

ii.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de otros métodos de financiación de la seguridad social, tomando en cuenta las diferencias en la capacidad de cotizar a los sistemas de seguro social? ¿Pueden los regímenes privados paliar la carga financiera de la seguridad social sin menoscabar la solidaridad y la universalidad? (8)

6.- i.- ¿Qué labor pueden realizar los Estados Miembros de la OIT y los interlocutores sociales a través del tripartismo para garantizar que el derecho a una seguridad social adecuada y su buena gobernanza se conviertan en una realidad, en particular para aquellos que en la actualidad no están cubiertos? (2, 9)

ii.- ¿Cuáles deberían ser las prioridades a largo plazo de la labor de investigación, establecimiento de normas y asistencia técnica de la OIT en la esfera de la seguridad social que contribuyan al objetivo global del trabajo decente? (11)

iii.- Tomando en consideración el método integrado para el establecimiento de normas aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 2000, ¿cómo debería aplicarse este nuevo método en la esfera de la seguridad social? (12)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en su 89 reunión, 2001.

Habiendo celebrado una discusión general sobre la base del Informe VI, Seguridad Social: temas, retos y perspectivas;

1.- Adopta las conclusiones siguientes;

2.- Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo a que:

a.- Preste a estas conclusiones la consideración debida a la hora de planificar las futuras actividades sobre seguridad social;

b.- Solicite al Director General que las tenga en cuenta tanto en la elaboración del Programa y Presupuesto para el bieno 2004-2005 como en la asignación de los recursos que estén disponibles durante el bienio 2002-2003."

De este temario arranca la discusión y así por ejemplo, en cuanto al primer punto resalta que el vínculo entre seguridad social y desarrollo conlleva varios puntos de análisis. El primero por supuesto es que la seguridad social está ligada al desarrollo de los países y que por tanto el primer requisito para tener seguridad social es que el país tenga una economía ordenada y susceptible de financiar la seguridad social, pues de otra manera, como sucede en muchos países, la seguridad social es una mero concepto declarativo que en realidad no resuelve el problema de la sociedad.

El grupo de los empleadores siempre ha pensado que la seguridad social debe descansar en una economía capaz de financiar ésta y en un sistema de gobierno que favorezca la inclusión de los ciudadanos del país en la seguridad social, con las aportaciones correspondientes, independientemente de que se trate de economía formal o informal, resaltando el hecho de que la economía informal en los países en vías de desarrollo, prácticamente carece de controles y por tanto, hace muy difícil el que se incluya a quienes la practican en los esquemas de seguridad social y peor aún, en el caso de los sistemas de reparto o de distribución. En la medida en que el gobierno y la economía del país se desarrollan más, en la misma medida aumenta el campo de acción de la seguridad social y sus aportantes; de este último concepto, surge entre los empleadores el cuestionamiento sobre la manera de enfrentar el costo de la seguridad social por parte de las empresas, sin alterar su capacidad de competencia, lo que se acentúa con la globalización de la economía, pues resulta claro que si el sector empresarial organizado se mueve fundamentalmente en el mundo de la economía formal y sobre el empresariado operan todos los controles legales, impositivos y administrativos de los gobiernos, el incremento en el coste del empleador por la seguridad social afecta directamente su capacidad de competencia y en muchos casos, como es el caso de México, ha sido uno de los elementos que se presentan con más frecuencia en el cierre de empresas mexicanas que compiten con multinacionales en un mercado global, que en muchos casos no arrastran la carga tributaria ni el coste de la seguridad social que tiene México.

El tema fue tomado por los trabajadores en el sentido que la seguridad social juega un papel positivo en la economía y que en la presente globalización hacia que esta fuese mas necesaria que nunca. Evidentemente, se planteó el hecho que una seguridad social correcta beneficiaba a las empresas pues les liberaba de otros costes y además, permite una adecuada redistribución de la riqueza. Argumentándose que, si bien representan, para las empresas una parte del costo de la mano de obra, a nivel macroeconómico no constituyen una carga para la nación susceptible de constituir un impedimento o una desventaja en la competitividad internacional.

Como se ve, el tema plantea un precario equilibrio, pues los gobiernos se inclinaban por una posición o por otra y por supuesto, los empleadores de los países menos desarrollados simplemente opinaron que ese punto no era real en sus países, los que ya habían perdido muchas empresas medianas y pequeñas. Por lo mismo, este punto no pasó en la resolución pues comprometía seriamente el precario equilibrio de la Comisión

En cuanto a la ampliación de la cobertura, hubo unanimidad en cuanto a que esta ampliación fuese paulatina y gradual. Aquí hay que resaltar que esto incluye el tema de los microseguros, los obligatorios y los voluntarios, que al final de cuentas, es una manera de planear e instrumentar una política nacional que permita incluir a la economía informal.

Otro de los puntos a discusión es el que se refiere al seguro del desempleo y a pesar de las divergencias que se plantearon sobre los efectos en esta materia, se llegó a un consenso sobre el primer objetivo del acceso a un empleo decente, que supone que las prestaciones de desempleo de un nivel suficiente se conciban de forma que no creen dependencias u obstáculos al empleo y que se coordinen con medidas activas de la política de empleo del país y en su caso con los programas de re-educación y de formación a lo largo de la vida activa del individuo. Aquí se entró en la discusión sobre que pasa cuando no hay programas o seguros de este tipo, concluyéndose que se debería enfocar el gobierno a la creación de empleos temporales de mano de obra masiva, o bien, aplicar correctamente las políticas de indemnizaciones.

El tema de la igualdad entre hombres y mujeres, que se refleja en el punto número cuatro, fue relativamente aceptado en forma unánime, no solo por lo que hace a la discriminación salarial que todavía se presenta en la mayoría de los países, sobre todo en ciertas áreas de trabajo. Resultando importante destacar que los principios de igualdad salarial eventualmente fortalecen a la propia institución y dada la estructura social-familiar que priva en muchos países, daría a las mujeres que son jefes de familia, una mayor capacidad de compra y por tanto, redundaría en beneficio de la sociedad en pleno. Es importante recordar que en este caso, los sistemas originales de seguridad social en Latinoamérica, que en gran medida se forjaron sobre el Plan Beveridge, consideraban al hombre como jefe de familia y como el sujeto de la relación obrero-patronal, considerando que la mujer era exclusivamente ama de casa y madre, por lo que no participaba en el mercado laboral formalmente reconocido, máxime que este plan y los estudios actuariales realizados, se enfocaban más en el trabajo industrial que en los sectores de servicios y de comercio, pues socialmente era aceptable que las mujeres que laboraban en estos sectores, tuvieran menos ingresos que los hombres o bien, se aceptaba que ciertas funciones eran exclusivas de las mujeres, pero que no impactaban en la seguridad social. Así las cosas, en el caso concreto de México el inicio de la seguridad social en 1943 tuvo cálculo actuariales que contemplaban al trabajador como beneficiario exclusivo y estos, se hicieron sobre la base de considerar al hombre trabajador como el único cotizante; posteriormente, cuando el gobierno decidió ampliar la cobertura de la seguridad social a los beneficiarios del trabajador, la rama de enfermedades generales sufrió un impacto pues el cálculo actuarial se centraba en un cotizante a quien atender y de golpe, se sumaron la esposa y los hijos del cotizante, situación que a la fecha ha provocado que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrente graves problemas financieros. Debo aclarar que no es esta la única causa de los problemas de la seguridad social mexicana, pero si ha sido históricamente una de las ramas de seguridad social que más recursos económicos distraen y que genera la inmensa carga laboral que representan los médicos, enfermeras y personal de hospitales, clínicas, ambulancias, etcétera.

En el caso concreto de la maternidad, los regímenes que desde un principio consideraron estudios actuariales para cubrir este seguro, han tenido más defensas que aquellos que integraron el seguro de maternidad posteriormente al arranque de la seguridad social de cada país. Sin embargo, en este renglón es importante destacar que en la actualidad, ciertos países enfrentan el reto de descapitalizar esta rama del seguro, por los siguientes motivos: La afluencia de mujeres a trabajos fabriles ha aumentado considerablemente en el continente Latinoamericano, en gran medida debido a la proliferación de zonas francas o maquiladoras, sobre todo en el renglón de ensamble, confección y actividades similares. La mayoría de los sistemas requieren de un número mínimo de cotizaciones previas al derecho a obtener subsidios y atención médica, lo que lamentablemente no es en todos los casos posible, pues por la gran rotación de personal que existe en este tipo de operaciones, es relativamente común que las trabajadoras ingresen al trabajo, sin saber que están embarazadas o sabiendo que lo están, se contraten para recibir los beneficios de esta rama de seguros. Como es claro suponer, esto ha generado presiones financieras no solo sobre la institución sino sobre los propios empleadores, que en muchos casos tienen que cubrir los subsidios pre y post natales cuando la seguridad social no lo hace y, para las instituciones también presenta un punto de presión financiera. Tomemos el caso de México, en donde la Ley del Seguro Social requiere de 30 cotizaciones semanales para tener derecho al seguro de maternidad y en donde en muchos casos, por el nivel salarial que se tiene, la institución enfrenta déficit al cubrir los subsidios y atención médica y no recibir cotizaciones suficientes.

Por otro lado, la cuestión de género presentó puntos de discusión muy amplios en cuestiones como las prerrogativas y derechos de la paternidad, que se dan en algunas sociedades desarrolladas y que básicamente consisten en otorgar subsidio salarial al padre, cuando tiene hijos recién nacidos dentro de un núcleo familiar. Esta situación, por su alto costo y por ciertas deformaciones sociales, encontró una gran resistencia no solo en los empleadores sino en muchos gobiernos.

Si bien se reconoció la importancia que el tema tiene, se acepta que el cimiento y eje de la seguridad social y en consecuencia el desarrollo óptimo de la sociedad, requieren de un crecimiento paulatino y ordenado de la seguridad social, así como el fortalecimiento de los derechos individuales y la evolución correcta de la economía.

El quinto punto de discusión, versó sobre la financiación de la seguridad social y el envejecimiento de la población en donde se observaron divisiones importantes y a veces muy sensibles, tanto entre los empleadores como entre los trabajadores y por supuesto, en los gobiernos, pues se hizo evidente el choque de los defensores de los sistemas públicos de distribución o reparto y los promotores de las cuentas individuales con cotizaciones definidas e invertidas en sistemas de capitalización, que en la mayoría de los casos van más allá de las pensiones mínimas.

Este problema enfrenta muchas aristas de discusión, pues no solo se trata del coste que para la seguridad social representa el pago de pensiones por más tiempo, sin que necesariamente aumenten el número de cotizantes jóvenes que aporten nuevos fondos al sistema público de reparto, sino además y este fue el caso específico de Africa, el terrible impacto que pandemias como el VHS-Sida presentan en estos sistemas de reparto, que conllevan una larga y costosa atención médica sin tener el ingreso necesario para enfrentarla. En otras palabras, el envejecimiento y las enfermedades que ahora aparecen con gran extensión en muchas poblaciones, no solo afectan el problema de las pensiones en sí mismo, sino que en la mayoría de los sistemas tienen un impacto en la rama de seguros de enfermedades generales y disparan el costo de la atención médica. Por otro lado, también afloró en esta discusión, el tema sobre el rol que juegan los interlocutores sociales, discutiéndose sobre la conveniencia de asegurar que estos asistan a las instituciones, precisamente para encontrar salidas que faciliten la gestión de los sistemas de seguridad social, ya que es indiscutible que son los empresarios y los trabajadores, los que con más eficacia pueden encontrar la correcta forma de evolución que requiere la seguridad social en estos tiempos tan cambiantes. Como es fácil entender, la resistencia de muchos gobiernos se hizo palpable, pues en muchos casos el manejo directo de los recursos de la seguridad social le permite a los gobiernos enfrentar déficits o gastos de emergencia, sin cuestionamiento alguno, aunque tristemente al paso de los años, esto repercuta en la eficacia del propio sistema.

De lo anterior, es claro que la problemática que plantea la seguridad social es no solo complicada sino de una gama muy amplia, pues lo mismo se relaciona directamente con el desarrollo económico de los países, y de esta manera las situaciones políticas de cada país tienen afectación sobre los sistemas; como, por otro lado, plantean incapacidades financieras, mala gobernanza, mala planeación e inclusive inoperancia total. De la misma manera queda claro que la diversidad económica y política del mundo, hace imposible el que se planteen soluciones generales y de observancia común a todos los países, por lo que se refuerza el punto de atender en cada país las necesidades nacionales. Por otro lado, también se hizo patente que los esquemas de seguridad social solo son viables en la medida en que sean capaces de ser autofinanciables, independientemente del origen de los recursos.

Para los empleadores, la experiencia que se derivó de la discusión sobre seguridad social, nos permiten expresar que ésta es dinámica y que por tanto, las propuestas para su correcta evolución deben mirar al futuro, corrigiendo los errores del pasado y evitando caer en la tentación de volver a cometerlos. Fue la oportunidad de proponer soluciones reales y no teorías impracticables, dado que las conclusiones que se sometieron a la Conferencia reconocen las necesidades del mundo actual, pero al mismo tiempo, se reconocen y enfatizan las realidades nacionales de hoy.

Nos parece que no hay un acercamiento único, que no hay una sola fórmula para todos; nos parece asimismo que las respuestas deben adaptarse a cada problema y cada país debe precisar lo que puede hacer y cómo hacerlo pues se reconoce que todos los sistemas o propuestas de seguridad social tienen mérito y deben ser consideradas. Nadie puede afirmar que el sistema de reparto o de distribución es mejor que el de financiamiento, nadie puede negar que los seguros adicionales y las fórmulas complementarias pueden ser un instrumento de solución para la economía informal o para recapitalizar los sistemas tradicionales, en especial los de enfermedades generales y las pensiones de reparto.

Para nosotros, los elementos fundamentales para lograr un resultado positivo, realista y sustentable son los siguientes:

La creación o mantenimiento de una economía fuerte y sustentable, con crecimiento constante, es un prerrequisito fundamental para cualquier sociedad, antes de discutir los temas de gasto social. Todo país debe ser capaz de pagar por el sistema de seguridad social que quiere, para que éste sea sustentable.

Es indispensable encontrar el equilibrio necesario entre lo que cada país puede gastar, sin comprometer el crecimiento económico, la creación de empleos y la competitividad. Aquí los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar un entorno adecuado para que el sector privado pueda crecer, pues éste es el motor de la actividad económica y del desarrollo. Los gobiernos deben reconocer las barreras que puedan obstaculizar este crecimiento y retirarlas, cuidando que no se creen nuevos obstáculos. En el debate se dijo muchas veces que la mejor seguridad social descansa en el trabajo decente, en el empleo. Nosotros pensamos que esto es cierto, siempre y cuando los gobiernos faciliten el entorno adecuado para la creación de empleo y el desarrollo de empresas. Esperamos que los gobiernos tomen las medidas necesarias para lograr y mantener esto.

Cada respuesta, cada sistema propuesto, debe estar diseñado y dirigido hacia aquellos que pretende asistir. Deben ser sencillos y transparentes, libres de cargas burocráticas innecesarias. Como la seguridad social no es estática, las respuestas deben ser flexibles y capaces de adaptarse rápidamente a realidades que las fuerzas económicas y los cambios sociales presentan continuamente.

En el debate, el argumento de contar con la voluntad política fue una referencia constante. Esto es, los gobiernos deberán responder adecuadamente a los temas de seguridad social, a su expansión y adecuación. Sin embargo, también quedó patente que los gobiernos deben tener los apoyos necesarios para tomar las medidas apropiadas, lo que es cierto y perfectamente entendible. Por tanto, debemos explorar las formas de generar esta voluntad política. No cabe duda de que una forma ideal es el consenso. Las organizaciones de trabajadores y empleadores son factores clave, tanto para formar consenso como para sostenerlo, dando así la confianza y apoyo que los gobiernos necesitan para actuar. Todos los gobiernos enfrentan demandas variadas para la ejecución del gasto, demandas que compiten entre sí y que marcan las prioridades de cada programa. Por ello, el diálogo social se vuelve indispensable, pues es a través de él como se pueden asegurar las respuestas correctas a estas demandas sin caer en populismos ni demagogias.

Nadie puede ignorar que la seguridad social es un tema para toda la sociedad de una nación. Cada miembro tiene un papel que juzgar y todos deben aportar algo. Es fácil buscar soluciones rápidas, que muchas veces cargan la responsabilidad sobre los hombros de algunos pocos. Los empleadores son, a menudo, quienes reciben esta carga, con las consecuencias que esto representa para la sociedad. Si verdaderamente se quiere tomar el futuro de la seguridad social en serio, no con soluciones a corto plazo sino con verdaderas soluciones de largo alcance, se podrá reestructurar y hacer viable la seguridad social. Los empleadores jugamos nuestro papel y lo seguiremos haciendo, pero exigiremos que otros hagan también lo que les corresponde.

En las conclusiones se ve claramente que el correcto diseño del sistema, su buena gobernanza y correcta administración son esenciales para alcanzar la meta. Si no se tienen estos elementos, no se cumplen las expectativas de la sociedad. Cada país necesita asegurarse de que los beneficios de la seguridad social no se pierdan por los problemas o vicios del propio sistema, por lo que es imperativo revisar y corregir cada sistema para asegurar que los beneficios alcancen a los que los necesitan.

La resistencia al cambio será muchas veces desde adentro, ya sea por temor al propio cambio o por tenerse intereses creados.

En cuanto a los grupos que se encuentran fuera de la seguridad social, el sector informal es el que plantea mayores retos en muchos países. Cómo cubrir a las personas que trabajan en la economía informal, y cómo formalizar esta gran fuerza económica es un reto formidable. Las conclusiones recogen estas inquietudes y proponen formas para que la seguridad social pueda convertirse en el medio para atraer a la economía formal a este grupo de personas, a veces superior en número que los integrantes del sector formal. Esperamos que esta referencia inicial sea útil a la Oficina en la preparación de las acciones que deban tomarse después de las conclusiones que sobre este tema tuvo la 90 Conferencia.

Las conclusiones se refieren también a cuestiones sobre el autoempleo y el trabajo de los migrantes. Este último grupo plantea interesantes retos a los países que reciben migrantes, quienes al regresar a sus países de origen pierden generalmente los derechos adquiridos. El punto requiere un futuro análisis.

Finalmente, me parece que la oportunidad que otorga este curso es verdaderamente importante, pues permitirá en el debate, en las discusiones y en las conclusiones, encontrar alternativas de solución a los distintos problemas que cada país plantea y además, recoger de los expertos los principios y los conceptos que sustentan a la seguridad social en general, pidiéndole a estos expertos que opinen sobre los casos concretos que se planteen en el debate, con el afán de encontrar la manera de aplicarlos en la región Latinoamericana, la que sin duda presenta realidades muy diversas y en gran medida diferentes a las que privan en Europa, por lo que esta oportunidad de investigación, exposición y discusión debe enriquecer el conocimiento plural de la materia, pero también, deberá crear las bases y teorías que puedan aplicarse en los países por ustedes representados.